El IAJD lo siguen pagando los hipotecados, no la banca

En demasiadas ocasiones, los políticos se obsesionan con reescribir leyes económicas que no entienden. Les desagrada que los precios de ciertos productos suban, que se destruya empleo, que los salarios se estanquen o que la vivienda se vuelva inaccesible para los jóvenes, pero, en lugar de analizar rigurosamente cuáles son las causas subyacentes que explican tales desafortunados fenómenos, prefieren dictar normativas simplonas y superficiales que solo consiguen perpetuar el problema de fondo pero, eso sí, su apariencia. En lugar de generar riqueza, maquillan la pobreza.

Un ejemplo bastante ilustrativo de esta práctica ha sido el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Después de que el pleno del Supremo ratificara que formalmente el IAJD ha de ser sufragado por los deudores hipotecarios y no por los bancos, Pedro Sánchez, ya entonces presidente del Gobierno, anunció a bombo y platillo un cambio legislativo para que “nunca más los españoles paguen este impuesto: lo pagará la banca”. La proclama, empero, no dejaba de ser una impotente declaración de buenas intenciones: nuestros políticos cuentan con la capacidad para decretar quién debe ingresar un determinado impuesto al fisco (en este caso, o los hipotecados o el banco), pero no para establecer quiénes cargarán con su coste económico una vez las interacciones económicas hayan concluido.

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E. Sanz

Por ejemplo, si la demanda de hipotecas es más inelástica que su oferta (es decir, si los hipotecados son menos sensibles a los cambios en los tipos de interés efectivos que los bancos), entonces serán los hipotecados quienes terminarán pagando el grueso del IAJD por mucho que formalmente la obligación recaiga sobre la banca. A la postre, que la banca empiece a cargar con el IAJD cuando no venía haciéndolo puede llevarla a que intente trasladar ese nuevo sobrecoste a su clientela con mayores tipos de interés (“o me pagáis más intereses en la hipoteca o no os concedo la hipoteca”), y a la clientela podría no quedarle otro remedio que aceptar esas nuevas condiciones, especialmente si su demanda de financiación hipotecaria es poco sensible a los precios (“acepto pagar mayores tipos de interés porque deseo profundamente comprarme una vivienda y no cuento con fuentes alternativas de financiación”).

Que todo esto pudiera suceder era algo bastante conocido por la teoría económica más elemental. Sin embargo, muchos ciudadanos decidieron colocarse una venda en los ojos porque, con posterioridad a la medida gubernamental, los tipos de interés de las hipotecas siguieron cayendo. Por tanto, parecía que en esta ocasión no había habido consecuencias adversas: los bancos comenzaron a pagar el IAJD y no lo trasladaron en forma de mayores intereses a sus clientes. Nótese, sin embargo, que semejante razonamiento resulta incorrecto: lo relevante no es si los intereses bajaron o subieron después de la medida, sino si bajaron tanto como lo habrían hecho en ausencia de la medida. A la postre, lo mismo es bajar de 20 a 10 y después subir a 13 que bajar de una vez de 20 a 13.

Si los políticos de verdad hubiesen deseado que los españoles dejáramos de pagar el IAJD, habrían suprimido tal tributo. Pero no buscaban eso

Los primeros indicios ya nos sugerían que el IAJD sí se había trasladado a los ciudadanos, dado que la evolución de los tipos hipotecarios en España había divergido apreciablemente de la del resto de Europa. Pero hace unos días confirmamos tales sospechas: los economistas Gabriel Jiménez, David Martínez-Miera y José Luis Peydró han estimado que, en efecto, los tipos de interés se incrementaron como consecuencia del cambio legislativo que obligaba a la banca a hacerse cargo del IAJD. En particular, los tipos de hipotecarios pasaron a ser diez puntos básicos (0,1%) superiores a lo que habrían sido en ausencia de ese cambio fiscal, lo que supone que los bancos recuperaron el 80% del impuesto a costa de sus deudores: los clientes más perjudicados fueron, además, los que contaban con menor renta (y, por tanto, cabe pensar que también disponían de menores opciones alternativas para conseguir financiación). A tal conclusión han llegado los autores comparando la evolución de los tipos hipotecarios en el País Vasco (donde no hubo cambio legislativo alguno en el IAJD) con los tipos de interés del resto de España (controlando, eso sí, las características individuales que podrían explicar las diferencias en los costes de financiación).

En definitiva, si los políticos de verdad hubiesen deseado que los españoles dejáramos de pagar el IAJD, habrían suprimido tal tributo. Pero no era eso lo que buscaban, sino empeorar la visibilidad de nuestro sistema tributario: que los contribuyentes siguieran abonando el IAJD, pero sin ser consciente de que lo estaban haciendo. El parasitismo perfecto se da cuando el huésped no sabe que está siendo parasitado.