¿Debemos revalorizar el salario de los empleados públicos?

El Gobierno ha lanzado el globo sonda de que está estudiando congelar el salario de los empleados públicos en los Presupuestos Generales del año 2021. Personalmente, soy escéptico sobre las auténticas intenciones del anuncio (suena más bien a una deliberada estrategia de 'poli bueno/poli malo' entre Podemos y PSOE), sobre todo por el escaso ahorro que supone en el año: si la inflación termina en el 0,2%, estaríamos hablando de un impacto presupuestario inferior a los 300 millones de euros. ¿De verdad el PSOE se ha convertido en un guardián de la ortodoxia fiscal tan firme como para cargar con el sambenito de congelar el salario de los empleados públicos por ahorrarse apenas 300 millones de euros?

Lo dudo, pero, en todo caso, el globo sonda socialista nos brinda una magnífica oportunidad para que reflexionemos sobre si es el momento de aumentar —aunque sea simbólicamente— el salario de los empleados públicos. Y, a este respecto, se me ocurren tres posibles justificaciones para hacerlo: primero, como recompensa por su mayor producción; segundo, como política de estímulo económico, y tercero, como herramienta para mejorar la distribución de la renta. Mas, como veremos, ninguno de estos tres motivos justifica un aumento generalizado de los salarios públicos.

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Iván Gil

En primer lugar, ¿han aumentado los empleados públicos su producción pública durante el presente ejercicio? En términos generales, no. Al igual que la mayoría de trabajadores en el sector privado, durante los críticos meses del estado de alarma no han desempeñado plenamente sus funciones tradicionales (pues muchos servicios públicos estaban suspendidos u operando a medio fuelle): así, de acuerdo con la EPA, el número de horas trabajadas en el sector público durante el segundo trimestre de 2020 fue un 5,5% inferior al segundo trimestre de 2019, a pesar de que las administraciones públicas contaban con 30.000 trabajadores más. Pero, a diferencia de lo acaecido en el sector privado, ningún empleado público se ha visto sometido a un ERTE que redujera su remuneración a un 70% de su sueldo habitual, con un máximo de entre 1.100 y 1.411 euros. Precisamente por ello, deberían considerarse bastante afortunados de haber cobrado íntegramente sus salarios durante este año, pese a su parón de actividad. Excepción debe ser hecha, desde luego, respecto de aquella parte de los empleados públicos que han redoblado su trabajo durante la pandemia —muy en especial, los médicos—, que bien merecerían una gratificación extraordinaria por los durísimos servicios prestados.

Segundo, ¿tendría efectos expansivos una revalorización de las nóminas públicas? Sería cuasi irrelevante (es verdad que, tras un recorte salarial, el consumo privado se ve afectado negativamente, pero en cambio la inversión y las exportaciones tienden a incrementarse por el efecto moderador que la congelación tiene sobre los salarios del sector privado, con el consecuente aumento de la productividad). Por cada reducción salarial equivalente al 1% del PIB, este se contrae un 0,23% al cabo de tres años: dado que en este caso estamos hablando de una congelación equivalente a unas tres centésimas de PIB, el efecto a tres años vista sería de apenas el 0,007% del PIB. Y eso en el mejor de los casos: Ana Lamo, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez estiman que en épocas de alto desempleo —como la actual—, un aumento de los salarios públicos contrae el PIB. Así pues, aun queriendo estimular la economía desde el lado del gasto, hay partidas (como inversiones públicas bien orientadas) cuyo efecto multiplicador es sustancialmente más elevado.

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Y tercero, ¿un aumento generalizado del salario de los empleados públicos contribuiría a reducir la desigualdad de la renta? Decididamente, no: casi dos tercios de los empleados públicos se ubican en los tres deciles más altos de la distribución de la renta (y más el 80% a la derecha de la mediana), de modo que prácticamente todo ese aumento del gasto iría a parar al tercio de españoles con mayores ingresos. No solo no se reduciría la desigualdad sino que esta se incrementaría (obviamente poco, porque estamos hablando de cantidades de dinero público bastante modestas, pero lo importante es que ese gasto no contribuiría en nada a reducir la desigualdad, sino más bien a lo opuesto).

En definitiva, no existen razones de peso para aumentar los salarios de los empleados públicos, salvo en el caso de colectivos específicos que hayan experimentado una sobrecarga de trabajo en los últimos meses. Si finalmente se terminan incrementando de manera generalizada, no será ni por razones de eficiencia ni por razones de equidad, sino por una captura extractiva del regulador por parte de grupos organizados como el de los empleados estatales.