Por qué Yolanda Díaz debería dimitir
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Juan Ramón Rallo

Laissez faire

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Por qué Yolanda Díaz debería dimitir

Si Yolanda Díaz ha firmado con Bruselas algo que como líder de Unidas Podemos no debería haber firmado, tiene dos opciones: o abandonar el liderazgo de UP o dimitir como ministra

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE)

Argumentaba José Antonio Zarzalejos en estas mismas páginas que, hasta el momento y más allá de si la medida tiene sentido económico o no, quien lleva razón en la negociación intragubernamental a propósito de la contrarreforma laboral es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La razón es sencilla: en el acuerdo de gobierno, se pactó explícitamente derogar la reforma laboral y, de hecho, se nombró ministra del ramo a Yolanda Díaz para ejecutar esa tarea. Y, ciertamente, si la película terminara en ese punto, Unidas Podemos tendría razón en sus reivindicaciones: no hay margen de dudas sobre cuál fue el compromiso de ambas formaciones políticas en materia laboral.

Pero hay un problema: desde que ambos partidos consensuaron su acuerdo de gobierno, esos mismos partidos han adquirido, como Gobierno, nuevos compromisos que maniatan a ambas formaciones políticas. Me refiero, muy en particular, al contrato que el Gobierno de España —y, por tanto, también Yolanda Díaz— ha suscrito con el Consejo de la Unión Europea para recibir los famosos 140.000 millones de euros por los que tanto se aplaudió a Sánchez (y que, ya en su momento, anticipamos que se terminarían convirtiendo en un corsé para las aspiraciones de Podemos).

Modernizar versus derogar

El Gobierno de España —y, por tanto, también Yolanda Díaz— remitió al Consejo de la Unión Europea un borrador del plan de recuperación y resiliencia que el propio Consejo enmendó en varios puntos como requisito para su aprobación definitiva y, por tanto, para liberar los fondos. Una de esas enmiendas se referiría, precisamente, al procedimiento que debía seguirse para aprobar la contrarreforma laboral:

Varias reformas del mercado laboral que figuran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia siguen dependiendo de los resultados del proceso de diálogo social, por lo que aún no se ha perfilado su diseño definitivo. Estas reformas deben formar parte de un paquete global que apoye la creación y la redistribución del empleo y aborde la segmentación del mercado laboral. Los hitos deben especificar que estas reformas han de llevarse a cabo en el respeto del diálogo social y en el contexto de un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral. Esto se aplica, en particular, al nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización y a la reforma de la negociación colectiva [negritas añadidas].

Foto: La vicepresidanta Yolanda Díaz, junto al vicepresidente de la CE, Vladis Dombrovskis. (EFE)

Es decir, el Consejo está exigiendo al Gobierno de España que añada, entre sus compromisos de reformas (hitos), que el cambio normativo en el mercado de trabajo habrá de respetar el diálogo social. El Gobierno de España podría haberse negado a incluir esa cláusula —a cambio, claro, de renunciar a los fondos—, pero finalmente optó por incluirla. Así, y tras la enmienda aceptada por el Gobierno de España —y, por tanto, también por Yolanda Díaz—, los compromisos C23.R8 y C23.R9 rezan lo siguiente:

Respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y de seguridad en el mercado laboral, entrada en vigor de la modificación de determinadas disposiciones del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para mejorar normas legales que regulan la negociación colectiva [negritas añadidas].

Respetando el diálogo social y como parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y de seguridad en el mercado laboral, entrada en vigor de la modificación de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para mejorar los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas [negritas añadidas].

Foto: La ministra portavoz, Isabel Rodríguez. (EFE)

Por supuesto, Yolanda Díaz querrá interpretar que ha respetado el diálogo social por el mero hecho de haberse reunido y de haber hablado con los agentes sociales, aun cuando no haya alcanzado ningún acuerdo con ellos. Pero convendremos en que el significado de ese “respetando el diálogo social” admite interpretaciones al menos tan legítimas y razonables como esa. Una de ellas, la de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para quien no puede aprobarse ninguna reforma laboral que no cuente con el plácet de sindicatos y patronal.

En su momento, ya advertimos de que esta condición suponía otorgar un derecho de veto sobre la reforma laboral a la patronal. Pero es que ese parece ser el sentido en el que también lo interpreta la Comisión Europea. En el documento de trabajo de la Comisión que acompaña a la propuesta del Consejo, cuando se reflexiona sobre "la necesidad de asegurar que la reforma prevista en el componente 23 [mercado de trabajo] se lleve a cabo con total respeto del diálogo social [recalquemos lo de total respeto]", se añade una nota a pie de página (número 35) en la que podemos leer:

El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014 [negritas añadidas].

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Es decir, que no debe aprobarse ninguna reforma laboral que atente ni contra el diálogo social ni contra los ejes centrales de la reforma laboral de 2012.

Como decíamos al comienzo, PSOE y Unidas Podemos podrán haber adquirido entre ellos unos compromisos, pero, a su vez, los miembros de PSOE y de Unidas Podemos dentro del Gobierno de España se han comprometido con el Consejo de la Unión Europea a algo bastante distinto: o, al menos, a algo que introduce condiciones muy claras acerca del procedimiento de derogación de la reforma laboral. Si la ministra Yolanda Díaz ha firmado con Bruselas algo que como líder de Unidas Podemos no debería haber firmado, entonces tiene dos opciones: o abandonar el liderazgo de Unidas Podemos —cumpliendo sus compromisos con Bruselas e incumpliendo sus compromisos con Unidas Podemos— o dimitir como ministra de Trabajo para así no tener que incumplir desde el ministerio lo firmado con Bruselas. Su posición —y la del resto de miembros de Unidas Podemos dentro del Gobierno— exigiendo no cumplir aquello que ellos mismos se han comprometido a cumplir es insostenible.

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