En España hay 9,6 millones de pensionistas: es decir, 9,6 millones de votantes que todos los partidos políticos tratan de cortejar para asaltar el poder estatal. Y, como debiera ser obvio, tal presión gerontocrática no invita precisamente a una gestión responsable de un sistema de Seguridad Social que está expuesto a un importantísimo desequilibrio demográfico en el medio-largo plazo: sí, todos nos alarmamos con informaciones sobre el desplome histórico de la natalidad en España, pero muy pocos parecen estar dispuestos a extraer las inexorables conclusiones financieras que este tipo de tendencias arrojan sobre nuestro futuro previsional.

En este sentido, uno de los mayores actos de irresponsabilidad económica perpetrados durante los últimos años por el conjunto de nuestra casta política fue esa aquerralesca reunión del Pacto de Toledo en la que se decidió sacrificar el índice de revalorización de las pensiones (IRP) en el altar del electoralismo más ramplón. A la postre, el IRP no es más que una restricción presupuestaria que establece lo siguiente: mientras los gastos del sistema estén por encima de sus ingresos, las pensiones no podrán revalorizarse más que un 0,25% anual; si, en cambio, los ingresos del sistema superan los gastos, entonces las pensiones se incrementarán cuanto sea necesario para reducir ese superávit a cero.

Por eso, aquellos partidos que honestamente desearan volver a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC no deberían haber propuesto derogar el IRP, sino que tendrían que haber efectuado propuestas para proporcionar nuevos ingresos a la Seguridad Social hasta que el actual déficit estructural desaparezca: con nuevos ingresos que garanticen la viabilidad financiera de la Seguridad Social, el propio IRP impulsa revalorizaciones de las pensiones según (o por encima de) el IPC. Ningún partido político lo hizo, acaso porque eran conscientes de que la magnitud del agujero financiero del sistema de pensiones español es de tal tamaño que ninguna propuesta tributaria mínimamente razonable va a ser capaz de cubrirlo. Así que se limitaron a proclamar que las restricciones presupuestarias no existen en materia de pensiones: que pueden gastar permanentemente más de lo que ingresan sin que todo termine estallando por los aires.

Y, como no podía ser de otro modo, las voces de alarma ya han comenzado a saltar. El Banco de España publicó este lunes una proyección de la evolución previsible del gasto de la Seguridad Social vinculando nuevamente las pensiones al IPC, y los resultados son aterradores. En particular, el gasto anual en pensiones será casi dos puntos de PIB mayor en 2030 (hasta representar alrededor del 13% del PIB) y 3,4 puntos en 2050 (hasta el 16% del PIB).

Si tenemos en cuenta que los ingresos de la Seguridad Social rondarán, en un escenario moderadamente optimista, el 10% del PIB, estamos hablando de acumular a lo largo de las próximas tres décadas una deuda pública adicional —únicamente imputable a las pensiones— de entre dos y seis puntos del PIB por año. A este último respecto, recordemos que Fedea estimó hace unos meses que la deuda pública se incrementaría en 200 puntos del PIB con respecto a sus niveles actuales si nos limitamos a indexar las pensiones al IPC sin generar ningún ingreso adicional. ¿De verdad pensamos que nuestro país podrá avanzar hacia una ratio de deuda sobre el PIB cercana al 300% sin que los inversores nos cierren el grifo de la financiación y caigamos en una generalizada bancarrota que supondrá recortes para todos los perceptores de rentas estatales (incluidos los pensionistas)?

Evidentemente no: las restricciones presupuestarias terminan imponiéndose cual ley de la gravedad. O más ingresos o menos gastos: y parece harto improbable que vayamos a ser capaces de incrementar la recaudación tributaria en una horquilla que oscila entre los tres y seis puntos del PIB por año. Porque no, ni siquiera otros países de nuestro entorno están gastando tanto en su sistema de pensiones público: recordemos que el gasto neto en pensiones de Francia o Italia —los más elevados de Europa— apenas supera en dos puntos de PIB al de España.

Por consiguiente, vamos sí o sí a un escenario de fuerte recorte en las condiciones de acceso a la pensión. El deterioro será más o menos extremo según el sablazo fiscal adicional con el que vaya a castigarnos el Estado a todos los ciudadanos, pero deterioro seguro que lo habrá. Pagaremos mucho más para recibir bastante menos. Ese, y no otro, es el futuro de las pensiones públicas en España.