La suspensión del índice de revalorización de las pensiones (IRP), y su reemplazo por el IPC como mecanismo de indexación anual de los ingresos de los pensionistas, fue una suspensión de la sostenibilidad financiera del sistema. Palabras gruesas que a ojos de algunos lectores podrían sonar exageradas. A la postre, los defensores de las bondades imperecederas de la Seguridad Social patria suelen emplear dos argumentos aparentemente razonables: primero, España es el único país europeo que no indexa sus pensiones al IPC; segundo, aunque indexar las pensiones al IPC conllevara aumentos del gasto público, nuestro país no está destinando un porcentaje especialmente elevado del PIB a pensiones si lo comparamos con lo que hacen algunos de nuestros vecinos más destacados. Ambos argumentos son, como de costumbre, falaces.

Primero, España no es el único país que ha dejado de indexar sus pensiones al IPC. De hecho, solo cinco países de la Unión Europea emplean exclusivamente el IPC: Francia, Italia, Austria, Hungría y Eslovaquia. La mayoría de países europeos utilizan una combinación de varias variables, incluyendo el IPC, pero entre las que también cobran una especial importancia los salarios: es decir, se vincula parcialmente el incremento de las pensiones a la revalorización salarial, de tal manera que los ingresos de quienes cobran (los pensionistas) no puedan aumentar sobreproporcionalmente a costa de disparar la carga de quienes pagan (los trabajadores cotizantes).

Fuente: Ageing Report (2018)

Dicho de otro modo, estos mecanismos de indexación de las pensiones pretenden estabilizar la llamada 'ratio de beneficios', esto es, el monto de la pensión media en relación con el salario medio. En este sentido, una ratio de beneficios baja indicaría que el país tiene un elevado margen para subir pensiones a costa de salarios; por el contrario, una ratio de beneficios alta mostraría un estrecho margen para incrementar las pensiones a costa de los salarios. Y España tiene una de las ratios de beneficios más altas de Europa: la de Reino Unido es del 27,8%; la de Holanda, del 35,7%; la de Suecia, del 38,6%; la de Dinamarca, del 41,7%; la de Alemania, del 42%; la de Francia, del 50,5%; la de Finlandia, del 53,5%, y la de España, del 57,7%.

Tasa de beneficios del sistema de pensiones

Fuente: Ageing Report (2018)

Vincular las pensiones al menos parcialmente a la evolución de los salarios (como hacen 19 de los 29 países europeos analizados por Eurostat) limitaría enormemente su revalorización en España. Al menos hasta que los salarios pasen a crecer con fuerza: lo que solo puede suceder sostenidamente si la productividad de la economía se incrementa igualmente con fuerza.

Vincular las pensiones a la evolución de los salarios (como hacen 19 de los 29 países analizados por Eurostat) limitaría enormemente su revalorización

Segundo, no es verdad que España esté destinando a las pensiones un porcentaje del PIB mucho más bajo que el de algunos de nuestros vecinos más destacados. Desde luego, si nos limitamos a estudiar el gasto bruto en pensiones, parecería que España todavía tiene bastante margen para aumentar los desembolsos en esta partida: Italia desembolsa el 15,6% de su PIB en pensiones; Francia, el 15%; Portugal, el 13,5%; Finlandia; el 13,4%, y España, el 12,2%. Si nos equiparáramos con Italia o Francia, todavía podríamos incrementar el gasto entre 2,8 y 3,4 puntos del PIB. Pero ¿dónde está la trampa? Que estamos midiendo el gasto en pensiones antes de los impuestos que les corresponde pagar a los pensionistas. Subir las pensiones y, a su vez, subirles los impuestos que recaen sobre las pensiones no es una forma de incrementar la pensión neta.

Pues bien, una vez medimos el gasto neto después de impuestos, las diferencias con aquellos de nuestros vecinos que más recursos destinan a esta partida ya no son ni mucho menos tan llamativas: Francia gasta el 13,4% del PIB; Italia, el 12,7%; Portugal, el 12%; Finlandia, el 10,5%... y España, el 11,3%. Es decir, el margen de aumento del gasto frente a Francia o Alemania queda reducido a entre 1,4 y 2,1 puntos del PIB: sobremontos que, para más inri, suelen ser financiados con fortísimos impuestos especiales que recaen sobre el conjunto de los trabajadores. Y, al respecto, recordemos que abolir la reforma de las pensiones del año 2013 (índice de revalorización de las pensiones y factor de equidad intergeneracional) supondrá un incremento medio del gasto anual de 3,1 puntos del PIB.

Fuente: Ageing Report (2018).
Nota: La previsión de reducción del gasto público en pensiones entre 2016 y 2070 presupone que las reformas de 2011 y 2013 seguirán en vigor y, por tanto, que las condiciones de acceso a la pensión serán intensamente recortadas.

En definitiva, ni lo habitual es que en Europa las pensiones se indexen únicamente a través del IPC ni tampoco es verdad que nuestros vecinos demuestren que se puede gastar mucho más en pensiones de lo que gasta España. Nuestros políticos, como de costumbre, se limitan a divulgar falsedades entre la población para justificar las irresponsables y electoralistas decisiones que están tomando en el presente.