La impotencia fiscal del Gobierno frente al encarecimiento del petróleo

Desde que ha empezado el año, el precio del gasoil se ha incrementado desde 1,35 euros por litro a 1,8 euros por litro: esto es, 45 céntimos por litro. El encarecimiento para profesionales ha sido idéntico porque, aun cuando el gasóleo profesional suponga una rebaja de casi cinco céntimos por litro, esa rebaja afecta a los niveles, pero no a la variación (el gasóleo profesional ha aumentado de 1,3 euros por litro a 1,75 euros). Para un transportista que consuma 30.000 litros anuales de gasóleo, esto supone un sobrecoste anualizado de 13.500 euros.

¿Y qué propone el Gobierno para contrarrestar esa sangría? Después de azuzar la expectativa de posibles rebajas impositivas, finalmente se ha desmarcado con un plan de ayudas directas al sector del transporte. La cuestión relevante, más allá de si una modalidad de transferencia de rentas es preferible a la otra, es el monto de esas ayudas: 500 millones de euros. ¿Son suficientes 500 millones de euros para ejercer un impacto significativo sobre los transportistas azotados por el encarecimiento del diésel?

En 2021, el consumo de diésel en vehículos ascendió a 21,8 millones de toneladas. Aunque no tenemos el desglose de ese consumo por tipo de vehículo, tomando como referencia el consumo de gasolina (alrededor de cinco millones de toneladas) y la diferencia del tamaño del parque de turismos de diésel y gasolina (13,5 millones de unidades versus 10,5 millones), podemos aproximar que el consumo agregado de gasoil en el transporte totalizó los 15 millones de toneladas, esto es, unos 17.500 millones de litros (lo que, para una flota de 560.000 camiones, implicaría un consumo promedio de unos 31.000 litros de combustible al año). Si ese consumo se mantuviera en el mismo nivel tras la subida de precios (que alguna reducción habrá seguro debido, precisamente, al encarecimiento del carburante), el alza de 45 céntimos por litro supondría un sobrecoste anualizado de 7.900 millones de euros. De ahí que destinar 500 millones apenas permita cubrir el 6,3% del agujero (sería como compensarles menos de tres céntimos por litro tras sufrir un encarecimiento de 45).

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Cotizalia

Más allá de la opinión que nos merezca que el Ejecutivo ofrezca ayudas a un sector como el del transporte, lo que debería llamarnos la atención es lo cicateras que son esas ayudas desde la perspectiva socialdemócrata de este Gobierno: prometer, sin ninguna preparación ni concreción previas, que se transferirán 500 millones de euros para reflotar el sector es, en el contexto actual, no prometer absolutamente nada. ¿Cómo es posible que un Ejecutivo que gusta de vanagloriarse de su portentoso “escudo social” y de “no dejar a nadie atrás” esté comprometiendo un volumen de recursos públicos tan modesto en esta empresa? ¿Por qué motivo?

Una primera razón podría ser la transición ecológica: precisamente lo que siempre ha buscado este Gobierno es encarecer los combustibles fósiles para incentivar a los agentes económicos a que los reemplacen por energías renovables. En un momento, además, de serias restricciones en la oferta de diésel (que podría generar problemas de abastecimiento en no mucho tiempo), la opción de subsidiar agresivamente su consumo (cuando se busca desincentivarlo) puede parecer contradictoria con los objetivos a corto y a largo plazo del Gobierno.

Una segunda razón, a mi juicio bastante más probable, es la que ya apuntó Javier Jorrín en este periódico hace unos días: el sobreendeudamiento de España y el cierre del grifo del BCE llevan a que nuestro país no tenga margen presupuestario para muchas alegrías. Por consiguiente, de lo que se trata es de repartir algunas migajas para alimentar algunos titulares de prensa y aparentar que se hace algo mientras todo sigue esencialmente igual. Siendo así, constatar que el endeudamiento público no sale gratis y que, cuando, entre 2014 y 2019, muchos insistían en que no debíamos darnos prisa por reducir el déficit público porque los mercados nos financiaban a bajo coste, esos muchos nos estaban arrastrando a la situación en la que nos hallamos ahora: una crisis inflacionista sin margen de maniobra.