La alta inflación no es culpa del Gobierno

La inflación española roza los dos dígitos: el 9,8% hasta marzo. La cifra más elevada desde 1985. Además, los otros dos picos de inflación también coincidieron con Ejecutivos socialistas: 5,3% en julio de 2008 (con Zapatero) y 6,9% en marzo de 1992 (con González). Las circunstancias son propicias, pues, para que le echemos precipitadamente la culpa de nuestro descontrol inflacionista al socialismo de Pedro Sánchez en santa alianza con el neocomunismo de Yolanda Díaz. Sin embargo, en este caso concreto, sus responsabilidades son bastante cuestionables.

Primero, la históricamente elevada inflación que sufre España no es culpa de la gestión directa de este Gobierno. La inflación es normalmente un fenómeno monetario y fiscal y este Gobierno no controla la política monetaria (es responsabilidad del Banco Central Europeo) y solo controla una fracción de la política fiscal dentro de la Eurozona (de hecho, ni siquiera controla la totalidad de la política fiscal del Estado español). Aunque es habitual responsabilizar al Ejecutivo de todos los desastres que se cuezan bajo su mandato (ocurrió lo mismo con Zapatero y la burbuja monetaria), no siempre son los causantes de todo, ni por acción ni por omisión.

Segundo, los miembros del Gobierno sí son corresponsables del clima ideológico que ha propiciado el actual estallido inflacionista: defienden una política monetaria y una política fiscal excesivamente expansivas. No son los únicos que lo hacen: la mayoría de políticos europeos (y estadounidenses) se ha sumado desde hace años a esa copla ante la aparente providencia del dinero ilimitado y gratuito; de hecho, la oposición española a Sánchez probablemente también navegue en ese mismo barco (¿alguien cree que el PP estaría haciendo o defendería hacer algo muy distinto a lo que hace hoy el PSOE?). Pero, precisamente por lo anterior, esa corresponsabilidad ideológica es bastante diluida: aunque este Gobierno se opusiera firmemente a políticas monetarias y fiscales ultraexpansivas, el tono de las mismas en el conjunto de la Eurozona habría sido muy similar y, por tanto, la inflación que padecemos sería aproximadamente la misma (aunque no idéntica, que todo suma).

Tercero, en lo que sí tiene mucha más responsabilidad este Gobierno (aunque no solo este, también el de Rajoy y el de Zapatero) es en la situación financiera en la que se encuentra el Estado español para hacer frente a la inflación. El sobreendeudamiento público, que se ha ido acumulando de manera casi ininterrumpida desde 2007, fragiliza la solvencia del Reino de España ante una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo: subida de tipos de interés que va a tener que llegar para frenar la inflación (como, de hecho, ya están anticipando los mercados de deuda pública). Además, este Gobierno en particular, y a diferencia en parte del de Rajoy, tiene una grave responsabilidad añadida: haber relanzado la reindexación del gasto público al IPC. En materia de pensiones, por ejemplo, se ha cometido la gravísima irresponsabilidad de vincularlas al IPC al margen de la situación financiera a largo plazo de la Seguridad Social, lo que se convertirá en una auténtica bomba de relojería de persistir la alta inflación actual. En materia de sueldos públicos, la reindexación no ha sido por ley (afortunadamente), pero sí se han generado unas falsas expectativas sobre la capacidad y el derecho adquirido de incrementar sus salarios según la evolución del IPC.

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Y, cuarto, este Gobierno también tendrá responsabilidad en la respuesta política que adopte ante la inflación: si promueve políticas que permitan el fluido funcionamiento de los mercados (incluso una ampliación de los mismos, potenciando la competencia) y que no alimenten el circuito inflacionista, gestionará razonablemente bien la crisis. Hasta el momento, empero, las expectativas no son demasiado positivas: el paquete de medidas aprobado mezcla controles de precios (a los alquileres o a la electricidad) con un incremento del déficit público para seguir cebando el gasto agregado. Lo opuesto a lo que necesitaríamos.

En definitiva, el Gobierno no es responsable de la inflación actual, pero sí de cómo la afrontemos. Fiscalicemos su labor allí donde tenga sentido fiscalizarla.