¿Cuál es el auténtico plan de la comisión de expertos de Hacienda?

Los objetivos principales de esa comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español que acaba de crear el Ministerio de Hacienda son tres: incrementar la fiscalidad sobre las empresas, explorar nuevas formas de tributación sobre la riqueza y estrechar nuestro diferencial de ingresos públicos con respecto a la eurozona. Sería un enorme error, sin embargo, pensar que la consecución del tercer objetivo pasará por lograr los dos primeros: a saber, que bastará esencialmente con aumentar la imposición que recae sobre grandes empresas y grandes patrimonios para recaudar tanto como está recaudando ahora mismo la eurozona.

Para comprobarlo, basta con acudir a la última edición del 'Taxation Trends in the European Union', que recoge datos de 2018: durante ese año, la eurozona obtuvo unos ingresos fiscales equivalentes al 40,5% de su PIB, mientras que España cosechó unos del 34,7% del PIB. Es decir, una diferencia de 5,8 puntos de PIB que suponían unos 70.000 millones de euros. Pero ¿a qué se debe ese notable diferencial?

Si acudimos a los ingresos que proceden de gravar el capital (donde se incluyen tanto la recaudación derivada de beneficios empresariales como la del patrimonio), veremos que nuestra brecha con respecto a la eurozona apenas asciende a dos décimas de PIB: en particular, España obtiene por este epígrafe el equivalente al 8,3% del PIB, mientras que la eurozona logra el 8,5% del PIB. Y si optamos por desagregar esta partida, verificaremos que España solo recauda cuatro décimas menos en concepto de impuesto sobre sociedades (2,5% del PIB versus 2,9%) y que ya está recaudando seis décimas más por impuestos sobre la propiedad (3,2% frente a 2,6%). ¿Y por qué recaudamos dos décimas menos en el epígrafe global si recaudamos más por impuestos sobre la propiedad de lo que dejamos de recaudar por sociedades? Pues porque, en la eurozona, también se extraen más recursos de los autónomos: en particular, el 2,1% del PIB frente al 1,4% de España. En otras palabras, equipararnos con la eurozona en materia de tributación sobre el capital supone subir los impuestos a los autónomos (que eso es, de hecho, lo que busca Escrivá con su reforma del sistema de cotización).

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Javier G. Jorrín

Pero si la fiscalidad sobre el capital solo explica dos décimas de los 5,8 puntos de diferencial recaudatorio con Europa, ¿de dónde surgen los otros 5,6 puntos? Por un lado, de la fiscalidad sobre el consumo: la eurozona recauda por este concepto el 10,9% del PIB, frente al 9,6% de España (1,3 puntos de diferencia). Por otro, de los impuestos que recaen sobre los trabajadores: la eurozona extrae de ellos el 21,1% del PIB, frente al 16,8% de España (4,3 puntos de diferencia). Es decir, que el grueso de la diferencia entre España y la eurozona no reside en los gravámenes que pesan ni sobre las empresas ni sobre los patrimonios, sino sobre el consumo y los trabajadores.

Y no pensemos, en este sentido, que la diferencia de 4,3 puntos de PIB en recaudación por ingresos del trabajo se debe a que las rentas salariales más altas pagan impuestos mucho más elevados en la eurozona que en España: no, esa no es la parte mollar de la brecha (recordemos que, al respecto, la subida impositiva a las rentas más altas aprobada en 2021 por PSOE y Podemos apenas se espera que reporte el equivalente al 0,01% del PIB). No, el grueso de la diferencia se debe a que los ingresos salariales medios en la eurozona son más altos que en España y, por tanto, una misma escala de tipos impositivos en el IRPF proporciona en Europa recaudación proporcionalmente más elevada que en España. O expresado de otra forma, para recaudar tanto como ellos, pero con salarios más bajos, deberíamos implementar una escala de tipos impositivos más elevada que la actual, especialmente para rentas medias y rentas bajas.

En definitiva, aunque el Gobierno pretende trasladar a la opinión pública el confuso mensaje de que nos acercaremos recaudatoriamente a la eurozona persiguiendo con más saña a ricos y grandes empresas, lo cierto es que, si la comisión de expertos apuesta verdaderamente por equipararnos con Europa, quienes más lo sufrirán serán la mayoría de consumidores, asalariados y autónomos.