¿Quién ha financiado las vacunas?

La semana pasada, la BBC publicó una infografía en la que se nos indicaba que prácticamente todo el gasto para el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 había procedido del sector público. Por ejemplo, se nos decía que dos tercios de los desembolsos de Pfizer-BioNTech o de AstraZeneca eran estatales (y, de hecho, que el otro 33% de gastos de AstraZeneca era de organizaciones no gubernamentales, dejando en nada el papel de la empresa privada). Rápidamente, varios políticos, periodistas, lobistas y economistas de izquierdas se lanzaron a propagar por redes sociales la infografía blandiéndola como la prueba irrefutable de la superioridad del sector público sobre el sector privado. En realidad, sin embargo, esta consigna siempre fue tramposa por dos razones.

Primero, que aun cuando el Estado pudiera tener una clarísima ventaja en la financiación del desarrollo de vacunas, no tendría por qué poseerla en todos los otros restantes bienes. A la postre, la fórmula de una vacuna —en ausencia de patentes— posee características similares a las de un bien público, a saber, no exclusividad (la información es pública y puede ser copiada) y no rivalidad en el consumo (cualquiera podría usar esa información para producir unidades del bien sin por ello reducir las posibilidades de aprovechamiento ajeno). Que el mercado —en ausencia de otras instituciones complementarias— puede ser ineficiente a la hora de proveer bienes públicos no constituye ninguna sorpresa, pero resultaría tramposo tratar de extender esa misma lógica a los muy mayoritarios bienes privados.

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Segundo, lo que podría ilustrar el éxito de la financiación pública de farmacéuticas privadas a la hora de desarrollar rápidamente vacunas es, en todo caso, que la colaboración público-privada constituye un mecanismo muy eficiente de generación de nuevo conocimiento. Al cabo, las vacunas aprobadas hasta la fecha en Occidente no han sido desarrolladas en centros estatales por funcionarios públicos: lo han sido por grandes corporaciones privadas y por científicos contratados por esas farmacéuticas. Extrañamente, sin embargo, los mismos que pretendían utilizar el caso de las vacunas como la prueba definitiva de la superioridad general del Estado sobre el mercado luego son extremadamente reacios a la hora de extender esa misma estrategia de colaboración público-privada a otros ámbitos como las escuelas, los hospitales o las infraestructuras.

Ahora bien, el mayor problema de la famosa infografía de la BBC no ha sido ninguno de los anteriores, sino que resultaba ser falsa. Pocos días después de publicarla, la cadena la rectificó y en la nueva versión el rol de la financiación de las empresas privadas cobra muchísima más importancia: por ejemplo, la financiación pública en AstraZeneca y Pfizer-BioNTech se ubica en apenas el 15% del total (aunque sigue siendo muy alta en otras como la de Moderna).

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Haríamos mal, sin embargo, en pretender llegar precipitadamente a una conclusión diametralmente opuesta a la anterior: estas cifras tampoco demuestran que la financiación pública haya sido del todo irrelevante para disponer de vacunas en un tiempo récord. Cabría la posibilidad de que, sin financiación pública, las vacunas no se hubiesen llegado a desarrollar (aunque cuesta crear que una empresa como Pfizer, con una capitalización bursátil de 200.000 millones de dólares, hubiese tenido dificultades para aportar unos 500 millones de dólares más al proyecto de vacuna, supliendo así toda la financiación estatal recibida por BioNTech) o que se hubiesen desarrollado, pero mucho más tarde (cuando el tiempo es crucial en una coyuntura como esta).

A su vez, también hay que tener presente que el principal incentivo a invertir tan masivas cantidades de dinero por parte de las farmacéuticas puede haber residido en la protección monopolística que les confieren las patentes, un instrumento que muchos cuestionamos dentro del libre mercado, pero que acaso resulte imprescindible para casos especiales como este. Por el contrario, sin embargo, uno también debería tener presente que la práctica totalidad de los costes vinculados al desarrollo de la vacuna deriva de las exigencias estatales para demostrar que cualquier fármaco que llegue al mercado no solo es inocuo, sino también eficaz: con un grado de perfeccionismo ligeramente inferior, no solo rebajaríamos sustancialmente el coste de su desarrollo, sino que lo habríamos acelerado muy sustancialmente.

Sea como fuere, y a la luz de los datos actualizados sobre la financiación de las distintas vacunas, lo que sí podemos decir es, primero, que la dirección del proceso de desarrollo de estos fármacos le ha correspondido esencialmente a la empresa privada; segundo, que en dos de las tres vacunas aprobadas hasta el momento en Occidente, la financiación también ha sido de un modo mayoritario no estatal, y tercero, que la financiación estatal puede haber sido relevante a la hora de posibilitar el desarrollo privado de alguna vacuna (Moderna) o de acelerar el de las otras en un contexto, eso sí, de altísimos costes regulatorios por la legislación supergarantista impuesta por los propios Estados.