El peligroso racionamiento político de la energía

En términos generales, existen dos formas de hacer frente al fenómeno de la escasez: o por medios económicos o por medios políticos.

Los primeros, los medios económicos, se refieren a gestionar la escasez descentralizadamente, a través del mercado y de su sistema de precios: si un bien se vuelve escaso respecto a su demanda, su precio se incrementará y ello llevará a que cada uno de nosotros busque economizarlo, a saber, que nos concentremos en usarlo solo para aquellas actividades que juzguemos prioritarias y que dejemos de emplearlo en aquellas otras actividades que consideremos superfluas (además de incentivar que los inversores busquen vías alternativas para aumentar el suministro de ese bien en el futuro).

Los segundos, los medios políticos, se refieren a gestionar la escasez centralizadamente, a través del Estado y de sus mandatos impositivos: si un bien se vuelve escaso respecto a su demanda, los políticos nos ordenarán quién tiene y quién no tiene derecho a usarlo; cuándo se tiene y cuándo no se tiene derecho a usarlo; cómo se tiene y cómo no se tiene derecho a usarlo, etc. Es decir, los criterios del racionamiento del bien no son determinados por sus usuarios, sino por sus gobernantes, al margen de cuáles sean las preferencias de los usuarios.

"Los criterios del racionamiento del bien no son determinados por sus usuarios, sino por sus gobernantes al margen de sus preferencias"

Evidentemente, el mecanismo económico es mucho más respetuoso, que el mecanismo político, con la libertad de las personas, con el proyecto de vida de cada individuo. En el primer caso, es cada persona la que decide cómo gestionar la escasez de tal manera que el impacto negativo sobre su vida quede minimizado. En el segundo caso, es un político quien decide cómo cada persona ha de gestionar la escasez, con independencia de si ese criterio político minimiza o no las pérdidas de bienestar que sufre ese individuo. Por supuesto, los habrá que afirmen que el mecanismo económico puede ser brutal para algunos ciudadanos, los cuales carecerían de ingresos suficientes como para siquiera acceder a cantidades básicas de ese bien escaso: pero, puestos a intervenir en favor de esos ciudadanos, mejor sería que se les transfiriera un importe de renta suficiente como para que fueran capaces de comprar ese bien escaso a sus altos precios, dejándoles ulteriormente autonomía para determinar cómo disponer de ese bien.

En este sentido, el Gobierno de España está apostando por el racionamiento político de la energía como forma de administrar la escasez sobrevenida de la invasión de Ucrania. De momento, las medidas que ha adoptado pueden ser molestas para muchos comerciantes —apagar la luz de los escaparates a partir de las 22.00 o limitar la temperatura del aire acondicionado o de la calefacción—, pero no dejan de ser medidas cosméticas. El ahorro energético que se logrará por esa vía será muy escaso y, por tanto, no será significativo (desde luego no esperemos bajadas de precios a causa de estas medidas).

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El auténtico problema, pues, no es tanto este paquete de medidas, sino los que vendrán: si la escasez energética se consolida o se agrava y el Ejecutivo sigue apostando por su racionamiento político, por necesidad las imposiciones afectarán al funcionamiento de las industrias (cuáles se mantienen en funcionamiento y cuándo lo hacen) y al ámbito doméstico de las familias. En Alemania parece que avanzan firmemente en esa dirección en caso de que se produzca un corte del suministro del gas ruso. Y nosotros parece que estamos determinados a seguirlos por ese camino.

Más si abandonamos el mecanismo de precios como administrador de la escasez (de momento ha sido el único mecanismo verdaderamente eficaz para reducir el consumo agregado de gas y de electricidad en España), solo nos quedará la arbitrariedad política sobre cómo vivir nuestras vidas y sobre cómo organizar la economía. Viviremos, pues, sometidos al 'diktat' de nuestros planificadores centrales.