¿Por qué se incrementan los beneficios empresariales?

La históricamente alta inflación está golpeando con fuerza a las economías occidentales y la principal estrategia que han adoptado muchos gobiernos para contrarrestarla ha sido la de apelar al pacto de rentas, es decir, a que las empresas incrementen sus precios menos de lo que han aumentado sus costes y que los trabajadores se contenta con incrementos salariales inferiores al aumento del Índice Precios al Consumo. Que todos, empresarios y obreros, acepten haberse empobrecido en lugar de intentar contrarrestar su mermado poder adquisitivo con elevaciones nominales en sus ingresos que solo tiendan a alimentar todavía más la inflación.

La recomendación tiene sentido si lo que se pretende es contener las expectativas inflacionistas: si los trabajadores esperan que los empresarios no suban tanto sus precios, demandarán menores subidas salariales, y si los empresarios esperan que los trabajadores no reclamen importantes aumentos salariales, entonces tampoco subirán tanto los precios. Pero démonos cuenta de que esta medida es insuficiente para frenar una escalada inflacionista que, en el fondo, tiene dos componentes: incremento del gasto nominal agregado frente a una oferta agregada notablemente inelástica.

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Al respecto, seamos claros: si el gasto nominal agregado sigue incrementándose frente a una oferta rígida, entonces el PIB nominal de una economía (el valor nominal de toda la producción final durante un año) también se incrementará y si el PIB nominal se incrementa, salarios o beneficios tendrán que hacer lo propio. A la postre, el PIB se distribuye necesariamente en rentas salariales y en rentas del capital (las cuales son más amplias que el simple concepto de beneficios empresariales, pero, para los propósitos expositivos de este artículo, podemos equipararlos), de modo que si el PIB nominal sube, entonces por necesidad también se incrementará la masa salarial agregada o la masa de beneficios empresariales agregados o ambos. Si el pacto de rentas consigue que los salarios nominales de los trabajadores se incrementen menos que los precios, entonces no solo sucederá que la masa de beneficios agregados aumentará en términos nominales, sino también en términos reales.

Por ejemplo, imaginemos un PIB nominal de 1.000 que se distribuye 600 en forma de salarios y 400 en forma de beneficios. Si los precios se duplican, entonces es el PIB nominal pasará a ser de 2.000 y, si los salarios han aumentado menos que la inflación (por ejemplo, de 600 a 1.100), entonces los beneficios nominales habrán crecido a un ritmo superior a la inflación (de 400 a 900). Es decir, la masa de salarios agregados habrá caído en términos reales y la de beneficios habrá aumentado en términos reales.

Por supuesto, que la masa de beneficios agregados crezca en términos reales no significa que todas las empresas incrementen sus ganancias en términos reales (ni tampoco que todos los trabajadores vean caer sus salarios en términos reales). Puede haber industrias cuyos precios aumenten por debajo de sus costes y, en consecuencia, que sus beneficios nominales caigan (no digamos ya beneficios reales), pero si el PIB nominal y el PIB real crecen y los salarios reales decrecen, entonces el conjunto de los beneficios nominales y reales crecerá. No hay más. Y tampoco está muy claro cuáles pueden ser las alternativas mientras el gasto agregado nominal aumente por encima de la oferta de bienes.

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Por un lado, podríamos reclamar, como acaba de hacer Sánchez, que las empresas suban los salarios y se contenten con ganar menos dinero. Pero eso implicaría saltarse el pacto de rentas que el propio gobierno reclama a los agentes sociales. Por otro, podríamos exigir a las empresas que no suban los precios de sus productos, ya sea apelando a la responsabilidad social corporativa o incluso imponiendo controles de precios. Pero esta última medida no solucionaría el problema de fondo, sino que sólo lo enmascararía. Si el gasto agregado crece más rápido que la oferta y no permitimos que los precios se ajusten al alza, entonces no habrá otra alternativa que racionar los productos (o algunos de ellos). Si hay 100 unidades de una mercancía a un precio de 10, el gasto agregado será de 1.000; pero si el gasto que los consumidores desean dirigir hacia esas mercancías se eleva a 2.500, entonces si el precio por unidad no puede subir por encima de 10, habrá que asignar esas 100 unidades por mecanismos distintos al del precio. Es más, si se quiere impedir que todo ese gasto nominal adicional por importe de 1.500 (desde 1.000 a 2.500) llegue a la economía y ejerza alguna influencia en los precios, habrá que 'inmovilizar' esos ingresos adicionales en algún lado: en esencia, activos financieros con los que financiar proyectos empresariales de rentabilidad mermada por la propia contención de precios.

En el fondo, la solución a la inflación no pasa por controlar los ingresos de los agentes, sino por alinear el gasto nominal de la economía con el crecimiento real de la oferta. Y para eso es imprescindible poner en orden la política monetaria y la política fiscal.