Por qué las marchas de pensionistas se equivocan

Diversas agrupaciones de pensionistas han llegado a Madrid para reclamar unas “pensiones dignas”: y, más en concreto, la derogación de las dos últimas reformas de la Seguridad Social, así como un incremento de sus ingresos mínimos hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas. Evidentemente, tales 'lobbies' parecen ser mínimamente conscientes de que sus reivindicaciones incrementarían de manera muy sustancial el gasto público, aunque parecen pensar que es posible sufragarlo sin afectar al grueso de la población: apenas derogando la reforma laboral —para que aumenten los salarios— y equiparando nuestra presión fiscal con la del resto de Europa, conseguiríamos amasar suficientes recursos como para hacer realidad sus exigencias. Semejante tesis contiene, sin embargo, tres importantes errores.

Primero, las pensiones públicas españolas no son poco generosas sino que, de hecho, se hallan entre las más generosas de toda la OCDE. En particular, la tasa de sustitución del sistema público español —definida como la relación entre la pensión y los últimos salarios que percibió el jubilado— se halla en el 72,3% (es decir, los pensionistas reciben unos ingresos equivalentes a casi tres cuartas partes de sus últimos salarios), frente al 60,5% de Francia, el 46,7% de Bélgica, el 38,2% de Alemania o el 22,1% de Reino Unido. No en vano, incluso si medimos las pensiones en términos absolutos (y no poniéndolas en relación con nuestra renta per cápita o a nuestros salarios), los desembolsos son del todo desproporcionados: la pensión media por jubilación en España asciende a unos 16.000 euros anuales… El mismo monto que en Alemania. Tan es así, de hecho, que la tasa de riesgo de pobreza de los pensionistas ha caído desde el 24,2% en el año 2007 al 15,3%, mientras que la de los trabajadores ha aumentado del 11,5% al 14,6%.

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Segundo, derogar la reforma laboral tendría efectos nulos —si no negativos— sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por un lado, aunque la reforma laboral fuera responsable de los bajos salarios en España (la auténtica culpable, no nos engañemos, es la baja productividad), subir salarios no contribuiría a largo plazo a volver el sistema de pensiones más sostenible: aumentar salarios hoy hace que se incrementen las pensiones devengadas para mañana, de modo que eleva los ingresos presentes a costa de aumentar los gastos futuros. Por otro, lo que sí afecta marginalmente a la sostenibilidad de la Seguridad Social es el volumen de empleo en relación con la población en edad de trabajar: y sabemos que la reforma laboral ha evitado la destrucción de un millón de empleos durante la crisis.

Y tercero, es verdad que España presenta una notable brecha de recaudación fiscal con respecto a la eurozona (los ingresos públicos de la eurozona en el año 2018 ascendieron al 46,3% del PIB, y en España, al 38,9%, esto es, 7,4 puntos de diferencia), pero es ilusorio pensar que podemos incrementar la recaudación por ese monto sin destrozar fiscalmente a las clases medias españolas. Y es que derogar las dos reformas de las pensiones (2011 y 2013) acarrearía un coste medio por año de 5,3 puntos de PIB, y, a su vez, elevar las pensiones mínimas hasta 900 euros mensuales en 14 pagas conllevaría un coste de al menos dos puntos del PIB. Por consiguiente, para financiar sus propuestas —y aun obviando el déficit que ya exhibe actualmente la Seguridad Social—, habría que cerrar totalmente el diferencial recaudatorio entre España y la eurozona.

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Pues bien, como ya tuvimos ocasión de explicar en su momento, equipararnos fiscalmente con Europa no implicaría que solo —no principalmente— los ricos tuvieran que pagar muchos más impuestos sino que las clases medias españolas —hogares unifamiliares que ingresen entre 11.400 y 30.400 euros anuales o parejas con dos hijos que ingresen entre 22.800 y 60.800 euros anuales— pasaran a ser tributariamente masacradas. Más en concreto, deberíamos aumentar los impuestos que pagan estas familias entre 4.100 y 8.200 euros anuales (dependiendo de a qué país europeo quisiéramos asimilarnos).

En definitiva, hacer caso a las peticiones del 'lobby' de los pensionistas supondría condenar a los hijos y a los nietos de esos pensionistas a un gigantesco y pauperizador expolio tributario. El egoísmo y la insolidaridad intergeneracional del 'lobby' de los pensionistas no debería llevarles tan lejos.