El fraude fue sistémico

Los directivos sólo fueron los cabezas de turco de un fraude institucional mucho más amplio del que participaron las más altas autoridades del Estado.

Foto: El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una imagen de archivo. (EFE)
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una imagen de archivo. (EFE)

Finalmente, la Audiencia Nacional ha decidido absolver a la cúpula de Bankia por el fraude cometido con su salida a bolsa. La acusación que pesaba sobre los antiguos prebostes de la entidad era que habían estafado a los ahorradores promoviendo una oferta pública de suscripción sobre las acciones de un banco que ya estaba quebrado en el momento de enajenarse al gran público: por tanto, tal salida a bolsa no fue más que una forma de rapiñar los ahorros privados de todos aquellos ciudadanos defraudados con esta operación financiera.

En realidad, sin embargo, el caso siempre tuvo más matices. La viabilidad de Bankia en 2011, cuando sale a bolsa, no estaba predeterminada: que la entidad quebrara o sobreviviera iba a depender muy poderosamente de cómo evolucionara la situación económica. Si España enfilaba una sostenida recuperación que reanimara el mercado inmobiliario y elevara sustancialmente el precio de los inmuebles y de las promociones adjudicadas a Bankia, entonces acaso el banco pudiere sobrevivir; si, en cambio, España profundizaba en su depresión, Bankia estaba a buen seguro condenada a quebrar. Por consiguiente, más que reprender a los gestores por haber vendido un producto en mal estado, lo reprobable era que hubiesen vendido un producto con alto riesgo de degenerar en mal estado sin advertir suficientemente a los compradores de ese elevado riesgo. No era que hubiesen dado gato por liebre sino que dieron el Gato de Schrödinger por liebre.

Pero es ahí donde la Audiencia Nacional encuentra una razón aparentemente de fondo para exculpar a los gestores: la salida a bolsa de Bankia contó con el visto bueno del supervisor y, por tanto, cabe entender que la información que se contenía en el folleto de emisión era “amplia y certera”, hasta el punto de resultar más que suficiente para que los “inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando”. Sucede que este juicio omite las circunstancias del marco institucional en el que nos encontramos, así como el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos.

En nuestras sociedades, se presupone que el inversor minorista es demasiado inmaduro y está demasiado poco formado como para poder evaluar adecuadamente los riesgos de determinados activos financieros, motivo por el cual se encomienda a instituciones estatales supuestamente confiables que autoricen (o no) las emisiones de ciertos pasivos financieros tras analizar si la información con la que se los acompañan es suficientemente transparente como para que los inversores minoristas se formen una imagen adecuada sobre la situación financiera real del emisor. En la práctica, pues, son los supervisores los que hacen parte del trabajo que debería estar haciendo el pequeño ahorrador directamente o indirectamente aquellos profesionales a los que ese pequeño ahorrador subcontratara. Pero, ¿qué sucede cuando todo el establishment estatal se coaliga para promover la salida a bolsa de una compañía defectuosa por considerarlo del más elevado interés nacional? Pues que al presunto fallo del mercado —la falta de información suficiente del pequeño ahorrador— se le añade un mucho más gravoso fallo del Estado: la manipulación deliberada de los supervisores haciendo la vista gorda —o incluso apoyo entusiastamente— a ciertas operaciones.

El fraude fue sistémico

No olvidemos que, según confesó Rodrigo Rato, la salida a bolsa de Bankia estuvo teledirigida desde el Gobierno y desde el Congreso de los Diputados, además de haber contado con la complicidad activa del Banco de España y de la CNMV. ¿Por qué? Pues porque Bankia era un banco demasiado grande como para ser rescatado por el Estado español y, por tanto, se confió en evitar ese rescate parasitando el ahorro privado de aquellos ciudadanos que se dejaran embaucar. Todo ello para ganar tiempo hasta que llegara la milagrosa recuperación que contribuiría a sanear el balance de la entidad sin necesidad de inyecciones adicionales de capital público. En cierto sentido, pues, los directivos solo fueron los cabezas de turco de un fraude institucional mucho más amplio del que participaron las más altas autoridades del Estado para persuadir a los españolitos de a pie de que se hicieran 'bankeros' comprando acciones de Bankia.

El final de la historia es de sobra conocido: el capital inyectado por los pequeños inversores se volatilizó a través de un agujero financiero que no dejó de crecer conforme se agravaba la depresión y todos terminamos convirtiéndonos en 'bankeros' a través del rescate estatal de la entidad. Ahora la Audiencia Nacional exonera a los gestores de haber estafado a los accionistas: y es que, en realidad, la estafa la perpetró el conjunto del Estado a través de esos gestores.

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