La hora del 'homeschooling'

Uno de los pocos consensos realmente transversales que ha dejado hasta el momento la crisis sanitaria y económica del coronavirus es que el teletrabajo deberá ganar peso dentro de nuestro mercado de trabajo: por un lado, porque la experiencia forzada de teletrabajar durante las últimas semanas puede haber revelado a algunos empleados y empleadores que no existen diferencias significativas de productividad entre el trabajo presencial y el teletrabajo en ciertas ocupaciones; por otro, porque es muy probable que durante los próximos trimestres, si no durante los próximos años, debamos mantener el distanciamiento social —sobre todo en espacios cerrados— y, en este sentido, el teletrabajo constituye una herramienta idónea para preservar esa distancia al tiempo que no paralizamos en seco el funcionamiento de toda actividad productiva.

Pero pese a que el teletrabajo se halla, por buenas razones, en boca de todos, otra medida de distanciamiento social con la que también hemos experimentado durante las últimas semanas y que podría ser igualmente clave para permitir mantener el funcionamiento de ámbitos esenciales de la vida social se halla absolutamente silenciada: me refiero a la educación en casa (o 'homeschooling', tal como se ha popularizado el término en inglés).

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Con o sin pandemia de por medio, educar a los niños en casa es un derecho que debería asistir a los tutores legales de esos niños, que no son otros que los padres (y no los políticos o los burócratas que componen el establishment educativo-estatal). Que la tutela que ejercen los padres sobre los menores no sea ilimitada —y desde luego no lo es, pues el propósito de esa tutela es proteger al menor al tiempo que se potencia su desarrollo transicional a la vida adulta— no equivale a vaciar de contenido el ejercicio de la patria potestad: si se probara que determinadas formas de educar en casa generaran graves perjuicios para los menores (por ejemplo, padres que aíslen a sus hijos de toda interacción social con otros menores o que excluyan del temario algunas materias que sean fundamentales para su inserción social como adulto), podrían justificarse limitaciones legales al ejercicio de la patria potestad (por ejemplo, obligatoriedad de actividades fuera del hogar o de la instrucción de determinadas asignaturas), pero desde luego no su expropiación y anulación por parte del Estado. No existen, ni han existido nunca, buenas razones para justificar la escolarización obligatoria, a jornada completa, universal e indiscriminada de los menores. Ni con pandemia ni sin pandemia.

Pero es que, además y como apuntábamos al comienzo, el coronavirus va a requerir que cambiemos nuestra forma de organizarnos socialmente para protegernos frente a la propagación del patógeno: uno de esos cambios deberá darse en los centros de trabajo pero otro deberá producirse en las escuelas. Recordemos que, según la evidencia provisional disponible, la suspensión de las clases es uno de los métodos de distanciamiento social más eficaces para ponerle barreras al SARS-CoV-2 (junto con la restricción a las grandes aglomeraciones de gente), de modo que resultará indispensable adoptar fórmulas que permitan mantener ese distanciamiento social en las aulas. Al respecto, claro, pueden plantearse diversas propuestas (como incrementar el tamaño de las aulas o desdoblarlas contratando a más personal docente), pero una que no debería faltar —especialmente para aquellos que deseen acogerse a ella— es la posibilidad de educar a los niños en casa, ya sea con asistencia online desde los centros escolares (o no), ya sea requiriendo la asistencia presencial a algunas sesiones o a algunas asignaturas y permitiendo que el resto se impartan en el seno del hogar (lo que técnicamente se conoce como 'flexischooling').

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La ventaja del 'homeschooling' es que es perfectamente compatible con el resto de alternativas, no acarrea sobrecoste alguno para las arcas públicas (al contrario, son los padres quienes voluntariamente asumen el coste de educar a su hijo en casa, evitando que la Administración tenga que sufragar su plaza en las escuelas) y, además, resulta plenamente respetuoso con la libertad educativa (tantas veces vulnerada por nuestro ordenamiento jurídico).

Si durante los próximos años muchos adultos van a pasar mucho más tiempo en sus hogares merced al teletrabajo, tiene pleno sentido que aquellos padres que así lo deseen y que además se sientan capacitados para ello puedan también formar a sus hijos en ese hogar: no como obligación a hacerlo, sino como derecho. Ya que hemos abierto el debate del teletrabajo, abramos también el de la educación en casa. ¿O es que acaso aquellos temas que restan poder adoctrinador al Estado constituyen un tabú sobre el que ninguna formación política desea hablar, ni siquiera en medio de una pandemia tan disruptiva como la actual?