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Laissez faire
Por
Los altos riesgos de seguir subiendo el SMI en las regiones más pobres
Ningún Ejecutivo responsable debiera soslayar los riesgos de continuar elevando el salario mínimo en España antes siquiera de haber evaluado los efectos de la osada subida de 2019
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Podemos suele repetir que hemos de ubicar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio de nuestra economía (esto es, alcanzar un índice de Kaitz nacional del 60%): y, justamente por ello, la formación de Pablo Iglesias aboga por establecer a lo largo de esta legislatura ese límite remunerativo mínimo en los 1.200 euros mensuales. Pero incluso aquellos que suscriban la literalidad de semejante propuesta deberán reconocer dos obvios problemas en ella.
El primero es que el 60% del salario medio en España no son 1.200 euros mensuales 'en 14 pagas', esto es, 16.800 euros anuales. Concretamente, el salario medio en 2018 ascendía a 1.944 euros mensuales o 23.330 euros anuales, de manera que el 60% del mismo serían 14.000 euros anuales, o 1.166 euros mensuales en 12 pagas o 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Por consiguiente, elevar el SMI hasta 16.800 euros anuales supondría colocarlo en el 72% del salario medio nacional.
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Opinión El segundo, acaso más relevante, es que el salario medio nacional resulta poco representativo de la alta dispersión de salarios medios regionales que observamos dentro del país. En España, el salario medio regional oscila desde los 19.350 euros anuales (1.612 euros mensuales) de Extremadura a los 27.175 euros anuales (2.264 euros mensuales) de la Comunidad de Madrid. De ahí que un salario mínimo uniforme de 16.800 euros anuales colocaría a varias regiones en un índice de Kaitz por encima del 80%: concretamente, en Andalucía sería del 80%, en Canarias del 83,3% y en Extremadura del 86,8%. Otras autonomías quedarían peligrosamente cerca del 80%, como Murcia (79,4%), Castilla-La Mancha (78,8%), Comunidad Valenciana (78,4%) o Galicia (76,3%). Es más, solo dos zonas se ubicarían alrededor del 60% de salario mínimo regional: Madrid (61,8%) y País Vasco (62,4%).
Intuitivamente, resulta del todo razonable que los incrementos del SMI no afecten de igual modo a las regiones más productivas que a las menos productivas, es decir, resulta del todo razonable que las economías madrileña o vasca posean una mayor capacidad para absorber los incrementos del salario mínimo nacional que la extremeña o la gallega (máxime, teniendo en cuenta la proximidad de Portugal, donde el salario mínimo son 8.400 euros anuales). Pero más allá de las intuiciones, también disponemos de sólida evidencia, referida a EEUU, sobre los efectos de las subidas nacionalmente homogéneas del salario mínimo sobre economías regionales heterogéneas.
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Opinión De acuerdo con un reciente estudio de los economistas Sudheer Chava, Alexander Oettl y Manpreet Singh, en el cual se ha analizado la calificación crediticia de 15,2 millones de empresas estadounidenses durante los años 1989 a 2013, las pymes más jóvenes y más intensivas en el factor trabajo que además se hallan ubicadas en estados afectados por el incremento del salario mínimo federal sufren, tras ese incremento, un mayor estrés financiero que se traduce en más impagos, menos empleo, menor número de nuevos entrantes y mayor número de salidas del sector. Es decir, más paro y más esclerotización de las pequeñas y nuevas empresas.
La investigación sigue la misma estela de otras que ponen de relieve la esterilidad de estudiar los efectos 'agregados' del salario mínimo, o incluso los efectos insuficientemente desagregados: en particular, no solo tenemos que desagregar por ámbitos geográficos (como hacen Chava, Oettl y Singh) sino también por ámbitos sectoriales (los efectos del salario mínimo son especialmente dañinos en mercados laborales competitivos y son escasamente relevantes en otros mercados con una configuración más monopsónica). Incluso los más radicales defensores del SMI deberían rendirse ante la evidencia de que, aun cuando al máximo nivel de agregación no se observen repercusiones obvias tras una subida, tan pronto como desagregamos mercado por mercado, sector por sector y perfil de empresa por perfil de empresa, sí comenzamos a encontrar los muertos en el armario. Nada es gratis, y subir el SMI, tampoco.
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De ahí que ningún Ejecutivo mínimamente responsable debiera soslayar los riesgos de continuar elevando el salario mínimo en España antes siquiera de haber evaluado los efectos de la osada subida de 2019. Máxime cuando destacados miembros de ese mismo Ejecutivo ya han reconocido que, según sus análisis preliminares, sí se han producido algunas pésimas, pero esperables, consecuencias a raíz de esta subida (despidos, economía sumergida, horas extra no remuneradas, etc.). Por desgracia, mucho me temo que seguiremos profundizando en el triunfo del dogmatismo sobre la evidencia y que Sánchez, con la comparsa cómplice de Unidas Podemos, continuará incrementando el SMI cayere quien cayere.
Podemos suele repetir que hemos de ubicar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio de nuestra economía (esto es, alcanzar un índice de Kaitz nacional del 60%): y, justamente por ello, la formación de Pablo Iglesias aboga por establecer a lo largo de esta legislatura ese límite remunerativo mínimo en los 1.200 euros mensuales. Pero incluso aquellos que suscriban la literalidad de semejante propuesta deberán reconocer dos obvios problemas en ella.