El PSOE ya ha detallado sus planes del impuesto a las transacciones financieras: gravará con el 0,2% la compra de acciones de grandes empresas dentro de nuestro país. Se excluyen de semejante mordida los bonos, los derivados y también las acciones de nueva emisión. Con semejante gravamen sobre el ahorro, el Gobierno aspira a recaudar alrededor de 1.000 millones de euros, esto es, menos del 0,1% del PIB español.

Tal figura impositiva es de inspiración francesa: allí, Hollande la implantó en 2012, originalmente con un gravamen del 0,2% sobre la compra de títulos de renta variable pero, desde 2017, ya del 0,3%. ¿Cuáles son los efectos de este nuevo impuesto sobre el ahorro?

Incluso sus defensores son bien conscientes de que esta mal llamada tasa Tobin (pues ni es una tasa ni fue propuesta por Tobin) contribuye a secar de liquidez los mercados financieros, es decir, a reducir el número de transacciones realizadas y, consecuentemente, a ampliar los diferenciales entre el precio de venta instantánea de un activo (el 'bid price') y el precio de compra instantánea de ese mismo activo (el 'ask price'). Cuanto mayor sea ese diferencial, más caro resulta deshacer posiciones en los mercados (el 'bid price' se ubica siempre por debajo del 'ask price', de modo que, cuanto mayor sea el diferencial, más se pierde por el mero hecho de comprar y vender), y cuanto más caro resulte deshacer posiciones en el mercado, menor tenderá a ser el valor de las acciones y, en última instancia, mayor el coste de financiación de las empresas para ejecutar nuevas inversiones.

Por culpa de las cautelas necesarias para evitar un desplome de la liquidez financiera, el trato fiscal de los activos financieros dejará de ser neutral

La experiencia sueca a este respecto resulta muy ilustrativa. En 1984, el Gobierno sueco introdujo un impuesto sobre la compraventa de acciones igual al 1% de su valor (0,5% pagado por el comprador y 0,5% por el vendedor); dos años después, lo elevó al 2% y se extendió a los títulos de deuda. El resultado fue decepcionante: el 30% de todo el volumen negociado en la bolsa de Estocolmo se trasladó a Londres para evitar el impuesto, con la consiguiente pérdida de liquidez en el mercado. La recaudación, además, no compensó ni remotamente tales problemas operativos: se estima que todo lo que se ingresó de más en virtud de la implantación de este nuevo tributo se perdió vía menores ingresos en el impuesto sobre ganancias patrimoniales (menor volumen negociado implica menor realización de ganancias en Suecia). Finalmente, el impuesto se eliminó en 1991.

Conscientes de los problemas de este tipo de figuras impositivas, los legisladores franceses han sido más modestos que los suecos en sus objetivos rapiñadores: no establecen un gravamen del 2%, sino del 0,3%; no lo imponen sobre todos los títulos negociados, sino solo sobre acciones; aceptan una exención 'de facto' sobre el 'high-frequency trading', y, a su vez, también eximen 'de iure' la compra de bonos convertibles en acciones, las transacciones realizadas por intermediarios financieros dirigidas a proporcionar liquidez al mercado, las compras intra-grupo y las OPV. Pero, incluso con tales cautelas, el impuesto francés sí parece haber generado perjuicios sobre la liquidez de su mercado financiero: algo que previsiblemente se repetirá en el caso español.

El Gobierno socialista está optando por penalizar fiscalmente la canalización de ahorro hacia la capitalización de grandes empresas

Mas no pensemos que los perjuicios de este tributo terminan ahí: precisamente por culpa de las cautelas necesarias para evitar un desplome de la liquidez en los mercados financieros, el tratamiento fiscal de los distintos activos financieros va a dejar de ser neutral (no es que hasta el momento lo fuera, pero a partir de ahora lo será todavía menos). En el caso de España, por ejemplo, se excluyen de dicho gravamen las compras de acciones de pequeñas empresas, de deuda pública y privada, y de derivados financieros. Dicho de otro modo, consciente o inconscientemente, el Gobierno socialista está optando por penalizar fiscalmente la canalización de ahorro hacia la capitalización de grandes empresas y, en contrapartida, está favoreciendo fiscalmente la canalización de ahorro hacia empresas de pequeño tamaño y hacia la deuda. ¿Necesita nuestra economía más apalancamiento público y privado? ¿O más bien es que los gobiernos, y el de Pedro Sánchez no es una excepción, priorizan sus propios intereses políticos —en este caso, sacar adelante los Presupuestos con el concurso de Podemos— a los del resto de la sociedad?

Este último parece ser el caso. A la postre, España es uno de los países donde el ahorro se halla más penalizado: el tipo implícito sobre el capital —es decir, sobre el ahorro— se ubica en el 29,1%, el sexto más elevado de toda la Unión Europea. Si Sánchez verdaderamente quisiera recaudar más y equipararnos fiscalmente con Europa, no sería en el ahorro donde trataría de meter la cuchara, sino en el consumo (España, con un 15,8%, es el país con el tipo implícito sobre el consumo más bajo de toda la Unión Europea). Pero evidentemente no se trata ni de lo uno ni de lo otro: solo de ofrecer carnaza antieconómica a la extrema izquierda para anotarse una victoria parlamentaria que le permita alargar la legislatura unos meses más.