'Youtubers' en Andorra: ¿insolidarios y antipatriotas?
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Juan Ramón Rallo

Laissez faire

'Youtubers' en Andorra: ¿insolidarios y antipatriotas?

Ojalá fuéramos lo suficientemente respetuosos con la libertad individual como para no meterle a nadie la mano en el bolsillo sin su consentimiento

placeholder Foto: El 'youtuber' ElRubius, en Sitges. (EFE)
El 'youtuber' ElRubius, en Sitges. (EFE)

Un creciente número de 'youtubers' está mudándose a Andorra para evitar los muy altos impuestos de España: no en vano, nuestro tipo marginal máximo en el IRPF es del 47%, mientras que en el Principado solo alcanza el 10%. Y cada vez que alguno de ellos comunica su muy legítima decisión de marcharse del país, parte de la opinión pública enfurece descalificándolo como insolidario o antipatriota: los hay que incluso exigen algún tipo de regulación que prohíba estas emigraciones por motivos tributarios. Se trata, empero, de acusaciones y de peticiones sin un fundamento moral sólido.

Primero: aun dejando de lado la cuestión de si podemos calificar el pago de impuestos como solidario (si uno está obligado a pagar, ¿cómo sabemos que lo hace por solidaridad?), lo que sí resulta incuestionable es que solidaridad no tiene por qué ser equivalente a solidaridad ilimitada. Que determinados ciudadanos consideren que la carga fiscal que están soportando (entre el 40%-50% de sus ingresos) resulta una exacción excesiva con respecto a la porción de sus ingresos que sí estarían dispuestos a entregar al resto de la población (en realidad, al Estado) no los vuelve insolidarios: simplemente, no los vuelve tan 'solidarios' (o sumisos) como algunos creen que deberían ser. Pero no queda claro cuál es el umbral a partir del que sí cabría considerarlos solidarios: si están dispuestos a entregar el 20% de sus ingresos, pero no el 40%, ¿son insolidarios? ¿Y si aceptan el 40%, pero no el 60% o el 80%? Al parecer, solidaridad equivale a sometimiento al 'imperium' estatal, no a la genuina voluntad de ayudar al prójimo.

Foto: ElRubius.

Segundo, aunque el término patriotismo puede tener muchas acepciones distintas, convertirlo en equivalente a estatismo resulta a todas luces un exceso. Una persona puede amar su 'patria' (sea esto lo que sea) y sentirse profundamente maltratada por el Estado que se arroga la soberanía sobre esa patria. Incluso, llegado el caso, podría sentirse profundamente maltratada por esa misma patria. No solo se marchan de su país quienes desdeñan su 'patria', sino también aquellos que se sienten desdeñados por esa patria. De nuevo, reclamar un sacrificio potencialmente ilimitado en favor de España de quien diga amar España (o cualquier otra posible patria) resulta claramente abusivo de lo que podría llegar a significar la querencia por tu país: amar tampoco equivale a amar ilimitadamente.

Quienes reclaman restricciones a la emigración de estos (u otros) profesionales están pidiendo, sin más, instituir una cárcel en nuestro país

Y tercero, quienes reclaman restricciones a la emigración de estos (u otros) profesionales están pidiendo, sin más, instituir una cárcel en nuestro país. Resulta debatible si un Estado debería dejar cruzar la frontera a todo aquel que así lo desee (personalmente, tengo una visión favorable a la libertad de entrada, mas sería objeto de otra discusión), pero de lo que no debería haber ninguna duda es de que un Estado sí debería permitir que sus ciudadanos salgan de sus fronteras. Lo contrario equivaldría a secuestrarlos con el espurio objetivo de parasitarlos.

De hecho, la reflexión a efectuar debería ser la inversa: el Estado español, y todos aquellos que apoyan entusiastamente su actual estructura tributaria, debería plantearse en qué está fracasando para que profesionales bien remunerados opten por marcharse al extranjero. Cuando un Estado no es capaz de retener a su población y atraer a la población extranjera (ya sea por falta de oportunidades laborales, por bajos salarios, por mala calidad de vida, por falta de servicios esenciales, por una tributación confiscatoria...), ese Estado está fracasando en establecer un marco institucional inclusivo, esto es, un marco en el que todas las personas sientan que pueden impulsar sus propios proyectos de vida. Si, por ejemplo, los tipos marginales máximos sobre el IRPF están repeliendo profesionales, tal vez habría que pensar en modificarlos para retener y atraer talento.

Foto: El Rubius, en una imagen de archivo. (Getty)

Diré más: ¿por qué motivo preferimos que una persona se marche de España (de modo que perdemos no solo su base imponible sino también la aportación de valor que podría generar dentro de nuestra sociedad) en lugar de permitirle que se quede en España, pero con un régimen fiscal más favorable (de modo que perderíamos parte de su base imponible, pero no su aportación personal de valor a nuestra sociedad)? Solo caben dos razones: o para elevar el coste de dejar de pagar impuestos (“si quieres rebajar tu factura tributaria, afronta el elevado coste personal que supone el exilio”) o para promover una selección interna de los ciudadanos más dóciles hacia el poder político (“que se vayan los que no quieran pagar impuestos y que solo queden dentro del país aquellas personas con vocación de súbdito”). Pero cualquiera de ambos motivos pone de manifiesto nuestra radical intolerancia social hacia aquellos que no comparten el modo de vida que ciertos colectivos desean imponerles desde el Estado: sería como si, en una sociedad de integristas cristianos, se planteara que el exilio es la única alternativa que hay que dejar abierta a quienes se nieguen a abrazar el cristianismo.

En definitiva, aunque sería muy preferible que fuéramos lo suficientemente respetuosos con la libertad individual como para no meterle a nadie la mano en el bolsillo sin su consentimiento, es positivo que se visibilice el fanatismo estatalizador de una sociedad que prefiere condenar al ostracismo a los 'traidores' que se niegan a pagar tantos impuestos como los establecidos unilateralmente por el Estado antes que respetar la vida, la libertad y la propiedad de cada una de las personas.

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