¿Por qué los jóvenes no pueden emanciparse?

De acuerdo con el Observatorio de Emancipación, a finales de 2019 —es decir, antes de la crisis del coronavirus—, el trabajador joven medio español debería haber cobrado el doble de lo que cobraba para poder emanciparse adquiriendo una vivienda en condiciones de sostenibilidad financiera. En concreto, para poder comprar un inmueble de 100 metros cuadrados con un valor teórico de 165.280 euros, abonando una cuota hipotecaria equivalente al 30% del salario neto, una persona entre 16 y 29 años debería estar cobrando 23.226 euros anuales (1.935 euros mensuales), esto es, el doble de lo que actualmente se ingresa como media en ese tramo de edad.

Escarbando en los datos, el titular resulta un poco —solo un poco— menos dramático: si en lugar de tomar como referencia el salario de un trabajador joven en aislado, cogemos los ingresos medios de un hogar joven, no falta dinero sino que, en términos medios, sobra algo: los ingresos son un 1,6% superiores a los necesarios para adquirir un inmueble en las condiciones anteriores (para hogares entre 30 y 34 años, un 11,1%). Alternativamente, y si queremos enrocarnos en la capacidad de emancipación del hogar unipersonal, también podríamos señalar que, con los niveles salariales actuales, un trabajador joven promedio alcanza a comprar un piso de 50 metros cuadrados en condiciones de sostenibilidad financiera (y de casi 70 metros cuadrados, entre los 30 y 34 años).

Una de cada diez viviendas se compra como inversión y la mayoría son de segunda mano

EC

No obstante, en el fondo se trata de un consuelo bastante escaso, puesto que la dispersión de ingresos y la dispersión geográfica de precios están provocando que muchos jóvenes queden estructuralmente expulsados del mercado inmobiliario: de ahí que menos del 20% de los menores de 30 años haya podido emanciparse a día de hoy. Además, no lo olvidemos, una vivienda cara no solo es un problema social sino también económico: los altos precios de los inmuebles (en compraventa y en alquiler) pueden llegar a convertirse en una forma de rentismo extractivo que erosiona la rentabilidad del capital humano y del capital social de las ciudades, lo que en el fondo termina desincentivando la inversión en educación y la generación de economías de aglomeración entre los jóvenes. Así pues, no solo un menor desarrollo de aspiraciones vitales, sino también mermas de productividad.

¿Cuál es, entonces, la solución a este grave reto? Una primera respuesta intuitiva es que si las viviendas cuestan el doble de lo que cobramos, entonces deberíamos duplicar los salarios y el problema quedaría 'ipso facto' arreglado. Pero, más allá de que las políticas públicas no sean capaces de controlar los sueldos, este planteamiento debe ser abiertamente matizado en dos sentidos.

Por un lado, y de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, el salario medio por jornada completa para los trabajadores de entre 25 y 34 años ya se ubica prácticamente en la cuantía necesaria: 1.811 euros al mes (no digamos ya si no hablamos de hogares unipersonales, sino de hogares con más de un perceptor de rentas). El problema, pues, no es tanto de nivel salarial cuanto de acceso al mercado laboral: a finales de 2019, la tasa de paro entre los jóvenes era del 23,8%; la tasa de temporalidad, del 55,4%, y la de parcialidad, del 26,9% (nótese que un trabajador temporal a jornada completa puede terminar trabajando menos horas mensuales que un trabajador indefinido a tiempo parcial). Más que subir salarios, la urgencia es facilitar el establecimiento de relaciones laborales estables y duraderas que permitan a muchos jóvenes acercarse a ese salario medio mensual por jornada completa.

Menos del 20% de los menores de 30 años ha podido emanciparse. La vivienda cara no solo es un problema social, también económico

Por otro, aun cuando pudiéramos multiplicar mágicamente los salarios de los españoles, la vivienda no tendría por qué volverse mucho más accesible. Si tenemos un 'stock' dado de inmuebles y se incrementa el poder adquisitivo que se lanza en manada a adquirirlos, lo que sucederá es que esos inmuebles se elevarán de precio. Lo que necesitamos para abaratar la vivienda no son salarios nominales más altos; ni siquiera salarios reales más elevados medidos contra una cesta de bienes distintos de la vivienda: lo que necesitamos es una mayor oferta de inmuebles para que sus precios puedan abaratarse respecto a los salarios (es decir, salarios reales más altos respecto a la vivienda).

Así pues, la forma de facilitar la emancipación de los más jóvenes pasa por reformas en el mercado laboral (que combatan la dualidad y faciliten su contratación) y por reformas en el mercado inmobiliario (que abaraten los costes de los inmuebles y permitan incrementar la producción de nuevas unidades). No es en absoluto razonable que las nuevas generaciones se vean maltratadas por un doble rodillo intergeneracional: el de un sistema de pensiones insostenible (pero al que sí se ven forzados a afiliarse a costa de unas altísimas cotizaciones sociales que les impiden ahorrar) y el de un mercado inmobiliario de accesibilidad prohibitiva. No debemos condenarlos a la descapitalización absoluta.