La generación maldita también cargará con el ajuste de las pensiones

La semana pasada, el Esade Center for Economic Policy y la Fundación Friedrich Neumann publicaron un informe sobre cómo la generación nacida entre 1985 y 1995 ha sufrido el impacto de una doble debacle económica con su incorporación al mercado laboral: la crisis financiera que arrancó en 2008 y la crisis del coronavirus que estamos ahora mismo experimentando. Como consecuencia de ello, esta cohorte de trabajadores no ha tenido, en términos generales, la oportunidad de incorporarse a empleos estables y de calidad, sino que ha alternado el paro con los contratos precarios, redundando todo ello en una escasa formación dentro del ámbito empresarial y, por tanto, en salarios estructuralmente menores. Por ejemplo, en comparación con los trabajadores de la generación previa, la nacida entre 1975 y 1984, sus ingresos acumulados al cumplir 33 años son hasta un 16% inferiores.

Menores salarios significan menor capacidad de ahorro y, por tanto, menor capacidad de acumulación patrimonial. Esto resulta especialmente cierto en un contexto como el español, donde la principal opción de inversión entre la mayoría de ciudadanos es la vivienda y en el que los precios del mercado inmobiliario se han disparado como consecuencia de la restricción de la oferta. Tal como ya expusimos en su momento, ingresos menguantes y viviendas encareciéndose en un clima de moderación crediticia suponen la receta perfecta para excluir de la propiedad a la inmensa mayoría de jóvenes (y, en todo caso, para descapitalizar a quienes consigan comprar un inmueble hipotecándose).

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Dada la complicada situación laboral, patrimonial y, en última instancia, personal que están atravesando muchos de estos jóvenes, uno esperaría que la política no les pusiera todavía más palos en las ruedas de su porvenir económico. Dado que los hemos machacado no solo con dos crisis económicas brutales —que, en todo caso, cabría alegar que no podíamos hacer nada para evitarlas—, sino sobre todo mediante un mercado dualizado por una legislación laboral que protege a los indefinidos con antigüedad y desprotege a los nuevos aspirantes, o mediante la limitación política de la oferta de vivienda que alimenta el rentismo de los antiguos propietarios a costa de las opciones de adquisición de los nuevos compradores, sería deseable no maltratarlos todavía más.

Pero sí, nuestra clase política aún se guardaba un as en la manga para acabar de apuntillarlos. Según se nos acaba de filtrar, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende elevar el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones desde los últimos 25 años de vida laboral a los últimos 35: incorporar más y peores años al cómputo contribuirá a rebajar la base reguladora y, por tanto, la pensión percibida.

Y es que, si todo discurre según lo esperado, los trabajadores nacidos entre 1985 y 1995 comenzarán a jubilarse en el año 2052, esto es, en plena crisis demográfica de España. Una crisis demográfica que todos sabíamos que iba a llegar, pero que todos los políticos —incluyendo, no lo olvidemos, al ministro Escrivá— negaron que fuera a ser problemática. Pero sí, sí lo será, y por eso hacen falta esos nuevos recortes que ahora el Gobierno comienza a anunciar. Así que ya saben: salarios bajos, patrimonio propio escaso y pensiones recortadas. Ese es el pasado, presente y futuro de la generación 1985-1995.

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Acaso se alegue, empero, que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el rejonazo propinado contra los futuros pensionistas: que la demografía es incontrolable y no hay otra que hacer ajustes para adaptarnos a ella. Y ciertamente cabe celebrar que el Ejecutivo haya abandonado la fase de negación absoluta del problema y haya comenzado a plantear soluciones efectivas. Pero no ocultemos su responsabilidad real en este desaguisado.

A la postre, en el año 2013 se aprobó un mecanismo, el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que pretendía repartir el ajuste necesario del sistema entre la presente generación de pensionistas y las futuras. Para ello, se desvinculaban las pensiones del IPC mientras la Seguridad Social siguiera exhibiendo déficit: pero, al parecer, la presión en las calles y en las urnas de más de nueve millones de pensionistas empujó a nuestros políticos arribistas a cargarse el IRP, lo que equivale a eximir a los jubilados actuales de todo ajuste a costa de sobrecargárselo a los jubilados futuros, esto es, a la generación de 1985-1995.

Al Gobierno, como es obvio, le resulta mucho más fácil recortar hacia el futuro que trasladar parte del ajuste al presente: y es que, por desgracia, con sus muchos más inmediatos problemas, la generación de 1985-1995 no se movilizará en las calles para exigir un cambio de rumbo. Será dentro de tres décadas cuando descubran que no solo se les dificultó el acceso a un buen empleo o a una vivienda barata, sino que, además, la coalición de electores que lo propició fue la misma que quiso descargar el grueso del tijeretazo del sistema público de pensiones sobre sus hombros. Solidaridad intergeneracional, ya saben.