¿Ha fracasado el sistema de pensiones de Chile?

El líder de la coalición de izquierdas (incluyendo la extrema izquierda), Gabriel Boric, será el próximo presidente de Chile. El antiguo cabecilla estudiantil buscará multiplicar el tamaño del Estado, y achicar el de la sociedad civil, en áreas tan variadas como la sanidad, la educación, los cuidados y las pensiones. Precisamente, una de las decisiones más radicales de Boric se adoptará en este último apartado: poner punto final al sistema privado de pensiones de Chile y reemplazarlo por uno público de reparto. La razón que supuestamente justificaría tal vuelco institucional sería el fracaso del modelo de capitalización para ofrecer pensiones decentes a los chilenos. Pero ¿realmente es así?

A simple vista, si observamos las tasas de sustitución dentro de la OCDE, parece que desde luego sí. La tasa de sustitución en Chile (el porcentaje de los ingresos laborales que termina recibiendo una persona como pensión durante su jubilación) se ubica en uno de los niveles más bajos de toda la OCDE: 31,2% para los hombres y 28,8% para las mujeres, cuando el promedio de la OCDE es del 51,8% para los hombres y del 50,9% para las mujeres. España, de hecho, disfruta de una de las tasas de sustitución más generosas de toda la OCDE: 73,9% para hombres y mujeres. Por consiguiente, y apenas apelando a este dato, bien podríamos zanjar ya el debate: el sistema de pensiones chileno ha sido un fracaso.

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Pero si llegáramos a semejante conclusión sin duda nos estaríamos precipitando: no en vano, el país andino también disfruta de una las cotizaciones sociales pensionales más bajas de toda la OCDE. Más en particular, las cotizaciones sociales en Chile son: 10% para las pensiones de jubilación (más una horquilla entre 0,47%-1,54% en concepto de comisión para las administradoras de los fondos de pensiones); 1,99% para el seguro de invalidez y sobrevivencia; 0,95% por el seguro de accidentes, y 7% para el seguro de salud. En España no contamos con esa misma división de cotizaciones, pero la cotización por contingencias comunes (que incluiría la pensión de jubilación, el seguro de invalidez y sobrevivencia y el seguro de accidentes) es del 28,3% y, a partir de 2023, pasará a ser del 28,9% porque los ingresos del sistema no cubren sus desembolsos. Es decir, y después de que el ministro Escrivá haya convertido los gastos de administración de la Seguridad Social en gastos impropios financiados no con cotizaciones sino con impuestos, el equivalente a la cotización por contingencias comunes en Chile sería del 12,94% frente al 28,9% de España.

Por consiguiente, en España se cotiza para pensiones de jubilación y asimiladas 2,23 veces más que en Chile. ¿Qué habría sucedido con las pensiones chilenas si sus trabajadores hubiesen cotizado para su jubilación tanto como los españoles? Pues que su tasa de sustitución sería 2,23 veces mayor: 69,5% para los hombres y 64,2% para las mujeres. Es decir, unos porcentajes muy similares a los de España. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, podría parecer que el sistema de retiro español es superior al chileno puesto que ofrece tasas de sustitución ligeramente mayores: mas no olvidemos que la tasa de sustitución española no será sostenible en el tiempo por el enorme déficit que ya sufre el sistema y que, por mera demografía, seguirá sufriendo durante las próximas décadas. La AIReF, por ejemplo, calcula que durante las próximas tres décadas la tasa de cobertura (definida como pensión media dividida entre salario medio) se reducirá en más de un 10%: trasladando ese mismo porcentaje a la tasa de sustitución de la OCDE, tendríamos que esta caería para España al 66,3%, esto es, tres puntos por debajo de la tasa equivalente que recibirían los hombres chilenos y dos puntos por encima de la que recibirían las mujeres.

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El problema de Chile, por consiguiente, no ha sido su sistema privado de pensiones, sino las bajas tasas de cotización (el escaso porcentaje de ahorro previsional) y, durante muchos años, la alta informalidad que ha llevado a muchos trabajadores chilenos a cotizar durante un número demasiado escaso de años. Ninguno de estos problemas se solventará transitando a un sistema público de pensiones. El propio Gabriel Boric es muy consciente de ello y por eso plantea, por un lado, crear una pensión básica universal de carácter no contributivo (financiada con impuestos, no con cotizaciones sociales) y, por otro, sufragar la pensión contributiva mediante un aumento de seis puntos en las cotizaciones sociales (un 60% más que ahora).

No, la estatalización de las pensiones privadas no es la solución a los problemas de Chile: es solo la excusa para que sus políticos ganen más poder y generen mayores redes clientelares.