La responsabilidad no será solo de los ciudadanos

Ni antes ni ahora los políticos deberían quedar al margen de la rendición de cuentas por el ejercicio de sus competencias

Foto: Personas pasean con sus perros y sus hijos en Sevilla. (EFE)
Personas pasean con sus perros y sus hijos en Sevilla. (EFE)
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Es bien conocido que John Rawls distinguió entre teoría ideal y teoría no ideal. La primera pretendía investigar cuáles eran las normas justas que debían articular una sociedad bajo el presupuesto de que todos los individuos —incluyendo los gobernantes— cumplían con esas normas, mientras que la segunda, en cambio, investigaba cuáles era las normas justas que debían articular una sociedad bajo el presupuesto de que no todos los individuos las cumplían (de modo que la teoría de la justicia necesitaba reflexionar también sobre instituciones punitivas, desobediencia civil, guerra justa, etc.).

La teoría ideal es el terreno de la filosofía pura del derecho: busca describir principios universales que posibiliten la coexistencia y la cooperación entre todas las personas. Son los ideales hacia los que tratamos de acercarnos y a partir de los cuales podemos determinar si, en el mundo real, estamos o no siendo justos. La teoría no ideal nos sirve, en cambio, para diseñar aquel conjunto de instituciones que contribuyan a maximizar la justicia (o minimizar la injusticia) en el mundo real, esto es, para lograr que los principios ideales de justicia sean máximamente respetados. Por ejemplo, para la teoría ideal anarquista, todo Estado es inherentemente injusto y debería ser erradicado; por el contrario, podría haber teorías no ideales anarquistas que reconozcan la imposibilidad de prescindir del Estado en determinadas sociedades a riesgo de que los principios ideales de justicia por los que aboga el anarquismo se vean aún más violentados que en presencia de ese Estado (justamente esta es la importante distinción que establece Alan John Simmons entre anarquismo filosófico y anarquismo político).

La teoría ideal es el objeto de reflexión por excelencia de los filósofos (aunque evidentemente estos también han de reflexionar sobre la teoría no ideal), mientras que la teoría no ideal es el objeto de aplicación por excelencia de los gobernantes. La función de los políticos no es descubrir los principios universales de justicia que deben regir una sociedad, sino diseñar y administrar aquellas instituciones que, en el mundo real, permiten el máximo respeto general a esos principios de justicia (por supuesto, tal vez muchas, o incluso acaso todas, de esas instituciones podrían ser autogeneradas de abajo arriba merced al proceso de orden espontáneo descrito por Hayek, en cuyo caso los políticos se volverían en gran medida prescindibles: pero eso sería objeto de otro debate). Si los políticos se saltan los principios ideales de justicia sin ninguna justificación para ello (por ejemplo, que resultaba imprescindible dentro de un contexto dado para preservar otros principios más importantes), entonces los políticos devienen responsables de abusar de sus funciones; a su vez, si los políticos aplican una mala teoría no ideal o, directamente, se despreocupan por el problema del cumplimiento de las normas en el mundo real, entonces los políticos también devienen responsables, pero de negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Desde esta óptica, y como ya explicamos, resulta del todo factible acusar al Gobierno, desde una perspectiva exquisitamente liberal, de negligente por no haber decretado a tiempo medidas de confinamiento domiciliario: sin tales medidas, el derecho a la vida o a la libertad de muchos individuos se iba a ver inevitablemente quebrantado por el contagio involuntario de otros individuos infectados (estamos ante el clásico problema de externalidades negativas no internalizadas que requieren de una solución no ideal para maximizar el respeto a los ideales de justicia). Y, a su vez, desde esta misma óptica también puede acusarse al Gobierno de negligente por no estar desconfinando adecuadamente a la población.

Sin embargo, desde que el pasado domingo arrancó el proceso de desconfinamiento escalonado de la sociedad, el Gobierno (y muchos medios de comunicación) ha pretendido trasladar toda la responsabilidad acerca de su éxito o de su fracaso sobre los hombros del ciudadano: es cada ciudadano el que, respetando o saltándose los planes delineados por el Ejecutivo, hará triunfar o fracasar la vuelta a la normalidad. El propio Sánchez, en su comparecencia de este martes exponiendo los detalles del plan de desconfinamiento, volvió a depositar toda la responsabilidad en los comportamientos de la ciudadanía. Y, desde luego, no se trata de restar un ápice de culpa a quienes no respeten el distanciamiento social y expongan a riesgos injustificados a otros ciudadanos, pero tampoco es de recibo que los políticos estén tratando de lavarse anticipadamente las manos frente a un potencial fracaso de sus planes de desconfinamiento.

A la postre, no se puede diseñar un plan de desconfinamiento funcional y efectivo desde el campo de la teoría ideal (presuponiendo que la gente sí o sí cumple las normas), sino que por necesidad ha de hacerse desde el de la teoría no ideal (siendo conscientes de los heterogéneos incentivos a saltárselas). Si el Ejecutivo aprueba un plan cuyo éxito depende de presupuestos irreales sobre cuál va a ser el comportamiento de los ciudadanos, entonces ese Gobierno también será responsable del fracaso por negligencia en el ejercicio de sus funciones, tanto a la hora de diseñar un mal plan como a la hora de facilitar la existencia de un contexto social que maximice la probabilidad de cumplimiento por los ciudadanos (por ejemplo, amplia disponibilidad de test y de mascarillas).

En definitiva, los políticos han querido lavarse las manos por habernos confinado tarde y mal, endilgando sus responsabilidades al 'no se podía saber' o a los errores cometidos por los expertos que los asesoraban (obviando en tal caso su propia culpa 'in eligendo'), y ahora parece que están tratando de colocarse la venda antes de la herida descargando por anticipado toda la culpa de un posible fracaso del desconfinamiento en los quebrantadores de sus directrices (obviando su potencial culpa en haber diseñado un protocolo de desescalada sobre presupuestos irreales). Ni antes ni ahora deberían quedar al margen de la rendición de cuentas por el ejercicio de sus competencias.

Laissez faire
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