Contra las otras puertas giratorias
Mucho más sentido tendría empezar restringiendo las puertas giratorias desde organismos independientes del Gobierno hacia cargos gubernamentales
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Janet Yellen, la anterior presidenta de la Reserva Federal, ocupará el cargo de secretaria del Tesoro en la nueva Administración Biden. Al parecer, el demócrata estaba totalmente decidido a que un antiguo cargo de la Reserva Federal ocupara el puesto: otros nombres que barajaban las casas de apuestas eran Roger Ferguson, antiguo vicepresidente de la Fed, o Lael Brainard y Sarah Bloom Raskin, antiguos miembros del consejo de gobierno de la Fed. Algo similar había hecho previamente, por cierto, Obama, quien en su primer mandato nombró secretario del Tesoro a Timothy Geithner, quien entonces ocupaba la presidencia de la Reserva Federal de Nueva York.
Aunque en parte puede resultar comprensible que Biden busque economistas con amplios conocimientos, experiencia y reconocimiento social dentro del colectivo de aquellos que han dirigido, o codirigido, organismos públicos tan gigantescos e influyentes sobre la economía como son los bancos centrales, la noticia tiene una segunda lectura bastante menos positiva: que se esté normalizando la transición de profesionales desde la banca central al Gobierno contribuye a minar la independencia del banco central frente al Gobierno. No solo porque Yellen, como secretaria del Tesoro, va a tener un rol decisivo a la hora de influir a Biden sobre los posibles nuevos nombramientos en la Fed (incluso sobre la continuidad de su actual presidente, Jerome Powell), sino porque si los altos cargos de los bancos centrales empiezan a incorporar entre sus objetivos de política monetaria el satisfacer a gobiernos demócratas o republicanos para acaso promocionar en el futuro dentro de sus respectivas administraciones, entonces los políticos habrán adquirido una nueva y poderosa herramienta para influir sobre los bancos centrales: a saber, comprar la voluntad de los banqueros centrales con contraprestaciones políticas futuras.
¿Que el presidente de un determinado partido necesita una política monetaria expansiva para generar un 'miniboom' justo antes de las elecciones y salir reelegido? Pues el presidente de la Fed le concede ese favor a cambio de que en el futuro sea nombrado secretario del Tesoro. O al revés, ¿qué el candidato de un determinado partido necesita una 'minicrisis' económica justo antes de las elecciones para que el actual presidente no revalide en el cargo? Pues el presidente de la Fed se lo concede a cambio de futuras promociones políticas.
El problema no es, desde luego, exclusivo de EEUU: en España, también nos hemos acostumbrado a esta insana puerta giratoria desde instituciones presuntamente independientes a cargos políticos. En el actual Gobierno, por ejemplo, hay tres exmagistrados: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo. ¿Hasta qué punto pudieron mantener la neutralidad política en su ejercicio como jueces si ya poseían la ambición, y la expectativa, de formar parte de un Gobierno socialista? O todavía peor: el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asumió el cargo mientras todavía era presidente de la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. ¿Hasta qué punto las opiniones y los informes que emitió este organismo no se vieron seriamente influidos por la expectativa ministerial? Cuando la AIReF nos dijo que el desequilibrio de la Seguridad Social no era tan grave como algunos lo pintaban y que, por tanto, podía solventarse incluso reindexando las pensiones al IPC, tal como proponía Pedro Sánchez, ¿estaba hablando la AIReF como organismo técnico o como plataforma política del futuro ministro Escrivá? Cuando la AIReF avaló 'grosso modo' el anteproyecto de Presupuestos de 2019, señalando que sus estimaciones de recaudación coincidían en general con las del Gobierno socialista, ¿estaba hablando la AIReF como organismo técnico o como plataforma política del futuro ministro Escrivá?
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Las dudas a este respecto son, como poco, razonables. Especialmente, viendo lo rápido que los ministros Grande-Marlaska, Robles, Campo o Escrivá se han colocado los ropajes políticos y han estado dispuestos, en ocasiones, a adoptar discursos que han rozado lo propagandístico o lo populista. Si contamos con organismos independientes del poder político, no deberíamos consentir que el poder político coopte esos organismos independientes por la puerta de atrás, comprando las voluntades de sus dirigentes a cambio de dinero, estatus o poder.
De ahí que, al igual que muchos proponen una fuerte restricción de las puertas giratorias desde la Administración a la empresa privada, mucho más sentido tendría empezar restringiendo las puertas giratorias desde organismos independientes del Gobierno hacia cargos gubernamentales. Por buenos profesionales que puedan ser Yellen, Campo, Grande-Marlaska, Robles o Escrivá, los gobiernos deberían renunciar a ellos en aras de mantener, en el fondo y en las formas, la independencia de los organismos que han integrado: y si los gobiernos carecen de semejante sentido común, la ley debería poner coto a esta práctica. Existen grandes profesionales en muchos ámbitos cuya elección para un cargo político no supone socavar la independencia de organismos cuya razón de ser es actuar como contrapeso del Gobierno de turno.