Por qué hay que desindexar las pensiones del IPC

La tasa de inflación española se ubica en el 9,8% y previsiblemente se mantendrá en niveles muy elevados durante al menos varios meses más. En este contexto, y con el ánimo de evitar espirales precios-salarios, es lógico que empecemos a hablar de la necesidad de alcanzar un 'pacto de rentas', es decir, un compromiso multilateral entre empresarios y trabajadores para que los primeros no eleven sus salarios tanto como la inflación y los segundos se repriman a la hora de sumarse a la ola inflacionista para acrecentar sus beneficios.

Los pactos de rentas son muy problemáticos porque requieren de una acción concertada de todos los agentes económicos (si unos respetan el pacto, pero otros no, los segundos ganan a costa de empobrecer a los primeros) y porque además tampoco está muy claro cuánto deben extenderse en el tiempo (por ejemplo, imaginemos que hay un ejercicio de contención salarial durante cinco años y, una vez la inflación se ha moderado, se reclama un fuerte incremento de los sueldos para compensar la inflación acumulada hasta ese momento). Pero lo cierto es que constituye una de las pocas políticas con las que resultaría factible moderar la inflación (si se combina con una restricción del tono de las políticas monetarias y fiscales) sin incrementar el desempleo (y las bancarrotas empresariales).

Este complicado pacto de rentas, sin embargo, es frontalmente inaplicable en España por una razón muy sencilla: el Gobierno ha declinado aplicarlo a unos 10 millones de personas; en concreto, los pensionistas. En uno de los movimientos más torpes perpetrados por la cortoplacista e irresponsable clase política nacional de todos los partidos, y coronado 'técnicamente' por el ministro Escrivá, las pensiones fueron reindexadas al IPC… ¡Justo el mismo año en que la inflación comenzó a dispararse tras casi 15 años de letargo! Probablemente, 2021 fuera el peor momento en las últimas décadas para vincular las pensiones al IPC, pero nuestra oligarquía política nunca decepciona.

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Desvincular las pensiones del IPC significa excluirlas por definición del pacto de rentas: algo muy difícilmente justificable desde un punto de vista político. Al cabo, si las pensiones son una forma de salario diferido, ¿por qué los salarios corrientes sí deben someterse al pacto de rentas, pero los salarios diferidos no deben hacerlo? El argumento de que los pensionistas ya no tienen capacidad de adaptación no sirve en este caso, puesto que precisamente les estamos reclamando a los trabajadores en activo que no aprovechen su capacidad de adaptación en el contexto actual para elevar sus salarios. Por consiguiente, si a unos les pedimos (e incluso imponemos) que no se adapten, ¿por qué a los otros los adaptamos automáticamente por ley? Sería tan absurdo como reclamar a los trabajadores del sector privado que no eleven sus salarios conforme a la inflación y, al mismo tiempo, elevar los salarios de los empleados públicos conforme a la inflación.

Pero es que, además, la situación de la Seguridad Social se volverá financieramente insostenible si hay pacto de rentas entre trabajadores, pero no entre pensionistas. Si las pensiones se elevan conforme al IPC y los salarios se elevan por debajo del IPC, entonces los gastos de la Seguridad Social tenderán a aumentar por encima de los ingresos (salvo que el aumento de cotizantes en relación con el de pensionistas compensara esa brecha), lo que desequilibrará a largo plazo la posición financiera de la Seguridad Social en mayor medida de lo que ya lo está.

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Por ejemplo, Miguel Ángel García ha estimado para Fedea que, con una inflación media del 6% en 2022 y teniendo en cuenta el incremento del número de pensiones, así como el efecto sustitución entre altas y bajas, el gasto en pensiones contributivas aumentará en unos 13.000 millones de euros en 2023, mientras que los ingresos, presuponiendo una revalorización salarial del 3% y cierta creación de empleo, acaso lo hagan en unos 7.000 millones. Es decir, que el agujero de la Seguridad Social se incrementará en 6.000 millones de euros anuales (casi el doble de lo que cuesta el ingreso mínimo vital del que se muestra tan orgulloso Escrivá).

Y eso 'solo' por las dinámicas inflacionistas de 2022: ¿qué sucederá si la inflación se mantiene anormalmente elevada en 2023 y 2024, al tiempo que continuamos reclamando pactos de rentas a los trabajadores pero manteniendo las pensiones indexadas al IPC? Pues que la situación se volverá absolutamente insostenible, no ya en el largo plazo sino en el corto plazo… y estallará. Es necesario desindexar las pensiones del IPC, lo cual no equivale a congelarlas y a que la inflación devore íntegramente su poder adquisitivo, pero sí a compensar su crecimiento a la revalorización (contenida) que experimenten los salarios.

Rectifique, señor Escrivá, usted es el primero que debería saber que indexar las pensiones al IPC fue uno de los irresponsables peajes a pagar para acceder al ministerio: pero más irresponsable sería aún enrocarse en esa irresponsabilidad en medio de la actual coyuntura inflacionista. No incremente todavía más su grado de complicidad en el saqueo de las generaciones futuras de trabajadores y pensionistas.