Cuatro buenas noticias electorales en California

California es un estado masivamente demócrata: Biden ha conseguido dos tercios de los votos emitidos en estos comicios, cerca del 90% de los congresistas han ido a parar al Partido Demócrata y el último candidato republicano en ganar allí unas elecciones presidenciales fue Bush… padre, en 1988. La región se considera en gran medida la cuna del progresismo estadounidense —y no le falta parte de razón a este juicio—, pero a la hora de la verdad las preferencias de sus votantes no siempre se ajustan a ese presunto progresismo, o no al menos en su vertiente estatista-intervencionista. De hecho, este pasado martes, los californianos también se sometieron a cuatro referéndums sobre diversos asuntos —discriminación positiva, control de alquileres, estatus jurídico de los 'riders' y aumento del impuesto sobre bienes inmuebles— cuyo resultado supuso una victoria completa para las libertades.

Primero, se rechaza con un 56% de los sufragios emitidos la proposición 16, por la que se pretendía eliminar la prohibición constitucional contra la discriminación (mal llamada 'positiva') en cuestiones de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Es decir, que seguirá estando vetado que las administraciones públicas californianas privilegien determinados colectivos en función de alguno de los criterios anteriores. La igualdad jurídica —principio exquisitamente liberal— prevalece.

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Segundo, se rechaza con un 72% de los votos la proposición 21, por la que se pretendía expandir las competencias de los ayuntamientos para establecer sus propios controles sobre los precios del alquiler en todo inmueble que tuviera más de 15 años de edad. Por consiguiente, los consistorios seguirán atados de pies y manos a la hora de establecer limitaciones a las rentas pactadas entre arrendadores y arrendatarios. La autonomía contractual —principio exquisitamente liberal— prevalece.

Tercero, se aprueba con un 58% de los votos la proposición 22, por la que se define a los 'riders' como trabajadores autónomos y no como asalariados de empresas como Uber o Lyft. En contra del cambio jurisprudencial y legislativo que se está impulsando en muchos países europeos, los californianos han vetado que el legislador o los tribunales estatales puedan catalogar como contrato laboral lo que, en el fondo, no deja de ser un contrato de provisión de servicios por parte de un profesional autónomo. La libertad de asociación liberal —principio exquisitamente liberal— prevalece (nótese que no se prohíbe que las partes puedan acordar que su relación sea de tipo laboral: se prohíbe que se imponga estatalmente la condición laboral a toda relación profesional con un 'rider').

Por último, y por el momento (el recuento todavía no ha finalizado), con un 52% de los votos, se rechaza la proposición 15, por la que se pretendía incrementar el impuesto sobre los bienes inmuebles por una doble vía: por un lado, elevar el tipo impositivo; por otro, hacer que la base imponible del impuesto esté constituida por el valor de mercado del inmueble en lugar de, como sucede hasta ahora, por su precio de adquisición (dado que los valores de los inmuebles tienden a revalorizarse, aunque sea en términos nominales, con el tiempo, a todos los efectos constituía una subida impositiva). El respeto a la propiedad privada —principio exquisitamente liberal— prevalece.

En definitiva, aunque California suele ser vista como un estado profundamente de izquierdas, a la hora de la verdad ha terminado impugnando lo que en España constituiría buena parte del programa económico de Podemos: no a la discriminación 'positiva', no al control de alquileres, no a la hiperregulación laboral de los 'riders', no a nuevos impuestos sobre la propiedad. Bienvenido sea este freno al avance del intervencionismo estatal en uno de los estados más intervencionistas de EEUU.