Eliminar beneficios fiscales ineficientes no implica subir la presión fiscal al conjunto de la población, puesto que pueden abrogarse beneficios fiscales a cambio de rebajas de tipos
La supresión del régimen de tributación conjunta, así como la pseudo-rectificación táctica del Gobierno antes de las elecciones madrileñas, ha sorprendido a muchos de los que habían creído ingenuamente en la promesa socialista de que tan solo se incrementarían los impuestos a los más ricos. En este sentido, recordemos que, con los últimos datos disponibles, 3,5 millones de contribuyentes (más de 1,5 millones de familias) se acogen a esta reducción y el 95% de los mismos cuenta con unos ingresos anuales inferiores a 60.000 euros.
El Gobierno finalmente no suprimirá la tributación conjunta en el IRPF
Haríamos mal en pensar, sin embargo, que la supresión del régimen de tributación conjunta será el único sablazo que terminará perpetrando el Gobierno contra los contribuyentes españoles. A este respecto, y como ya indicamos en anteriores ocasiones, el documento de referencia para conocer por dónde vendrán los garrotazos tributarios es el 'Spending Review' de la AIReF sobre beneficios fiscales. Es en ese valioso texto donde la AIReF analiza la eficacia de distintos beneficios fiscales y efectúa propuestas respecto a su continuidad y reformulación.
De este modo, aquellos beneficios fiscales que la AIReF considera ineficaces o de eficacia no concluyente constituyen los principales candidatos para canalizar el agresivo aumento de la presión fiscal que pretenden perpetrar PSOE y Podemos durante los próximos años. ¿Y cuáles son esos beneficios?
Reducción por tributación conjunta: con un coste estimado de 2.393 millones de euros, la AIReF propone acelerar su desaparición porque desincentiva la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social: con un coste de 1.643 millones de euros (en realidad, 450 millones, una vez tenemos en cuenta los efectos del diferimiento fiscal), la AIReF reclama su total reformulación (que no eliminación), por cuanto no se ha mostrado eficaz. Pero tanto PSOE como, sobre todo, Podemos han buscado eliminarla por entero desde hace años.
Deducción por donativos: con un coste de 469 millones de euros, la AIReF no es capaz de evaluar si realmente consigue el objetivo de fomentar las donaciones. Siendo de utilidad incierta, y constituyendo una vía de desgravaciones fiscales para 'los ricos', es otro posible candidato a desaparecer de nuestra normativa tributaria.
Diferencia impositiva diésel/gasolina: con un coste de 1.162 millones de euros, la AIReF pide adecuarla a los nuevos estándares y objetivos de política medioambiental, algo que el Ejecutivo lleva varios años tratando de hacer con el famoso 'dieselazo'.
Tipos reducidos del IVA del 4% y del 10%: con un coste de 17.787 millones de euros, aquí reside la auténtica madre del cordero de cualquier reforma fiscal que pretenda incrementar apreciablemente la recaudación dentro de España. La AIReF propone una completa reformulación de esta escala de gravámenes, dado que, en muchos casos, termina beneficiando a rentas altas. En esencia, se trataría de minorar muy intensamente el número de productos sometidos a los tipos superreducido y reducido, algo que dispararía los ingresos del fisco.
En total, pues, estamos hablando de más de 22.000 millones de euros (el 2% del PIB) en beneficios fiscales que ahora mismo están en el punto de vista extractivo de la Moncloa: 22.000 millones de euros que no procederían, ni mucho menos, de los bolsillos de los más ricos, sino del conjunto de la población española (pobres, clases medias y ricos), por el simple motivo de que no existen tantas grandes fortunas dentro de nuestro país como para incrementar significativamente los ingresos del Estado.
La argucia que a buen seguro empleará el Gobierno para justificar esta nueva mentira política a su electorado es que el análisis de la AIReF y del recientemente creado comité de expertos para la reforma fiscal aconseja la supresión, por ineficientes, de todos los antedichos beneficios fiscales. Llegado ese momento, deberíamos evitar caer en las redes de su propaganda: que los anteriores beneficios tributarios sean ineficientes y que por ello acaso convenga eliminarlos no equivale a que la presión fiscal deba aumentar dentro de España. Un liberal bien podría apoyar tal simplificación de nuestro sistema impositivo —supresión de gran parte de las exenciones, reducciones y bonificaciones— al tiempo que reclama que todo el resultante incremento de la recaudación se destine a rebajar los tipos impositivos generales de tales impuestos, de tal manera que la reforma fiscal sea neutra en términos recaudatorios.
Así pues, no nos dejemos emborrachar por la aparente sofisticación técnica con que el Gobierno envolverá su rapiña fiscal: eliminar beneficios fiscales ineficientes no implica necesariamente subir la presión fiscal al conjunto de la población, puesto que pueden abrogarse beneficios fiscales a cambio de rebajas de tipos. Escudarse en las razones técnicas que podrían amparar lo primero para justificar las sinrazones ideológicas de lo segundo será la trampa que nos tenderá el Gobierno para avalar el sablazo fiscal que viene.
