Las transferencias directas han de ser mediante rebajas de impuestos

El Gobierno dice estar planteándose aprobar un nuevo plan de ayudas para empresas por importe de 11.000 millones de euros. Sin embargo, desconocemos por entero los detalles de su propuesta: no sabemos si se tratará de otra ronda de financiación laxa para las compañías en dificultades, de quitas sobre los créditos ICO previamente concedidos o incluso de un programa de transferencias directas a fondo perdido.

Desde el punto de vista presupuestario, la opción menos comprometedora para el Estado sería suministrar un nuevo manguerazo de créditos blandos, dado que se trataría de una expansión de los pasivos públicos acompañada de un aumento de los activos públicos (el Estado adquiriría créditos reembolsables contra el sector privado). Pero, a la vez, esa es la opción que menos beneficiaría a las empresas en dificultades: si, tras un año de pandemia y de cierre económico, muchas de ellas están al borde de la descapitalización, de poco les servirá que les suministren más financiación. Su problema ya no es tanto de liquidez cuanto de solvencia, es decir, de unos pasivos que están cerca de superar en valor los activos: y, por consiguiente, acrecentar todavía más sus deudas no contribuirá a recapitalizarlas.

Por tanto, si de verdad se quiere proporcionar oxígeno al tejido empresarial, el plan de Sánchez debería consistir o en quitas o en transferencias directas. Lo primero disminuiría los pasivos y lo segundo aumentaría los activos corporativos: en ambos casos, estaríamos ante una recapitalización real del tejido productivo. Ahora bien, el problema más importante de esta medida, más allá de sus implicaciones presupuestarias, que tampoco son desdeñables; es el riesgo de inyectar dinero público en compañías que no solo son inviables hoy (por las excepcionales condiciones de la pandemia), sino que seguirán siendo inviables mañana, aun en el optimista escenario de que dejemos la pandemia plenamente atrás.

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Nacho Alarcón. Bruselas

Recordemos que, como ya tuvimos ocasión de explicar hace algunas semanas, resulta harto probable que, durante el periodo pospandemia, nuestros hábitos de consumo cambien de manera estructural. Las primeras encuestas de que disponemos sobre esta cuestión parecen indicar que en torno al 10%-15% de los ingresos de sectores como las aerolíneas, la hostelería, el transporte de personas, los centros comerciales o los salones de belleza se verán permanentemente afectados. Eso significa que parte de las empresas que hoy se hallan en 'stand by', esperando que concluya la pandemia, no sobrevivirán cuando esta termine (o al menos no lo harán en su forma actual). Otorgar ayudas públicas a estas compañías inviables (ya sea en forma de quitas o de transferencias) puede implicar no solo una dilapidación del dinero del contribuyente, sino que, sobre todo, puede retrasar el imprescindible ajuste de la estructura productiva al insuflar capital a las unidades no rentables para que se 'resistan' a la reestructuración durante más tiempo.

O dicho de otra forma, las transferencias públicas de capital inyectadas de manera indiscriminada en el tejido empresarial pueden terminar 'zombificándolo', esto es, manteniendo en funcionamiento empresas no rentables que deberían dejar de existir o al menos reestructurarse de manera profunda. Pero, al mismo tiempo, también es cierto que sin inyecciones de capital puede haber muchas empresas viables que terminen echando el cierre por los daños excepcionales sufridos durante la pandemia. La cuestión, por consiguiente, debería ser cómo insuflar capital al sector empresarial sin 'zombificarlo'.

Las transferencias públicas de capital inyectadas de manera indiscriminada en el tejido empresarial pueden terminar 'zombificándolo'

Y, en este sentido, la regla de oro debería ser bastante sencilla: el Estado no debería dedicarse a seleccionar ganadores y perdedores porque, simplemente, no es capaz de hacerlo (no cuenta con la suficiente información para ello). Deberíamos, por tanto, buscar otro mecanismo que permita que las empresas se autoseleccionen a la hora de recibir las ayudas; que aquellas que vayan a ser viables las reciban y aquellas otras que vayan a desaparecer no las reciban. ¿Cuál puede ser ese mecanismo? Una rebaja/exención temporal (por ejemplo, durante una década) en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF para las empresas y los autónomos más afectados por la pandemia.

De este modo, únicamente recibirán la transferencia de renta —en forma de menor exacción fiscal— aquellas personas físicas o jurídicas que posean modelos de negocio viables con capacidad de generar beneficios en un mundo pospandemia: los autónomos o las empresas cuyos modelos de negocio hayan quedado caducos por los cambios en los hábitos de consumo no serán artificialmente rescatados por el sector público, dado que si no generan beneficios futuros, tampoco obtendrán ninguna rebaja en las cuotas a pagar al fisco.

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Javier G. Jorrín

Es cierto que esta medida tiene un inconveniente potencial: no resuelve los problemas de liquidez actuales (quienes hoy no cuenten con beneficios, no recibirían ninguna inyección de liquidez inmediata), pero ese es un problema compartido con la opción aparentemente preferida por el Gobierno de aprobar una ronda de quitas. De hecho, si una empresa se recapitaliza a través de la rebaja impositiva prospectiva, la propia compañía podrá solicitar financiación bancaria —contra ese mayor capital propio— si es que tiene necesidades de liquidez.

En definitiva, recapitalizar aquella parte del sector empresarial que sea viable a largo plazo, pero que esté experimentando problemas de solvencia en el corto plazo, puede ser una política razonable —especialmente para aquellas pymes que no cuenten con acceso al mercado de capitales—, pero debería efectuarse con una rebaja extraordinaria en el impuesto sobre sociedades para evitar la 'zombificación' de aquella otra parte del sector empresarial que, si bien también está experimentando dificultades en la actualidad, no volverá a ser viable en el largo plazo.