Tres mentiras alrededor de la rebaja del IVA de la luz
Durante años, PSOE y Podemos estuvieron envenenando a la población con el mensaje de que la luz subía y subía porque las eléctricas se estaban forrando
Ni este ni ningún otro Gobierno pueden hacer demasiado por bajar el precio de la electricidad en el corto plazo (al menos, sin subsidiarlo a costa del contribuyente). Por un lado, el coste de la energía se determina por factores que son ajenos al control del Ejecutivo: el precio internacional del gas y el precio de los derechos de emisión de CO₂, cuya oferta controla Bruselas. Por otro, los peajes y recargos de política energética son o costes fijos del sistema (el coste del transporte y de la distribución) o hipotecas pasadas que deberemos seguir pagando durante al menos 10 años (la deuda tarifaria y las primas a las renovables). El único margen real con que cuenta es destinar parte de los ingresos extraordinarios que va a recibir por los derechos de emisión de CO₂ para abaratar algunos componentes de la factura (como los peajes) o para bajar impuestos (como por ejemplo el IVA). Por tanto, al Ejecutivo no se le pueden pedir milagros, pero sí se le puede pedir que al menos no nos mienta.
El Gobierno baja el precio de la luz del 21% al 10%
Recordemos que, durante años, PSOE y Podemos estuvieron envenenando a la población con el mensaje de que la luz subía y subía porque las eléctricas se estaban forrando; que bastaba con que llegara al poder un Gobierno suficientemente valiente como para poner firmes a estas grandes corporaciones para finalmente abaratar de un modo muy sustancial la factura eléctrica de los hogares. Pero tales promesas se han mostrado ilusorias: no porque este Gobierno no se atreva a poner firmes a las eléctricas (hace unos días, las castigó con un rejonazo de 1.000 millones de euros anuales), sino porque el problema fundamental del alto precio de la electricidad no reside ahí, sino en los factores que previamente hemos mencionado.
La reducción del IVA del 21% al 10% no deja de ser el reconocimiento de esta impotencia presente y de sus mentiras pasadas. Tan es así que el propio proceso de rebaja del IVA ha venido acompañado de un conjunto de mentiras, embustes, manipulaciones y medias verdades que conviene poner de manifiesto.
Primera mentira: que Bruselas no permitía esta rebaja del IVA desde el tipo general al tipo reducido. Claramente, no hay ningún impedimento a que sobre la electricidad recaiga un tipo reducido del 10% (otros países europeos aplican el tipo reducido a la luz). Sí es cierto, en cambio, que Bruselas nos viene reprochando desde hace tiempo que España abusa de la figura del tipo reducido, pero eso no significa que debamos mantener la actual distribución de bienes entre las distintas categorías del IVA: por ejemplo, podríamos regresar el 'IVA cultural' al 21% y bajar permanentemente el IVA de la electricidad al 10%.
Segunda mentira: que rebajar el IVA de la electricidad implicaba recortes en el estado de bienestar. Cuando en enero no tocaba bajar el IVA, desde Podemos se construyó un llamativo discurso que hoy no han tenido más remedio que deglutir. Por ejemplo, Pablo Echenique nos decía: “Sorprende el campañote para bajar el IVA de la luz. ¿Sabéis por qué? Porque bajar el IVA no les cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia”. Es cierto que una merma de recaudación ha de ser financiada de algún modo (o más deuda, u otras subidas de impuestos o recortes del gasto), pero tal financiación no tiene por qué producirse a costa de la sanidad, la educación o la dependencia. Si fuera así, ¿nos está queriendo decir ahora Echenique que su Gobierno recortará estos servicios estatales?
Hay que bajar el IVA de la luz para que baje la factura inmediatamente.
Y hay que crear una empresa pública de energía para que el oligopolio no reabsorba esta bajada del IVA en beneficios de las eléctricas y vuelva a subir los precios.
Y tercera mentira: no estamos ni mucho menos ante una 'conquista social' duradera, por mucho que una parte del Gobierno pretenda hacérnoslo creer. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz: “Mientras el PP subió el IVA de la electricidad al 21%, uno de los más altos de la UE, este Gobierno lo bajará al 10%. La luz no es un lujo, sino un bien común”. Extrañas declaraciones, habida cuenta de que el IVA seguirá en el 21% para aquellos hogares con potencia contratada por encima de 10 kW o para todos si el coste de la energía desciende por debajo de los 45 euros por MWh o para todos en cualquier caso a partir del 1 de enero de 2022. Si tan malo es que la electricidad esté gravada a un tipo general del 21%, ¿por qué este Gobierno no convierte en permanente la bajada? ¿Por qué, en suma, quiere establecer en 2022 el mismo IVA de la electricidad que estableció Rajoy 10 años antes? ¿Y por qué Echenique nos decía en enero que era muy social que el IVA de la electricidad se ubicara en el 21%?
En definitiva, estamos ante una mera operación cosmética. El Gobierno quiere una electricidad cara (para moderar su demanda y las emisiones de CO₂) y una recaudación abundante (para incrementar, o al menos no recortar, el gasto). En enero, dejaron bien claro que no deseaban reducir el IVA, pero ahora se han visto empujados a hacerlo por la presión social contra un encarecimiento de la factura de la luz tras tantos años de mentiras de PSOE y Podemos. Tan pronto como tengan ocasión, volverán a colocar el IVA al 21%: que sea un bien común o un bien de lujo les da igual. Lo que buscan es maximizar la extracción tributaria manteniendo a raya la desafección social.
Ni este ni ningún otro Gobierno pueden hacer demasiado por bajar el precio de la electricidad en el corto plazo (al menos, sin subsidiarlo a costa del contribuyente). Por un lado, el coste de la energía se determina por factores que son ajenos al control del Ejecutivo: el precio internacional del gas y el precio de los derechos de emisión de CO₂, cuya oferta controla Bruselas. Por otro, los peajes y recargos de política energética son o costes fijos del sistema (el coste del transporte y de la distribución) o hipotecas pasadas que deberemos seguir pagando durante al menos 10 años (la deuda tarifaria y las primas a las renovables). El único margen real con que cuenta es destinar parte de los ingresos extraordinarios que va a recibir por los derechos de emisión de CO₂ para abaratar algunos componentes de la factura (como los peajes) o para bajar impuestos (como por ejemplo el IVA). Por tanto, al Ejecutivo no se le pueden pedir milagros, pero sí se le puede pedir que al menos no nos mienta.
