Calviño, ¿garante de la reforma laboral de 2012?

Se atribuye a Nadia Calviño la clara advertencia a Pedro Sánchez y al resto de ministros —cuando todavía era vicepresidenta tercera del Ejecutivo— de que “el Gobierno que derogue la reforma laboral será uno en el que yo no esté”. A partir de hoy, Calviño no solo seguirá formando parte de ese Gobierno, sino que lo hará como la persona con mayor rango después del presidente. El mensaje que ha decidido lanzar Sánchez a los cinco de Unidas Podemos —y, más en concreto, a Yolanda Díaz— debería admitir pocas interpretaciones: se ha decapitado a Carmen Calvo como gesto de apaciguamiento ideológico con Podemos en materia de Igualdad, pero se asciende a Calviño como símbolo de lo irrenunciable de ciertas materias defendidas con uñas y dientes por la ministra de Economía.

Recordemos, en este sentido, que la reforma laboral de 2012, si bien fue aprobada por el Partido Popular, realmente fue redactada en sus líneas fundamentales por la Comisión Europea: una Comisión Europea de la que entonces formaba parte, como directora general de Presupuesto de la Comisión Europea (DG BUDG), la propia Nadia Calviño. Y recordemos, a su vez, que la Comisión Europea, en el reciente documento mediante el que aprobaba el plan de reformas español, dejó muy claro que esa aprobación quedaba condicionada al mantenimiento de los elementos esenciales de la reforma laboral de 2012: “El último informe sobre España ha recalcado la necesidad de preservar los elementos de la reforma laboral de 2012-2013 que jugaron un papel importante a la hora de promover la recuperación rica en creación de empleo que empezó en 2014”.

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Si Sánchez ha nombrado vicepresidenta primera a Calviño para que exista una fluida interlocución con Bruselas durante los próximos dos años, que estarán indudablemente marcados por el desembolso tutelado de sus 70.000 millones de euros, no parece que tenga mucho sentido empañar la buena sintonía de esa interlocución con el ruido de una contrarreforma laboral que molestaría tanto a Calviño como a los eurócratas de la Comisión.

Máxime si, además, Bruselas no solo pidió, en el antedicho documento, que cualquier contrarreforma laboral mantuviera los aspectos clave de la reforma de 2012, sino que también exigió que se desarrollara “con respeto pleno al diálogo social y como parte de un enfoque más amplio que contemple la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo para permitir una recuperación rica en empleo”. Pero mete aquí que, al respecto, acaba de aparecer otra piedra en el camino de la derogación total ambicionada, y prometida a su electorado, por Podemos: la radical negativa de la CEOE y Cepyme a consensuar la contrarreforma laboral que, ahora mismo, Yolanda Díaz les está poniendo encima de la mesa. Ambas organizaciones patronales, en un comunicado conjunto, afirmaron hace escasos días que la propuesta de Trabajo es, “en todos sus elementos, regresiva e intervencionista, restando capacidad a la negociación colectiva”; incluso deslizan que perseverar en la actual propuesta pondría en juego “en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia”.

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En definitiva, si bien es seguro que habrá algún tipo de reforma laboral, puesto que ese ha sido el compromiso que hemos alcanzado con la Comisión y a eso ha ligado Unidas Podemos su capital político, cada vez se complica más que vaya a ser una reforma que aniquile los aspectos esenciales del texto vigente desde 2012. No solo porque la aprobación del plan de reformas español otorgue un derecho de veto a la patronal que esta ya ha comenzado a ejercer, sino porque el ascenso de Calviño a la vicepresidencia primera del Gobierno concede plenos poderes sobre la dirección última de la misma a quien ya amenazó en el pasado con dimitir si se sobrepasaban ciertas líneas rojas. Ojalá en esta guerra Calviño gane y Díaz pierda.