¿Podemos y debemos prohibir el bitcoin?

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz considera que deberíamos transitar hacia un mundo de divisas digitales pero manejadas por el Estado. Y es que, al mismo tiempo que aboga por crear un dólar digital emitido por la Reserva Federal, también aboga por prohibir las criptomonedas privadas como bitcoin. A su entender, el dólar es mejor divisa que el bitcoin y, por tanto, esta última resulta superflua salvo para quienes busquen desarrollar actividades opacas e ilícitas como el blanqueo de capitales. La soflama de Stiglitz a favor del 'cierre' de bitcoin resulta ingenua y perversa a partes iguales.

De entrada, resulta ingenua porque bitcoin no es controlable por ningún Gobierno: como ya expliqué en otra ocasión, bitcoin es un activo monetario, real, intangible, privado y descentralizado. Esta última característica, la absoluta descentralización de su régimen de emisión y de transferencia, la vuelve muy difícil, si no imposible, de perseguir políticamente. Cualquier tenedor de unidades de bitcoin puede transferírselas a cualquier otro usuario (incluso por medios no digitales) sin necesidad de pasar por ningún nodo central: esto es, ningún órgano en particular ha de autorizar la operación sino que, en última instancia, es el conjunto de la red de usuarios de bitcoin quienes terminan verificando cada una de las transacciones e incorporándolas de manera irreversible al historial comúnmente compartido de bitcoin. Es el reconocimiento recíproco entre todos los usuarios de bitcoin lo que dota de existencia y de funcionalidad a esta moneda y no la figura de un verificador reputable que sí pueda ser cooptada por el Estado. Así, mientras el Gobierno no pueda controlar nuestros pensamientos (y, por ende, la posibilidad de que esos pensamientos converjan en un patrón monetario mutuamente acordado), tampoco podrá controlar el bitcoin.

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Otro asunto distinto, claro está, es que el Gobierno pueda intentar sabotear los mecanismos a través de los cuales los agentes económicos se comunican entre sí y alcanzan un consenso sobre las transacciones efectuadas vía bitcoin. Por ejemplo, el Gobierno podría decretar el cierre de internet o sancionar muy gravemente a aquellas personas que detecte que hayan poseído monedas digitales privadas: esto es, podría elevar de manera muy sustancial los costes de utilizar bitcoin para desincentivar su uso. Sin embargo, un Gobierno que se arrogara poderes tan tiránicos como los anteriores con la finalidad de intentar suprimir bitcoin probablemente sería un Gobierno que estaría tratando de confiscar parte de la riqueza de sus ciudadanos (justo por eso, querría eliminar la competencia) y, en tal caso, los incentivos sociales para refugiarse en bitcoin también serían, a pesar de las sanciones, enormes.

Porque, y aquí es donde empieza la perversidad del argumento de Stiglitz, si fuera totalmente cierto que, como él está afirmando, el dólar constituye un mejor dinero que bitcoin en todas sus facetas, ¿para qué necesitaríamos entonces prohibir bitcoin? La propia dinámica competitiva del mercado —más allá de transitorias exuberancias irracionales— terminaría arrinconando y marginando a esta moneda digital sin necesidad de que el Gobierno metiera mano. Pero si ello no sucede, si algunos agentes siguen demandando bitcoin con preferencia al muy superior dólar, acaso sea porque bitcoin proporciona funciones que el dólar no proporciona: por ejemplo, la protección frente al riesgo de que el Gobierno confisque tu dinero (mediante inflación, expropiación, corralitos, controles de capitales o impuestos). El principal atributo que hace que la propuesta prohibicionista de Stiglitz sea tremendamente ingenua —su inconfiscabilidad— es también la principal propiedad por la que muchas personas —de manera exagerada o no, ese es otro tema— deciden demandar y atesorar bitcoin: porque buscan protección frente a los celos parasitarios del Estado.

En este sentido, vincular, como vincula Stiglitz, el grueso de la demanda de bitcoin a actividades de blanqueo de capitales supone desconocer su propio funcionamiento: bitcoin no es una moneda anónima sino pseudónima, es decir, el historial de todas las transacciones que ha realizado un determinado usuario (con su pseudónimo) es de acceso público. Bastaría, pues, con que identificáramos la clave pública (el pseudónimo) de un usuario de bitcoin con su identidad real para que dispusiéramos de una exhaustiva recopilación de todo su historial delictivo. ¿De verdad a los grandes blanqueadores de dinero les interesa que todas sus operaciones queden registradas y archivadas para toda la eternidad y que cualquier posible traspié futuro revele todas sus fechorías? A su vez, Stiglitz también parece desconocer —u omite tramposamente— que los principales canales para blanquear capitales a día de hoy no son las criptomonedas, sino el dólar, los bienes raíces o la propia banca: canales que el Nobel no propone prohibir ni perseguir aun cuando puedan usarse para tales fines ilícitos. Su fobia contra bitcoin no forma parte de su fobia contra las actividades ilícitas, sino del oasis de libertad que representa esta moneda digital.

En definitiva, ni podemos ni debemos prohibir bitcoin. Dejemos escoger libremente a los ciudadanos los activos monetarios a través de los cuales quieren intercambiar sus mercancías o atesorar su riqueza a lo largo del tiempo. De hecho, aquellos que confían honestamente en la superioridad inherente del dólar deberían estar encantados con la aparición de bitcoin: la competencia monetaria es la mejor garantía de que la Reserva Federal se verá impelida a gestionar diligentemente el dólar en lugar de repetir errores gruesos del pasado. Quienes desean prohibir bitcoin no lo hacen para garantizar que el dólar siga siendo un buen dinero, sino para que pueda pasar a ser un pésimo dinero para los ciudadanos y un excelente dinero extractivo para los políticos.