¿Son los jóvenes la auténtica prioridad de este Gobierno?

Al tiempo que enterraba al neoliberalismo y celebraba el surgimiento de una renovada socialdemocracia redistributiva capitaneada mundialmente por él mismo, Pedro Sánchez también denunció desde Davos que el Estado de bienestar actualmente existente “está más pensado para los mayores que para los jóvenes”, motivo por el cual su Ejecutivo promete marcarse como objetivo prioritario “mejorar las oportunidades para los jóvenes”.

El presidente del Gobierno tiene parte de razón a la hora de señalar a los más jóvenes como uno de los grandes focos de preocupación de cualquier Gobierno orientado a mejorar las condiciones de vida de la población: la tasa de paro juvenil en España alcanza el 32%, más del doble que la media del conjunto de la población; a su vez, y como consecuencia de lo anterior, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los hogares jóvenes es siete puntos superior (28,5%) a la del conjunto de la población. A su vez, los crecientes precios de los inmuebles debido a la restricción municipal de la oferta de suelo, junto a la racionalización del crédito tras la crisis, están dificultando enormemente su acceso a la vivienda. Por tanto, sería lógico que un Gobierno, máxime si este es de izquierdas y dice preocuparse por mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos dentro de la sociedad, colocara su radar político en los jóvenes. Pero ¿realmente se está comportando así el Ejecutivo PSOE-Podemos? Una forma de comprobarlo es atendiendo a sus prioridades de gasto y, partiendo de este criterio, solo cabe responder que decididamente no.

El paro juvenil de España supera al de Grecia y ya es el más alto de Europa

Javier G. Jorrín

Al cabo, las dos primeras medidas estrella en materia presupuestaria que ha tomado el Gobierno han sido, por un lado, incrementar las pensiones un 0,9% y, por otro, aumentar el salario de los empleados públicos un 2%. Se trata de dos colectivos donde, huelga decirlo, los jóvenes no están especialmente representados: entre los pensionistas, solo el 2% tiene menos de 29 años (esencialmente, pensiones de orfandad); entre los empleados públicos, solo el 2,2% tiene menos de 24 años (y el 7,6%, menos de 29 años). El coste conjunto de estas dos medidas no especialmente enfocadas hacia los jóvenes no es menor: el alza de las pensiones implicará un sobregasto de 1.406 millones de euros y el incremento del salario de los empleados públicos, uno de 3.264. En total, 4.670 millones solo en 2020 (aunque, como ya explicamos, en tanto en cuanto se trata de un incremento permanente de las pensiones y de los salarios públicos, el coste efectivo es muy superior). Al respecto, nótese que esta cifra de 4.670 millones es relevante por dos motivos.

Primero, porque equivale prácticamente al mismo monto que el Ejecutivo espera recaudar con todas las subidas fiscales previstas para este año: en particular, si se hubiera aumentado el IRPF, sociedades, la tasa Google, la tasa Tobin y los impuestos medioambientales desde comienzos de año (que al final, ni siquiera eso), habríamos recaudado, según el propio Ejecutivo, 4.800 millones de euros. O dicho de otro modo, el Gobierno preocupado por los jóvenes se funde casi el 100% de todo el margen presupuestario de este año en aumentar los ingresos de dos colectivos donde los jóvenes se hallan marcadamente infrarrepresentados.

Segundo, 4.670 millones de euros también equivalen al coste que, de acuerdo con la AIReF —presidida en su momento por el mismo señor que ahora ocupa el Ministerio de Seguridad Social dentro de ese Gobierno preocupado por los jóvenes—, tendría establecer un ingreso mínimo vital que, de acuerdo con los cálculos de la AIReF, reduciría la tasa de pobreza severa en más de un 60% (para la AIReF, el ingreso mínimo vital podría costar o 5.500 millones de euros o 3.500 si se combinara con la eliminación de otras transferencias públicas que pasarían a resultar redundantes). Dado que los jóvenes sí están sobrerrepresentados dentro del colectivo de hogares pobres, ¿no habría sido más sensato, especialmente desde posiciones socialdemócratas, destinar esos 4.670 millones de euros a crear un ingreso mínimo vital y no a aumentar los ingresos de dos colectivos con tasas de riesgo de pobreza y exclusión social del 15,1% (pensionistas) y del 7,3% (trabajadores con contrato indefinido, dentro de los que se hallan la mayoría de empleados públicos), ambas muy por debajo del 28,5% de los jóvenes?

En suma, obras son amores y no buenas razones: aunque a Pedro Sánchez le encanta llenarse la boca prometiendo luchar por la juventud, en realidad, sus políticas económicas se han orientado hasta la fecha a cuidar a una bolsa de votantes de 12 millones de personas (pensionistas y empleados públicos). Se atiende prioritariamente a aquellos que te encaraman al poder: los jóvenes, si es que al final les tocan algunas migajas, tendrán que esperar.