Por qué el PP debería abstenerse con la reforma laboral

El Gobierno de PSOE-Podemos tiene un problema: conseguir aprobar en el Congreso una reforma laboral descafeinada que ha sido vendida a la ciudadanía como supercafeinada, pero que sus tradicionales socios políticos de izquierdas saben que no cambia prácticamente nada con respecto al 'statu quo'. Al respecto, y si suficientes de esos partidos no cambian de actitud, solo existen dos posibilidades para la dupla Sánchez-Díaz: o alterar sustancialmente la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal para recabar el apoyo del nacionalismo de izquierdas o, alternativamente, estrellarse en el Congreso con el NO a la convalidación.

Cualquiera de ambos escenarios supone un problema para Sánchez. En el primer caso, la CEOE se saldrá del acuerdo y la Comisión Europea, que nos ha exigido que cualquier reforma del mercado laboral respete las directrices del Semestre Europeo (bajo las cuales se articuló la anterior reforma laboral) y cuente con el consenso de los agentes sociales, fruncirá el ceño. En el segundo caso, la Comisión Europea también fruncirá el ceño (pues nos hemos comprometido con ella a aprobar alguna reforma del mercado laboral) pero, sobre todo, los votantes de PSOE y de Podemos se sentirán engañados: tras tantos años prometiéndoles que se iba a derogar la reforma laboral, les resultará un fiasco que ahora se les ofrezca un plato vacío por haberse negado a aprobar aquello que ellos mismos prometían aprobar hace dos telediarios.

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En este contexto, es evidente que el PP tiene la llave para solucionar las dificultades políticas que están atravesando tanto Sánchez como Díaz: si Casado se abstiene en el Congreso y permite que los síes de PSOE y Unidas Podemos superen los noes del resto de partidos, entonces el Gobierno logrará aprobar una reforma laboral del gusto de Bruselas, y PSOE y UP podrían venderles a sus votantes que han cumplido con su compromiso electoral.

Pero de momento no parece que Pablo Casado tenga la más mínima intención de abstenerse. La tentación de la oposición de dejar que el Gobierno se abrase en su propia hoguera es desde luego muy grande. A la postre, y en contra de lo que suelen pensar quienes mantienen una visión idealizada e ingenua de la política, los prohombres de la oposición (sean estos del PSOE o del PP) tienen como principal objetivo alcanzar el poder, no servir los más altos intereses de los ciudadanos. Y si, alimentando las contradicciones internas del Gobierno de coalición, se consigue desgastarlo, desacreditarlo y, en suma, destronarlo, tanto mejor para la oposición… aun cuando en ocasiones pueda ser tanto peor para el país.

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No en vano, en el caso que nos ocupa, la convalidación de la reforma laboral impulsada por PSOE y Podemos no sería una mala noticia: no tanto por las novedades que introduce (que, en general, son todas ellas pasos en la mala dirección) sino más bien por las que no introduce (muchas de las cuales son las que reclaman sus socios parlamentarios para brindar su apoyo). Facilitar la aprobación del texto de PSOE-Podemos no solo alejaría el riesgo de que, para contentar a la mayoría de la investidura, se impulse una legislación notablemente peor, sino que en gran medida convertiría los elementos centrales de la reforma laboral del PP (abaratamiento de la indemnización por despido y flexibilidad interna de las empresas) en consensos compartidos desde Unidas Podemos a Vox.

Por eso, y como ya le han pedido a Casado personalidades de su partido tan diversas como Aznar o Báñez, probablemente lo mejor para la economía española sería que el PP se abstuviera y permitiera la entrada en vigor de esta impotente reforma laboral que casi nada reforma. Sí, Sánchez y Díaz se anotarían el tanto mediático, pero la economía española se anotaría el tanto de la consolidación de una cierta flexibilidad laboral. ¿Veremos al PP sacrificar unas posibles décimas de intención de voto a cambio de atar una legislación laboral no catastrófica para España que es, en el fondo, la que ellos mismos aprobaron en 2012? Lo dudo mucho: lo primero es lo primero y, para un político, los intereses de los ciudadanos jamás son lo primero.