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Cinco mitos del sistema público de pensiones
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Juan Ramón Rallo

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Cinco mitos del sistema público de pensiones

La participación de esquemas privados, obligatorios o voluntarios, en la provisión de pensiones está ampliamente extendida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/Kiko Huesca)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE/Kiko Huesca)
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Durante los últimos meses, el sistema público de pensiones de España ha sufrido una involución en las reformas que garantizaban su sostenibilidad: se han reindexado las pensiones al IPC en un momento especialmente problemático para ello (cuando la inflación se halla en máximos de los últimos 40 años). Y, precisamente por ello, durante los últimos meses también hemos sido bombardeados por una serie de mensajes engañosos sobre el presente y el futuro de nuestras pensiones públicas.

1. La sostenibilidad del sistema no está en riesgo

Es verdad que existen escenarios futuros en que la insostenibilidad del sistema público de pensiones no alcanza niveles absolutamente críticos, pero esos escenarios se basan en la materialización simultánea de una serie de hipótesis que, como poco, no es inverosímil que se incumplan. A saber, entrada de 10 millones de inmigrantes durante los próximos 30 años; incremento de las tasas de natalidad internas; reducción de la tasa de paro hasta el 7%, y alargamiento voluntario de la edad efectiva de jubilación. Si todos estos supuestos no se verifican, el gasto anual en pensiones se ubicaría cerca del 20% del PIB: unos niveles a todas luces inmanejables. Pero es que, aun en el caso de que se cumplan, la propia AIReF estima que el endeudamiento público de España durante los próximos 30 años aumentará en unos 50 puntos de PIB como consecuencia de los desequilibrios de la Seguridad Social.

2. El sistema no ha quebrado nunca

Estrictamente, es verdad que el sistema no ha declarado nunca ninguna quiebra y, por ende, no ha entrado en concurso de acreedores. Sin embargo, los problemas de sostenibilidad financiera de las pensiones públicas sí se han manifestado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años, hasta el punto de requerir de importantes recortes que a todos los efectos equivalen a un concurso contra los perceptores de prestaciones públicas.

Foto: El hasta ahora secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Baste recordar que, antes de la reforma de 1985, la base reguladora de las pensiones se calculaba a partir de los últimos dos años trabajados, solo se exigía haber cotizado 10 años para acceder al 100% de esa base reguladora, se accedía a la jubilación a los 65 años y, además, bastaban las cotizaciones sociales para costear los gastos del sistema sanitario público. Sin embargo, hoy (o, más bien, cuando la reforma de 2011 esté plenamente en vigor), la base reguladora se calcula con los últimos 25 años de vida laboral, se ha de haber cotizado 37 años para cobrar el 100% de esa base reguladora, nos jubilaremos a los 67 años y, por supuesto, la sanidad pública hace tiempo que dejó de financiarse vía cotizaciones y pasó a hacerlo a través de la subida de los impuestos existentes.

3. El gasto público en pensiones de España es apreciablemente inferior al de Europa

Por notables que sean las dificultades financieras a las que se vayan a enfrentar las pensiones públicas, la solución parecería hallarse en el lado de los ingresos y no en el de los gastos. Si, según nos dicen, España gasta mucho menos en pensiones que el resto de Europa, entonces el problema lo tenemos en que ingresamos poco, no en que gastamos mucho. Sin embargo, tampoco es cierto que España gaste mucho menos que los pares europeos con mayores desembolsos… por mucho que lo parezca a simple vista.

Foto: Foto: EFE/Jens Wolf.

Y es que, si acudimos al gasto bruto en pensiones de jubilación y de viudedad (incluimos todo tipo de pensión en esta métrica, también las no contributivas), nuestro gasto equivale al 12,24% del PIB, mientras que el de Francia es del 14,71%, el de Grecia dl 15,87% y el de Italia del 16,52%. Por tanto, aún tendríamos un margen de hasta cuatro puntos de PIB para gastar más. En realidad, las cifras anteriores nos proporcionan solo el dato en bruto, esto es, antes de considerar los impuestos que recaen sobre estas prestaciones que, a todos los efectos, son equivalentes a unas menores prestaciones. Si, por el contrario, comparamos el gasto neto en pensiones de jubilación y viudedad, veremos que en España asciende al 11,13% del PIB, en Francia al 12,71%, en Italia al 13,2% y en Grecia al 13,53%. Es decir, que apenas nos separarían dos puntos de PIB respecto a aquellos países europeos que más gastan.

4. Nuestro sistema público no es especialmente generoso

Los datos anteriores parecen darse de bruces con una percepción muy extendida en nuestra sociedad: a saber, que nuestro sistema de pensiones público no es especialmente generoso. De ahí que se entienda mal que, dada su racanería y austeridad, ni siquiera sea sostenible. Pero lo cierto es que nuestro sistema público de pensiones es uno de los más (insosteniblemente) generosos del mundo. La llamada tasa de sustitución —el porcentaje de los ingresos prejubilación que percibe el trabajador en forma de pensión— asciende al 73,9%... Uno de los más elevados de toda la OCDE (cuya tasa de sustitución de los esquemas públicos se ubica en el 42,2%). Solo hay tres países que nos superan, y por muy poco: Luxemburgo (76,6%), Italia (74,6%) y Austria (74,1%).

5. En todo el mundo desarrollado, las pensiones son esencialmente públicas

Nuestro sistema de pensiones público tiene graves problemas, pero ¿realmente existe alternativa a un sistema exclusivamente público? Aunque existe la percepción de que la mayoría de las pensiones entre los países desarrollados son esencialmente públicas, esto no es así. Precisamente para no sobrecargar los sistemas públicos y abocarlos a experimentar importantes recortes de futuro, la mayoría de los sistemas de pensiones en la OCDE combinan prestaciones públicas con prestaciones privadas.

Foto: Israel Arroyo, secretario de Estado de la Seguridad Social. (EFE/Rodrigo Jiménez)

En Australia, Chile o Islandia, las pensiones son en su práctica totalidad privadas. En Israel, el 80% de la pensión final que cobra el pensionista promedio procede de esquemas privados; en Dinamarca u Holanda, ese porcentaje se ubica en el 60%; en Suiza, Estonia, Lituania, Reino Unido o EEUU, en el 50%; en Japón, en el 40%; en Canadá y Nueva Zelanda, en un 33%, y en Alemania o Suecia, en el 25%. La participación de esquemas privados, obligatorios o voluntarios, en la provisión de pensiones está ampliamente extendida por toda la OCDE. Antes de seguir metiendo de cabeza a los españoles en un sistema de sostenibilidad dudosa, más valdría abrirles la puerta a los sistemas privados de ahorro previsional.

Durante los últimos meses, el sistema público de pensiones de España ha sufrido una involución en las reformas que garantizaban su sostenibilidad: se han reindexado las pensiones al IPC en un momento especialmente problemático para ello (cuando la inflación se halla en máximos de los últimos 40 años). Y, precisamente por ello, durante los últimos meses también hemos sido bombardeados por una serie de mensajes engañosos sobre el presente y el futuro de nuestras pensiones públicas.

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