Laissez faire
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¿Sobrevivirá el pacto de rentas al encarecimiento de los alimentos?
¿Cuánto tiempo aceptarán ver los trabajadores cómo sus salarios reales caen ante el incremento generalizado de los precios y, en especial, del precio de los alimentos?
Aunque por simplicidad solemos decir que los precios han subido en España un 10,2% durante el último año, esta afirmación es evidentemente incompleta. La variación del 10,2% se refiere al encarecimiento de la cesta de la compra para el consumidor (supuestamente) representativo de nuestro país, aquel cuyos patrones de gasto coinciden con las ponderaciones de los diversos bienes de consumo que componen el IPC. Pero no todos los ciudadanos gastan en las mismas proporciones que las recogidas en este índice. Hace ya algunos años, por ejemplo, BBVA Research detectó que el IPC de las familias con menores ingresos era, en promedio, medio punto más alto que el IPC general y, en cambio, el de las familias con mayores ingresos, medio punto más bajo.
Parte de la responsabilidad de esta desviación se halla en el peso que exhiben los alimentos y las bebidas no alcohólicas dentro del IPC general: el 22,6% de la cesta de la compra del consumidor representativo se supone que se concentra en esta rúbrica. Este peso, sin embargo, será bastante superior para los hogares con ingresos más bajos (la Ley de Engel, que no Engels, ya constató en el siglo XIX que el peso del gasto en alimentos como porcentaje de la renta familiar se reduce conforme se incrementa esa renta), de modo que si el precio de los alimentos sube más que el IPC, entonces el "coste de la vida" de las familias con menores ingresos también lo habrá hecho.
Y, en este sentido, el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas se ha encarecido durante el último año en un 12,9%, casi tres puntos más que el IPC general. Por consiguiente, es lógico que las familias menos pudientes perciban que el IPC no está reflejando plenamente su realidad y que su empobrecimiento durante el último año haya sido todavía más intenso de lo que indican las estadísticas oficiales.
Más allá de las implicaciones electorales que pueda tener esta circunstancia —las bolsas de votantes entre los hogares más pobres de PSOE y Podemos se están empobreciendo más rápido que el hogar promedio en España—, las implicaciones económicas no son especialmente halagüeñas. De momento, España ha conseguido evitar entrar en una espiral precios-salarios porque la mayoría de trabajadores han decidido soportar estoicamente el empobrecimiento que conlleva la inflación. Pero, ¿cuánto tiempo los trabajadores, especialmente los de salarios más modestos, que son los que están perdiendo mayor poder adquisitivo, se mantendrán encogidos de hombros ante lo que les está sucediendo? ¿Cuánto tiempo aceptarán ver cómo sus salarios reales caen ante el incremento generalizado de los precios y, de manera especialmente dolorosa, del precio de los alimentos? En suma, ¿sobrevivirá el pacto de rentas al encarecimiento de los alimentos?
Si la inflación no amaina, y especialmente si el precio de los alimentos no se modera, cuesta imaginar que no lleguemos a exigencias de subidas salariales mucho más intensas que las que se están produciendo ahora mismo. Y, en ese contexto, el Banco Central Europeo y los gobiernos lo tendrán todavía más difícil para controlar la inflación: no solo porque, si las expectativas de inflación se desanclan, será necesario recurrir a políticas de demanda mucho más contractivas, sino porque, con salarios nominales al alza, los destrozos económicos de esas políticas contractivas serán mucho mayores. Si el gasto agregado se contrae y los salarios nominales no retroceden a la par que el gasto, entonces la destrucción de actividad y de empleo será mucho mayor (muchas agentes demandando un nivel de ingreso nominal que será superior a la disponibilidad de gasto nominal agregado): y la perspectiva de que ese destrozo sea mucho mayor es lo que puede llevar a gobiernos y banqueros centrales a ser mucho más timoratos a la hora de combatir la inflación. Es decir, es lo que puede contribuir a enquistar la inflación.
Quizá por eso la Reserva Federal esté aparentemente empujando a la economía estadounidense a una recesión: porque la alternativa a medio plazo de no controlar la inflación puede ser mucho peor.
Aunque por simplicidad solemos decir que los precios han subido en España un 10,2% durante el último año, esta afirmación es evidentemente incompleta. La variación del 10,2% se refiere al encarecimiento de la cesta de la compra para el consumidor (supuestamente) representativo de nuestro país, aquel cuyos patrones de gasto coinciden con las ponderaciones de los diversos bienes de consumo que componen el IPC. Pero no todos los ciudadanos gastan en las mismas proporciones que las recogidas en este índice. Hace ya algunos años, por ejemplo, BBVA Research detectó que el IPC de las familias con menores ingresos era, en promedio, medio punto más alto que el IPC general y, en cambio, el de las familias con mayores ingresos, medio punto más bajo.
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