El mercado laboral deja atrás lo peor de la crisis

Los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de este año son indudablemente positivos. El número de ocupados ha aumentado en 465.000 personas, el segundo ritmo más elevado de los últimos años (solo superado, y por poco, por el segundo trimestre de 2018); de hecho, si analizamos los flujos de entrada al mercado laboral (la creación bruta de empleo), esta ha ascendido a 1,55 millones de personas (apreciablemente por encima de los registros de 2018).

Es verdad que el descenso de la tasa de paro ha sido más bien mediocre (apenas 110.000 personas menos, frente a las caídas unas tres veces mayores entre 2015 y 2018), pero el motivo detrás de esta aparente mediocridad no es en absoluto negativo: la población activa ha crecido en 355.000 personas, más del doble de lo que lo hizo en 2018. Parece que la reactivada coyuntura económica está animando a cada vez más españoles a buscar empleo, y aunque las empresas también están demandando cada vez más trabajadores, no son capaces de seguir completamente el ritmo.

El empleo creció en 464.900 personas en el segundo trimestre y 210.800 trabajadores salieron de los ERTE

Javier G. Jorrín

Probablemente el dato que refleje de un mejor modo el dulce momento que estamos empezando a vivir sea que la tasa de paro se ubica en el 15,26%, solo ligeramente por encima de la que exhibíamos hace justo dos años (14,02%). No es que estemos ante una evolución laboral absolutamente excepcional en el mundo desarrollado (la tasa de paro en todos los países ricos se halla cerca de los niveles prepandemia e, incluso en algunos lugares, por debajo), pero al menos no nos hemos quedado descolgados. Conforme hemos arrinconado al virus —gracias esencialmente al avance de la vacunación, donde nuestro país ha hecho avances muy considerables, merced al aumento de la producción de las farmacéuticas y a las mejoras logísticas de las autonomías—, también hemos podido normalizar la vida económica y, al hacerlo, el empleo ha ido regresando con fuerza.

No obstante, en aras de un mayor realismo, conviene que también seamos conscientes de las limitaciones que contienen las cifras anteriores. De entrada, los trabajadores que se hallan en ERTE y con perspectiva de reincorporarse a su empleo son contabilizados como ocupados: a cierre de junio, fueron casi 450.000, de modo que si se incluyeran todos ellos como parados (algo que también tendría sus problemas metodológicos), la tasa de paro se ubicaría en el 17,2%. Acaso una mejor forma de tomar en consideración la influencia de los trabajadores en ERTE sea recurrir al dato de horas trabajadas por semana: 637,2 millones en el segundo trimestre de este año frente a los 646,3 millones del segundo trimestre de 2019, es decir, una caída del 1,4%.

Si descontáramos las horas trabajadas en el sector público, la caída respecto a 2019 sería desde 545 millones de horas trabajadas a 529

Ahora bien, el dato debe ser adicionalmente corregido, dado que durante los dos últimos años ha habido un intenso proceso de creación de empleo público (de casi 250.000 trabajadores) que se ha traducido en un incremento considerable del número de horas trabajadas (de 101,3 millones de horas trabajadas por semana a 108,3 millones). Si descontáramos las horas trabajadas en el sector público, la caída respecto a 2019 sería desde 545 millones de horas trabajadas a 529, esto es, un descenso de casi el 3%. No obstante, sigue siendo una cifra muy positiva en relación con la magnitud del hundimiento del PIB que hemos experimentado.

Convendría, eso sí, evitar extraer excesivos paralelismos entre la presente crisis y la de 2008. Por muchos errores de gestión que se cometieran hace más de una década —como retrasar cuatro años la aprobación de una reforma laboral que dotara de cierta flexibilidad interna a nuestro mercado de trabajo, o como poner en cuestión la supervivencia del euro desatando una devastadora fuga de capitales—, el fondo (y los tiempos) de las crisis no tenía nada que ver. En 2008 vivimos una crisis de modelo productivo que terminó convirtiéndose en una crisis financiera; en 2020 vivimos una crisis sanitaria que abocó a una suspensión de la actividad productiva. El cierre permanente por bancarrota empresarial no es lo mismo que el cierre transitorio por fuerza mayor: y como tal debe ser analizada nuestra experiencia reciente frente al colapso duradero experimentado entre 2008 y 2013. Quedará pendiente, en cualquier caso, hacer inventario de los costes extraordinarios que ha tenido esta crisis, tanto en materia de descapitalización privada como de sobreendeudamiento público: la digestión de todas esas heridas deberemos asumirla en el largo plazo.