Una propuesta realista y liberal para reformar el sistema de pensiones

20/11/2020 05:00

Adelantado en

Si a los liberales nos dieran a escoger entre un sistema de pensiones de reparto y un sistema de capitalización, a buen seguro escogeríamos el de capitalización, por cuanto resulta mucho más respetuoso con la libertad personal y con la propiedad privada de los ciudadanos (amén de incentivar conductas que facilitan la viabilidad a largo plazo de las pensiones). Pero, por desgracia, en la actualidad no podemos escoger desde cero: hemos de tomar decisiones dentro de un contexto donde la mayoría de las cartas ya están marcadas en favor del sistema público de reparto. No por libre decisión de los individuos que participan en él, sino por arbitraria imposición política.

Y en ese contexto que no hemos podido escoger, pero que tampoco podemos modificar libérrimamente en el corto-medio plazo, la cuestión es qué medidas podemos implementar que, ampliando nuestra libertad individual, permitan a la vez avanzar en la sostenibilidad de un sistema actualmente insostenible. A este respecto, tres 'think tanks' liberales agrupados bajo la plataforma Pension Reform Now —el Instituto Juan de Mariana, la Fundación Civismo y la Fundación Friedrich Naumann— han unido esfuerzos para elaborar un informe en el que se propone un decálogo de recetas para reformar la Seguridad Social española combinando libertad y sostenibilidad. ¿Cuáles son esas recetas?

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Primero, no actualizar las pensiones automáticamente al IPC. Aunque los autores del informe no abogan por regresar al índice de revalorización de las pensiones de 2013 (más por falta de apoyo popular que por su inconveniencia técnica), sí rechazan la trampa de aumentar año tras año las pensiones según el índice general de precios. Otros factores, como la evolución de los salarios y de las cotizaciones sociales, deberían ser tomados en consideración a la hora de revalorizar (o no) las pensiones anualmente.

Segundo, unificación de todos los regímenes de la Seguridad Social dentro del régimen general (incluyendo el de las clases pasivas del Estado), pero sin perjudicar a los trabajadores autónomos, permitiéndoles escoger su propia base de cotización como sucede hasta la fecha. Se trataría, pues, de trasladar el principio de igualdad jurídica a las condiciones de acceso a la Seguridad Social.

Tercero, reformas paramétricas que permitan asegurar la sostenibilidad financiera del sistema: aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta comprender toda la vida laboral (si bien permitiendo a los trabajadores excluir los cinco o 10 peores años) y elevar desde 37 a 45 años el número de ejercicios cotizados para cobrar el 100% de esa base reguladora.

Dadas las reformas paramétricas anteriores, el factor de equidad intergeneracional tendría que ser el mismo que en el año 2013

Cuarto, poner en marcha el factor de equidad intergeneracional que diseñó la reforma de 2013 para ajustar la pensiones de los nuevos pensionistas a los incrementos de la esperanza de vida, de modo que, con una misma cotización, todos los trabajadores reciban las mismas contraprestaciones a lo largo de su jubilación. Ahora bien, dadas las reformas paramétricas anteriores, el factor de equidad intergeneracional no tendría que ser exactamente el mismo que en 2013: dado que gran parte del ajuste del sistema ya se logra con las medidas anteriores, el factor podría ser más laxo y ajustable.

Quinto, flexibilizar la edad de jubilación, otorgando autonomía al trabajador para decidir a qué edad quiere retirarse (entre, por ejemplo, los 60 y los 75 años). Es perfectamente factible otorgar esta libertad de elección al trabajador, dado que las reformas paramétricas y el factor de equidad intergeneracional penalizarían las jubilaciones muy tempranas y bonificarían las más tardías: jubilarse a los 60 implicaría no percibir el 100% de la base reguladora y, además, experimentar un recorte por el lado del factor de equidad intergeneracional (puesto que esa persona cobraría la pensión durante muchos más años que alguien con idéntica esperanza de vida, pero que se jubilara a los 75). Al final, este mecanismo, junto a las reglas anteriores, funcionaría de un modo muy similar a las famosas cuentas nocionales suecas.

Sexto, proporcionar información a los mayores de 50 años sobre cuál es la pensión que previsiblemente van a cobrar al jubilarse y, sobre todo, cómo variaría esta si el trabajador tomara diferentes cursos de acción (jubilarse a los 60, jubilarse a los 75, aumentar la base de cotización en el caso de los autónomos…). Idealmente, esta información debería remitirse anualmente por carta, aun cuando estuviera disponible 'online' para empujar al cotizante a leerla y a reflexionar sobre ella.

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Séptimo, habilitar a cada trabajador a que destine varios puntos de sus cotizaciones sociales a financiar un plan de empresa que debería ser suplementado con aportaciones adicionales de la propia compañía. Sería, por consiguiente, una transición muy parcial hacia un sistema de capitalización vía desenganche voluntario del sistema público.

Octavo, crear una 'sicav para todos' —esto es, una supercuenta de ahorro personal— donde se bonifiquen fiscalmente el ahorro y la inversión a largo plazo en diferentes activos que contribuyan a reforzar la posición financiera de los pensionistas durante su jubilación. Esta es una reforma clave para ir complementando la transición voluntaria hacia un sistema de capitalización (o, al menos, hacia un sistema mixto), pero, a diferencia de la propuesta anterior, sin hacerlo a costa de las cotizaciones sociales que van a parar al sistema público.

Noveno, reorganizar las cuentas de la Seguridad Social —ingresos y gastos— para aumentar la transparencia contable de este organismo y, por tanto, facilitar su fiscalización por parte de los ciudadanos.

Se trata de 10 reformas razonables que, si bien no constituirían una revolución en la Seguridad Social, sí la reformarían progresivamente

Y décimo, mantener la contributividad del sistema, esto es, no ir avanzando por la puerta de atrás hacia un sistema previsional de corte asistencial. Para ello, habría que dejar de erosionar el poder adquisitivo de las pensiones altas (actualizándolas cada año tanto como las bajas) y, sobre todo, no desvincularlas de la evolución de las bases máximas de cotización: si la cotización máxima se destopa, la pensión máxima también debería destoparse.

En definitiva, se trata de 10 reformas razonables que, si bien no constituirían una revolución de nuestra Seguridad Social, sí la reformarían progresivamente en la dirección de garantizar su sostenibilidad ampliando la libertad financiera de los españoles. Si en la oposición quedara algún partido que valorara el liberalismo para algo más que para abusar propagandísticamente de tal etiqueta ideológica, ese partido tomaría muy en consideración el presente documento frente a la batalla que se avecina dentro del Pacto de Toledo para reformar el sistema público de pensiones.