Ni justificación ni responsabilización

Ni hay que disculpar todos los actos perpetrados en el pasado ni tampoco existe ninguna razón para que nos culpabilicemos por los comportamientos de generaciones pretéritas

Foto: Estatua de Cristóbal Colón con pintadas en Bolivia. (EFE)
Estatua de Cristóbal Colón con pintadas en Bolivia. (EFE)

Las violaciones pretéritas de los derechos humanos suelen afrontarse desde una doble perspectiva: o negando cualquier relevancia ética de esas violaciones, por cuanto ocurrieron en medio de un clima moral distinto al actual, o pretendiendo que las generaciones presentes se disculpen por las atrocidades cometidas por sus antepasados. Según cómo deseen instrumentarse e ideologizarse unos determinados acontecimientos históricos, la postura adoptada tiende a ser la una o la otra: por ejemplo, para la derecha españolista, la colonización de América fue un proceso civilizatorio del que no cabe resaltar tacha moral alguna por cuanto se desarrolló bajo el predominio de unos parámetros morales muy distintos a los actuales; en cambio, para la izquierda indigenista, los españoles actuales deberíamos pedir perdón por la barbarie perpetrada hace cinco siglos. Asimismo, para la derecha conservadora, el Terror durante la Revolución francesa constituye uno de los episodios más execrables de la historia europea, que todos deberíamos coincidir en censurar, mientras que, para la izquierda jacobina, no cabe evaluar el uso abusivo de la guillotina contra la disidencia política desde una perspectiva moral contemporánea sino que habría que juzgarla en el contexto en que se produjo. Ambos enfoques son, sin embargo, erróneos.

Por un lado, cuando nos negamos a evaluar éticamente unos hechos acaecidos en el pasado, estamos abrazando implícitamente una postura moral subjetivista rayana con el relativismo. Si las únicas evaluaciones éticas que cabe efectuar son siempre contextuales, entonces no existen valores que sean mejores que otros: tan moral podría ser 'prima facie' el comportamiento de Frederick Douglass como el de un sanguinario esclavista de la época; tanto el de Adolf Hitler como el de Anna Frank. De hecho, en la medida en que pretendamos evaluar éticamente el comportamiento de un personaje histórico en función de cuánto se ajustaba a la moralidad predominante dentro de su contexto social, podríamos llegar a la disparatada conclusión de que los esclavistas exhiben un comportamiento más rectamente moral que los esclavos dentro de una sociedad esclavista o que los nazis son más morales que los judíos dentro de una sociedad mayoritariamente nacional-socialista.

Tan aberrantes conclusiones colisionan de frente contra nuestras intuiciones morales, tal como un destello de luz impactaría en nuestras pupilas. Si, por distintas razones (deontológicas o 'consecuencialistas'), podemos calificar determinados códigos morales como peores que otros, entonces también cabrá repudiar comportamientos históricos, basados en malos códigos morales, a la luz de la más avanzada moralidad del presente. Solo así, de hecho, cabe analizar cómo el mundo lleva siglos progresando moralmente, en la medida en que hemos abandonado prácticas tan liberticidas como el canibalismo, el infanticidio, la tortura o el esclavismo.

Por consiguiente, sí, es legítimo analizar y juzgar éticamente, con sus luces y sus sombras, la anexión del continente americano a la Corona española hace cinco siglos. Que las costumbres de aquel entonces fueran otras a las actuales no exculpa aquellas actuaciones que cercenaron las libertades individuales de nativos inocentes (incluyendo sus derechos de propiedad pacíficamente adquiridos): como mucho, cabría configurarlo como una atenuante de su responsabilidad moral, pero nunca como un eximente.

¿Significa lo anterior, por otro lado, que los españoles actuales debemos pedir perdón, o asumir algún tipo de responsabilidad, por las violaciones de derechos humanos que se perpetraron por aquel entonces? En absoluto: la responsabilidad no es heredable. Cada persona responde por las consecuencias de sus acciones, no por las de sus padres, abuelos o bisabuelos. El hijo de un genocida no hereda ni un ápice de responsabilidad de la conducta criminal de su padre (salvo que hubiera colaborado con ella o, habiendo podido frenarla, se hubiese negado a hacerlo) y, por tanto, no tiene por qué responder de ningún modo ante sus víctimas (salvo que él desee simular la ficción de pedirles perdón en nombre de su padre).

Tiene sentido que la Iglesia católica, como institución, pida perdón por la Inquisición. Pero la responsabilidad no cabe extenderla a ciudadanos

La única excepción que cabría plantear a este principio afecta a aquellas personas jurídicas que, habiendo sobrevivido hasta hoy, participaron en su momento en actos contrarios a los derechos humanos. Por ejemplo, tiene sentido que la Iglesia católica, como institución, pida perdón por la Inquisición, o que el Estado español, como continuador jurídico de la Corona española, pudiera pedir perdón por algunos de los actos cometidos en su nombre durante la cristianización de Hispanoamérica. Pero la responsabilidad del Estado no cabe extenderla a los ciudadanos sobre los que ejerce (coactivamente) su soberanía: y, por consiguiente, ningún español debe nada a ningún descendiente lejano de un indígena.

En definitiva, ni hay que disculpar todos los actos perpetrados en el pasado bajo el pobre argumento de que no podemos evaluarlos éticamente partiendo de nuestra perspectiva actual ni tampoco existe ninguna razón para que nos culpabilicemos por los comportamientos de generaciones pretéritas. Ni justificación ni responsabilización.

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