Por un acuerdo de ultramínimos en educación

Durante las últimas cuatro décadas, España ha tenido ocho leyes generales de educación: Loece, LODE, Logse, Lopeg, LOCE, LOE, Lomce y ahora la Lomloe, esto es, la famosa ley Celaá. Pablo Casado ya ha anunciado que tan pronto como alcance la Moncloa derogará la presente ley general de educación y, aunque Iglesias podría tener razón en eso de que la derecha jamás regresará al Ejecutivo central en España, no es imposible que eso termine sucediendo en unos pocos años. O dicho de otro modo, nuestro país estrena ley educativa más o menos cada cinco años y no parece que las cosas vayan a cambiar en el futuro (pues cuando Casado saque adelante su ley, la izquierda querrá echarla por tierra cuando regrese al poder).

Teniendo en cuenta que la etapa de educación obligatoria dura 10 años en España, se entenderá que reformar y contrarreformar la educación cada lustro termine sometiendo a los estudiantes a una profunda inestabilidad respecto a sus planes de estudio y a la orientación misma del sistema de enseñanza en su conjunto. Al respecto, suele apelarse a que las distintas fuerzas políticas no conviertan a los menores en víctimas de sus refriegas electoralistas y a que, por tanto, alcancen un amplio acuerdo en materia educativa que coloque las bases de un marco duradero.

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Sin embargo, semejante exhortación peca de ingenuidad: en muchos aspectos, las diferencias dentro de nuestro arco parlamentario resultan absolutamente irreconciliables. ¿Es posible poner de acuerdo a Ciudadanos y ERC con respecto a la lengua vehicular o a la historia de España? ¿A Podemos y a Vox sobre si hay que incluir valores feministas (y qué valores feministas) en las aulas? ¿Al PP y al PSOE sobre el rol de la religión en los planes de estudio? Pretender que se alcance un punto intermedio en estos asuntos es una absoluta quimera, porque o se imponen completamente los unos o se imponen completamente los otros: no hay una imposición intermedia y grisácea que pueda contentarlos a todos.

Existe, sin embargo, una alternativa que probablemente no satisfaga a ningún grupo político, pero que, por ello mismo, sí debería ser potencialmente aceptada por todos ellos: que no se imponga nadie y que, por tanto, sean los tutores legales de los menores los que, conjuntamente con unos centros escolares mucho más autónomos de lo que lo son en la actualidad, decidan qué tipo de educación desean ofrecer a sus hijos. ¿Lengua vehicular en castellano o en catalán? Que cada escuela ofrezca su opción y que cada familia escoja. ¿Feminismo en las aulas o no? Que cada escuela ofrezca su opción y que cada familia escoja. ¿Religión evaluable o no? Que cada escuela ofrezca su opción y que cada familia escoja.

Solo si se constituyera una mayoría parlamentaria estable, esta mutación continua de las leyes educativas podría tocar a su fin

No hay ninguna razón de peso para que todos los estudiantes españoles estén sometidos a una misma regulación educacional omnicomprensiva. La propia ley podría, y debería, dejar espacios muchísimo más amplios para que diferentes personas escojan diferentes caminos. La regulación, en consecuencia, debería restringirse no ya al mínimo, sino a un ultramínimo imprescindible que sí pueda ser consensuado por la totalidad o la práctica totalidad de las fuerzas políticas (por ejemplo, qué conocimientos de matemáticas o de comprensión lectora mínimos debe haber alcanzado un alumno al concluir la enseñanza obligatoria).

Si, en lugar de ampliar el espacio moral de los ciudadanos para que puedan escoger su propia educación (o la de sus hijos), continuamos por la senda de imponer a todos el modelo educativo que querríamos para mí y para mis hijos (y, en ocasiones, ni siquiera eso: dado que el ataque socialista a la concertada es compatible con que muchos de ellos la usen con preferencia a la pública), entonces el conflicto será irresoluble. Las leyes educativas irán reproduciéndose según vayan cambiando las mayorías parlamentarias y los menores seguirán sufriendo las consecuencias de un sistema educacional inestable. Solo si se constituyera una mayoría parlamentaria estable, ya sea de izquierdas o de derechas, que fuera capaz de imponer sobre el conjunto de la población su intrusivo modelo de enseñanza, esta mutación continua de las leyes educativas podría tocar a su fin (pero, en ese caso, lo haría a costa de no respetar las preferencias de las minorías, como sucede con la lengua vehicular en Cataluña).

En definitiva, del mismo modo que la forma de reducir los enfrentamientos entre personas es el respeto mutuo, respetemos que hay formas plurales de educar a nuestros menores y que no hay por qué imponer ninguna de ellas sobre el resto. El pacto por la educación ha de ser un pacto de no agresión: “Tú puedes educar a tus hijos como consideres preferible a cambio de que yo pueda educar a los mios como considere mejor”.