La fuga de los bancos catalanes facilita la DUI

El traslado de la sede social no implica que la actividad empresarial abandone Cataluña y se relocalice al resto de España. No hay un desmantelamiento del tejido productivo catalán

Foto: Sede de Caixabank en Barcelona. (Reuters)
Sede de Caixabank en Barcelona. (Reuters)

Algunas de las principales compañías catalanas están trasladando su sede social a otros puntos de la geografía española. El propio Gobierno de Rajoy parece decidido a facilitar este proceso con un nuevo decreto que permite a las empresas desplazar su sede social puenteando a su junta de accionistas (salvo cuando sus estatutos establezcan lo contrario).

En principio, la fuga de empresas puede interpretarse como un golpe contra la credibilidad del 'procés': durante años, los independentistas catalanes prometieron crear una Suiza mediterránea que, si este torrente de deslocalizaciones continúa, difícilmente llegará a materializarse. Suiza es Suiza por su capacidad para atraer el capital internacional, no para repelerlo.

Y, ciertamente, el incesante traslado de sedes sociales nos proporciona una lección importante que nunca deberíamos olvidar: la seguridad jurídica —en este caso, la estabilidad normativa dentro del marco de la Unión Europea y, sobre todo, la permanencia en el mercado único— es un factor fundamental para la acumulación de capital. Los cambios súbitos en ese marco jurídico, sin los pertinentes mecanismos de transición, conducen a una disrupción de los flujos de inversión o incluso a un éxodo empresarial, lo cual, a su vez, empobrece a las sociedades que los padecen. Si los independentistas en algún momento trataron de persuadir a la población de que el proceso de separación política —especialmente de manera unilateral y frentista— iba a ser un camino de rosas para su economía, entonces sin duda les engañaron.

Sin embargo, y siendo cierto lo anterior, también resulta imprescindible dimensionar adecuadamente el alcance de estas decisiones y, sobre todo, explicar por qué no suponen necesariamente un freno para la declaración unilateral de independencia sino que, más por el contrario, podrían terminar alimentándola.

Primero, el traslado de la sede social no implica que la actividad empresarial abandone Cataluña y se relocalice al resto de España. No hay —al menos por ahora— un desmantelamiento del tejido productivo catalán: únicamente cambia la nacionalidad de la empresa y, por consiguiente, las normas —derechos y obligaciones— a las que se somete su matriz. Las oficinas, las fábricas o las infraestructuras de todas las empresas desplazadas siguen estando en Cataluña: por no desplazarse, no desplazan ni sus servicios centrales ni, por el momento, su sede fiscal. Pero, aun cuando sí desplazaran su sede fiscal, tengamos presente la escasa enjundia de este movimiento: el Impuesto sobre Sociedades apenas recauda el 2% del PIB español y, en este caso, ni siquiera estamos hablando de que todas las empresas abandonen Cataluña.

Segundo, en realidad, el traslado de la sede social de las principales empresas catalanas puede que nos acerque más a la declaración unilateral de independencia de lo que nos está alejando. No es que lo asevere con total rotundidad —dado que el 'shock' psicológico que está suponiendo la fuga de Caixabank, el Sabadell, Gas Natural o Cordorniu, sus efectos anti-independencia no deben desdeñarse, especialmente cuando comienzan a aparecer las primeras fisuras significativas dentro del bloque político independentista—, pero existe un argumento que apunta en una interpretación contraria a la que mayoritariamente se está ofreciendo: la trasladación de la sede social de las entidades financieras catalanas reduce los costes de la declaración unilateral de independencia porque incrementa la probabilidad de la permanencia de Cataluña dentro del euro.

Una Cataluña independiente podría mantener el euro como moneda pero sin acceso directo al BCE: y eso es muy complicado de sostener en el tiempo

Recordemos algunas cuestiones básicas previas: cualquier país del mundo —dentro o fuera de la Eurozona— puede adoptar el euro como moneda de curso legal; ahora bien, solo los miembros de la Eurozona son copropietarios del BCE. ¿Qué significa esto? Primero, que el Banco Central Europeo solo puede aceptar como activo descontable la deuda pública de los países miembros; segundo, que, salvo situaciones extraordinarias, el BCE solo puede proporcionar financiación a los bancos radicados en países de la Eurozona. Una Cataluña independiente, pues, podría mantener el euro como moneda de curso legal pero sin acceso directo al BCE: y eso, en la práctica, es muy complicado de sostener en el tiempo (especialmente en momentos de alta incertidumbre). Dicho de otro modo, en condiciones normales, una Cataluña independiente muy probablemente se vería forzada a abandonar el euro y a declarar un corralito sobre su sistema bancario mientras sus activos y pasivos se reestructuraran bajo la nueva divisa.

Ahora bien, el traslado de la sede social de Sabadell y Caixabank a Alicante y a Valencia permite que ambas entidades sigan considerándose españolas y que, por tanto, cuenten con acceso al BCE. Es cierto que el BCE no podrá proporcionarles financiación contra los bonos emitidos por una Cataluña independiente, pero sí podría hacerlo contra el resto de sus activos actuales: y, merced a esas inyecciones de liquidez, ambas entidades lo tendrían más fácil para hacer frente a los reembolsos de sus depositantes catalanes (y no catalanes). Esto no significa que una Cataluña independiente necesariamente sea capaz de permanecer dentro del euro —para ello debería ser capaz de alcanzar, simultáneamente, un equilibrio en sus saldos exteriores y en sus cuentas públicas, sobre todo mientras el mercado financiero se les mantenga cerrado—, pero con el desplazamiento de la sede social de sus bancos sí incrementa significativamente sus opciones. Por consiguiente, la famosa “fuga de empresas” permite, acaso paradójicamente, declarar unilateralmente la independencia sin, al mismo tiempo, decretar un corralito generalizado sobre los depósitos catalanes (algo que a buen seguro condenaría al fracaso a la declaración). O, como ya dijimos, reduce el coste político de la declaración unilateral.

Por supuesto, todo este proceso sigue tremendamente abierto, y es dudoso que la partida vaya a jugarse en un solo frente. La división dentro de las filas independentistas —tanto por parte de Santi Vila como, especialmente, por Artur Mas— unida al golpe mediático que en todo caso representa la fuga de empresas y, a su vez, a la permanente espada de Damocles de un 155 con responsabilidades penales pueden perfectamente terminar frustrando la DUI. El soberanismo se encuentra ahora mismo en una situación muy parecida a la de Tsipras en julio de 2015, cuando tuvo que optar entre ceder ante la Unión Europea o afrontar todas las consecuencias del abismo de la ruptura. Ojalá finalmente todos recapaciten y avancemos hacia una solución que atienda las demandas razonables de cada uno de los bandos.

Laissez faire

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