El Gobierno rebaja la factura eléctrica con endeudamiento

La reforma energética del Gobierno dirigida a abaratar el precio de la electricidad y del gas bien podría calificarse de “pan para hoy y hambre para mañana”. A la postre, lo que pretende el Ejecutivo es reducir artificialmente el coste de la energía hoy a costa de aumentar la factura durante los próximos años. Así, los tres pilares de esta reforma son 1) la rebaja desde el 5,1% al 0,5% del impuesto especial a la electricidad; 2) la práctica congelación de la tarifa de último recurso del gas, y 3) el recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, en un importe cercano a los 3.000 millones de euros, para rebajar correspondientemente la parte de los peajes del recibo de la luz. Pero cada una de estas tres medidas engordará nuestra factura futura.

Primero, la rebaja del impuesto especial a la electricidad desde el 5,1% al 0,5% supondrá un incremento del déficit público de alrededor de 1.000 millones de euros, dado que el Ejecutivo no tiene pensado recortar el gasto público. Menos recaudación y mismos desembolsos estatales equivalen a mayor deuda, que tendrán que abonar los contribuyentes futuros (entre los que estarán, claro, los consumidores eléctricos).

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Segundo, el Gobierno limitará a un 4,6% el incremento de la tarifa de último recurso del gas (que debería haberse aumento un 29% en este cuarto trimestre, atendiendo a la evolución de los precios internacionales de este combustible fósil) no condenando a que las comercializadoras vendan a pérdida, sino dejándolas a deber a futuro la parte del recibo no cobrada. A efectos prácticos, por tanto, el Gobierno está inaugurando la deuda tarifaria en el recibo del gas: la misma mala práctica aplicada por Aznar y Zapatero en el mercado eléctrico y cuyas repercusiones todavía estamos pagando hoy (no en vano, la amortización de la deuda tarifaria es uno de los conceptos que figuran en nuestra factura de la luz). Huelga decir que todo déficit de tarifa —sea eléctrico o gasista— tiene efectos perversos sobre el mercado: los consumidores no reaccionan ante el aumento del precio del gas (restringiendo su consumo) y las comercializadoras se hinchan a ganar dinero (porque cobran diferidamente el gas a los precios actuales, pero venden un volumen de gas propio de precios más bajos).

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Y tercero, el recorte de los llamados 'beneficios caídos del cielo' puede conllevar efectos indeseados tanto en el corto como en el medio plazo. A corto plazo, todas aquellas centrales (hidroeléctricas, fotovoltaicas o eólicas) que ya tengan comprometida la generación eléctrica a un precio fijo en lo que resta de año y en 2022 tenderán a reducir el suministro de energía. Y es que, si en los meses pasados se cerró un precio de venta del MWh de 50-60 euros y el Gobierno las obliga, en función de los precios actuales del mercado mayorista, a devolver 120 o 130 euros por cada MWh que viertan a la red, directamente estarían vendiendo a pérdidas. Las nucleares no podrán disminuir su oferta a corto plazo (si bien ya han anunciado su intención de hacerlo si esta regulación persiste), pero las hidroeléctricas y muchas renovables sí: y, en ese caso, nuestra dependencia del gas se incrementaría y los costes del sistema eléctrico crecerían aún más. A medio plazo, recordemos que las eléctricas han amenazado con llevar a los tribunales al Gobierno por este cambio retroactivo de las concesiones de explotación de sus centrales, y si salieran victoriosas (no sería, de hecho, la primera vez), todo lo que les quitemos ahora para abaratar la luz a corto plazo… deberemos devolvérselo en el futuro. Nuevamente, pues, patada hacia adelante: trasladar gastos del presente al futuro para que Pedro Sánchez pueda colgarse la medalla de que ha abaratado ligeramente el precio de la electricidad.

En los tres casos, no solo estamos hablando de medidas coyunturales y no estructurales ('parches', en su acepción más coloquial), sino de medidas que enmascaran la dolorosa realidad presente con deuda que nos tocará pagar en el futuro: en un futuro donde quizá Sánchez ya no ocupe la Moncloa y en el que, por tanto, deba comerse otro la patata caliente de sus irresponsables compromisos televisivos.