Las pensionistas cobran mucho más de lo que han cotizado

27/12/2019 05:00

Adelantado en

En 2019, la edad de jubilación en España asciende a 65 años y ocho meses: las personas que hayan alcanzado tal edad habrán empezado a cobrar una pensión contributiva que se ha calculado tomando el promedio de sus últimos 22 años de cotización (base reguladora) y aplicando un porcentaje de ajuste en función del número de años trabajados y cotizados (son necesarios 35,5 años para cobrar el 100% de la base reguladora).

Así, por ejemplo, un ciudadano que haya trabajado y cotizado durante 36 años con un sueldo de 20.000 euros anuales cobrará una pensión anual de 20.000 euros (o 1.428 euros al mes en catorce pagas). ¿Cuál es el saldo intergeneracional de ese trabajador? Por un lado, habrá cotizado cada año el 28,3% de su salario para financiar las denominadas “contingencias comunes” (esencialmente su jubilación), esto es, 5.660 euros por año o 203.760 euros a lo largo de su vida laboral. Por otro, dado que la esperanza de vida en España para los hombres asciende a 80,52 años y para las mujeres a 85,89 años, ese trabajador percibirá de media entre 15 y 20 años de pensión, esto es, entre 300.000 y 400.000 euros a lo largo de su vida como jubilado.

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Por consiguiente, el sistema de Seguridad Social español está pagando en forma de pensión de jubilación —y a quienes cumplen con todos los requisitos para recibir la totalidad de la base reguladora— entre 1,5 y 2 euros por cada euro cotizado. En algunos casos podría proporcionar incluso más: una persona que haya trabajado durante 14 años por salarios de 10.000 euros anuales y durante los 22 siguientes años por salarios de 20.000 euros anuales, habrá cotizado 164.140 euros pero recibirá igualmente una pensión acumulada de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 1,82 y 2,43 euros por euro cotizado).

Desde BBVA Research estiman que el premio pensional es algo menor (1,36 euros por cada uno cotizado) porque toman la totalidad de las cotizaciones sociales de un trabajador y no únicamente aquellas que se destinan a devengar un derecho de pensión. Pero, sea como fuere, está claro que el sistema de pensiones público abona a los jubilados unas sumas monetarias muy superiores a los importes efectivamente cotizados a lo largo de sus vidas laborales.

El sistema de pensiones público abona a los jubilados unas sumas monetarias muy superiores a los importes cotizados en sus vidas laborales

En un sistema de capitalización, reembolsar más de lo ahorrado sería un fenómeno de estricto sentido común: si el ahorro de los ciudadanos se destina a sufragar inversiones que impulsan el crecimiento económico, parte de la nueva producción engendrada por esas inversiones será imputable, como renta del capital, a los cotizantes, y en la medida en que esas rentas del capital se reinviertan para generar nuevas rentas del capital, resulta del todo factible (y sostenible) que un pensionista reciba como pensión más de lo ahorrado originariamente.

En un sistema de reparto, sin embargo, las cotizaciones no se destinan a financiar inversiones con cuyas rentas terminan abonándose las pensiones futuras, sino que van a parar a sufragar las pensiones presentes, de modo que el ahorro de los trabajadores no induce ninguna acumulación de capital con cuyo aumento de productividad quepa abonar las pensiones. Al final, pues, la generosidad del sistema viene determinada por dos factores independientes de la estructura del sistema de pensiones: la evolución de la productividad del trabajo y los cambios en la demografía.

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La productividad lleva 30 años estancada en nuestro país —consecuencia de una intensa creación de empleo que ha sido complementada por una mala y desnortada acumulación de capital— y la demografía no ha dejado de empeorar desde entonces. Misma productividad y peor perfil demográfico implica una generosidad decreciente, es decir, implica reducir la relación entre lo cotizado y lo cobrado como pensionista: o bien se paga más (aumentando las cotizaciones sociales) o bien se cobra menos (alargando la edad de jubilación, endureciendo los requisitos para percibir el 100% de la base reguladora, desindexando las pensiones del IPC o introduciendo parámetros que, como el factor de equidad intergeneracional, reduzcan la pensión anual según se incremente la esperanza de vida).

Parte de estos ajustes podrían volverse mucho más transparentes y automáticos a través de un sistema de cuentas nocionales donde quedara reflejado el saldo de todas las cotizaciones sociales abonadas por cada trabajador a lo largo de su vida laboral más una revalorización teórica prometida por el Estado en función de la salud financiera de la Seguridad Social: así, llegado el momento de la jubilación, bastaría con dividir el monto acumulado de la cuenta entre el número de años durante los que se espera que vaya a pagársele la pensión para finalmente determinar la cuantía anual de la pensión que recibirá ese trabajador.

Bastaría con dividir el monto acumulado de la cuenta entre el número de años durante los que se espera que vaya a pagársele la pensión

Se trataría, pues, de una reforma que, primero, clarificaría enormemente el balance entre la prestación (qué has aportado) y la contraprestación (qué se te reembolsa) de cada trabajador dentro del sistema de pensiones público y que, segundo, promovería una mayor corresponsabilidad financiera entre los ciudadanos (si uno aporta 10, no parece equitativo reclamar 50). Pero de momento el único partido que se ha atrevido a promover la transición hacia un sistema de cuentas nocionales ha sido… Vox. Así está el panorama político en nuestro país.