Los Presupuestos los pagarán los de siempre

La enorme factura de la crisis la seguirán pagando los únicos que pueden pagarla, a saber, la totalidad de la población contribuyente y no el minoritario colectivo de los ultrarricos.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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Los titulares de prensa han resumido el acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos como una apuesta por incrementar los impuestos 'a los que más tienen': a las rentas altas, las grandes fortunas y las megacorporaciones. El propio líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sintetizado lo que se pretende que sea la gran consigna política de estos presupuestos, a saber, que por primera vez la crisis no la pagarán los de siempre, sino los más acaudalados. En concreto: “El Gobierno de coalición tiene claro que la crisis económica no la pueden pagar los de siempre. Por eso presentamos unos Presupuestos comprometidos con la justicia social y la lucha contra la desigualdad, lo que incluye la subida de impuestos a las grandes fortunas”.

Descendamos, sin embargo, un poco más a la realidad de las cifras. El Gobierno estima que, para el año 2021, la subida del IRPF a las rentas altas arrojará un aumento de la recaudación de 144 millones de euros; el incremento del Impuesto sobre Sociedades (vía limitación al 95% de la exención de dividendos) generará 473 millones de euros; el tipo mínimo sobre las socimis ni siquiera afectará al ejercicio fiscal de 2020 y, por tanto, no tendrá efectos en la recaudación de 2021 (si bien, para 2022, apenas se esperan obtener 25 millones de euros); y, por último, el aumento del Impuesto sobre el Patrimonio arrojaría unos ingresos adicionales de 329 millones de euros... si fuera aplicado por todas las autonomías, pero como en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100%, apenas se recaudará nada (en 2019, la AIReF presidida por el hoy ministro Escrivá estimó que esta misma subida impositiva apenas proporcionaría un máximo de ocho millones de euros). En total, pues, Unidas Podemos ha arrancado al PSOE una subida impositiva contra los ricos de un máximo de 946 millones de euros que, en realidad, rondará los 600 millones.

En paralelo, los presupuestos de este mismo Gobierno también prevén castigar al conjunto de contribuyentes (no solo ni especialmente a las rentas muy altas) con medidas como la subida del IVA sobre las bebidas azucaradas (con la que pretende recaudar 340 millones de euros), el impuesto sobre los envases de plástico (491 millones de euros) o la mayor fiscalidad sobre el diésel (450 millones de euros). En total, pues, estos incrementos fiscales que perjudican al conjunto de la población, incluyendo a las rentas medias y bajas, proporcionarán, según la propia estimación del Gobierno, 1.271 millones de euros. El doble dela recaudación esperada sobre “los más ricos”.

Y conste que no se trata de que estos últimos impuestos sean frontalmente rechazables (pues, en general, tratan de penalizar externalidades negativas, y los impuestos pigouvianos son los impuestos menos criticables de todos), sino de denunciar que la retórica populista de que esta crisis no la pagarán los de siempre es una retórica profundamente tramposa. Apenas una comparación entre los impuestos que el Gobierno dice que van a afectar a los más ricos y de aquellos otros tributos que claramente afectará al conjunto de la población —con independencia de su nivel de renta— pone de manifiesto que los primeros son escasos en relación incluso con los segundos.

Pero, en realidad, el problema de fondo va mucho más allá de este limitado contraste entre ambos grupos impuestos. Si el orden de magnitud del aumento tributario sobre los muy ricos es este (y aun cuando en el futuro el Ejecutivo se saque de la chistera otras figuras impositivas contra las grandes fortunas que terminen recaudando 1.000 o incluso 2.000 millones de euros adicionales), ¿cómo pretende hacernos creer que será este colectivo quien cargará esencialmente con los costes de la crisis? El propio Gobierno espera que el déficit de 2021 sea del 7,7% del PIB: alrededor de 80.000 millones de euros. Incluso si una parte de ese ajuste procede de menores desembolsos estatales en algunos gastos vinculados con la pandemia (y aunque, en paralelo, también seguirán incrementándose otros gastos), parece evidente que el grueso del ajuste fiscal deberá alimentarse de una mayor recaudación sobre los contribuyentes no ricos.

En suma, una vez despojados de la habitual propaganda mercadotécnica, la cruda realidad sale a relucir con estos presupuestos: la enorme factura de la crisis la seguirán pagando los únicos que pueden pagarla, a saber, la totalidad de la población contribuyente y no el minoritario colectivo de los ultrarricos.

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