¿Debe el Estado mantener su inversión en Bankia?

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se opone a que el Estado se desprenda de su participación en Bankia tras su previsible fusión con CaixaBank porque mantenerse invertidos es la mejor forma de recuperar el dinero de los contribuyentes. Al grupo conformado por la unión de Bankia y de Banco Mare Nostrum se le inyectaron 24.069 millones de euros (22.424 millones para Bankia y 1.645 millones para BMN) durante la anterior crisis financiera y desde entonces el Estado ha conseguido aflorar casi 3.000 millones de euros merced al cobro de dividendos (961 millones desde entonces) y a la venta de dos participaciones en el capital de la entidad (una en 2014, por 1.403 millones de euros; otra en 2017, por 818 millones de euros).

Por consiguiente, el modelo de Garzón sería perseverar en esta estrategia: en lugar de malvender ahora, esperar a que la acción se revalorice o a que se abonen los suficientes dividendos como para recuperar todos los fondos inyectados. Semejante estrategia tiene, sin embargo, tres problemas muy serios.

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Primero, uno debería ser relativamente indiferente entre recuperar las ayudas cobrando dividendos o liquidando la participación accionarial del Estado en Bankia. A la postre, el valor actual del cobro de los dividendos esperados ya se halla incorporado al precio de las acciones de Bankia. Este año, el banco ha pagado 11,5 céntimos por acción cuando el valor de una acción es de 1,35 euros: de manera que liquidando las acciones cosecharíamos de golpe el equivalente a 11 años de dividendo. En realidad, empero, a bastante más: los beneficios de Bankia se redujeron en 2019 con respecto a 2018 y la propia entidad espera cerrar este año con pérdidas, las cuales pueden prolongarse en el tiempo si la morosidad sigue en aumento.

Y con pérdidas, o con beneficios mucho menores, el dividendo desaparece o se reduce muy significativamente: por ejemplo, si a medio plazo la entidad consiguiera consolidar unas ganancias de 400 millones anuales, los beneficios por acción apenas se ubicarían en 13 céntimos, lo que dejaría poco margen para pagar más de 6-7 céntimos de beneficio por acción (para que nos hagamos una idea, a ese ritmo necesitaríamos unos cien años para recuperar la totalidad de las ayudas). Con 6-7 céntimos de dividendo por acción, vender ahora equivaldría a cobrar por adelantado más de 20 años de dividendos futuros.

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Segundo, uno podría pensar que, tras la fusión de Bankia con CaixaBank, los beneficios de la nueva entidad se incrementarán y, por tanto, los dividendos que afluirán al Estado por su participación (que pasaría del actual 61% en Bankia al 14-15% en el nuevo banco fusionado) también se incrementarán. Pero este razonamiento se enfrenta a dos problemas. Por un lado, la expectativa de aumento de los beneficios futuros como resultado de la fusión ya está esencialmente incorporada al precio presente de la acción: por tanto, salvo que Garzón esté manejando información privilegiada o se crea más hábil valorando bancos que el conjunto de inversores del mercado, difícilmente —con la información disponible ahora— hay mucho más que rascar que aquel precio que ya nos están ofreciendo otros inversores por esa participación.

Por otro, el posible aumento de los beneficios de la fusión vendrá, esencialmente, de dos vías: la reducción de costes vía cierre de oficinas y despidos de personal, y la explotación de los clientes vía ejercicio de poder oligopolista. ¿De verdad Garzón aspira a lucrar al Estado de dos prácticas que a buen seguro considera moralmente reprobables? Y si, en cambio, el Estado usa su participación para bloquear estas dos prácticas, entonces la fusión no acarreará ningún aumento de beneficios y, por tanto, no facilitará la recuperación de las ayudas.

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Y tercero, uno podría pensar que el futuro es incierto —lo es— y que a buen seguro las expectativas presentes sobre los beneficios y dividendos futuros se verán alteradas —se verán— por acontecimientos que ahora mismo no podemos ni anticipar: de ahí que acaso convenga mantener la participación esperando que haya sorpresas positivas que aumenten sustancialmente el precio de las acciones (y los dividendos abonados). Y sí, desde luego puede haber sorpresas positivas, pero también puede haberlas negativas. De hecho, en la historia reciente de Bankia han predominado, con mucho, las negativas sobre las positivas. Por un lado, aunque, como ya hemos explicado, el Estado debería haber cobrado hasta el momento unos 3.000 millones en concepto de dividendos y de venta parcial de Bankia, ni uno solo de esos euros ha llegado a las arcas públicas. ¿Por qué? Porque han tenido que ir destinados a recapitalizar la matriz de Bankia (BFA, de la que el FROB posee el 100% del capital) tras todas las diversas condenas (preferentes y salida a bolsa) que han pesado sobre el banco.

Por otro, el valor de las acciones de Bankia no ha dejado de caer desde 2014: ese año, llegaron a superar los seis euros, en 2016 perdieron los tres euros y hoy se ubican por debajo de los 1,5 euros. La peor decisión que pudimos tomar fue no privatizar por entero Bankia en 2014: en aquel momento, podríamos haber vendido el banco por unos 11.000-12.000 millones de euros; hoy vale menos de 3.000. Esperar a que llegaran sorpresas positivas nos ha salido carísimo a todos los contribuyentes.

En definitiva, no hay ninguna garantía de que el Estado vaya a recuperar los 24.000 millones que inyectó en Bankia-BMN: más bien, la garantía prácticamente es que no los recuperaremos. Asimismo, tampoco hay ninguna garantía de que manteniendo la participación estatal en Bankia minimizaremos pérdidas: aunque podría ser el caso, Garzón no ha ofrecido ningún argumento de peso para esperar que el banco vaya a volverse más valioso en el futuro de lo que lo es hoy. La experiencia del último lustro, de hecho, apunta en la dirección opuesta.

O el ministro de Consumo está exhibiendo unas extraordinarias, e ignotas hasta la fecha, facultades especulativas o, más probablemente, está exponiendo el dinero de los contribuyentes a un brutal riesgo de depreciación para así mantener su capricho ideológico de un banco con participación pública. Creo que todos tenemos claro que es lo segundo.