El plan de Biden contra la inflación es un fraude

La inflación en EEUU empezó a moderarse en el mes de julio: la tasa interanual bajó del 9,1% al 8,5% y, lo que es más significativo, la tasa intermensual se mantuvo plana con una variación del 0%. Las razones detrás de ese primer impulso desinflacionario (que ya anticipamos hace dos semanas) hay que buscarlas en el abaratamiento del petróleo y de otras materias primas (que también analizamos esta semana) como consecuencia en gran medida de las perspectivas de un enfriamiento de la economía global tras las subidas de tipos impulsadas por los principales bancos centrales.

Pero precisamente porque esas son las causas fundamentales de la desaceleración de la inflación, no deberíamos dejarnos confundir por los efectos que sobre la misma vaya a tener la futura ley de reducción de la inflación aprobada en el Senado estadounidense esta misma semana (y que todavía ha de pasar por la Cámara de Representantes). A pesar de su pomposo título, la norma tiene muchos objetivos diversos y ninguno de ellos consiste realmente en luchar contra la inflación.

Opinión

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En primer lugar, la principal medida de la ley consiste en destinar 370.000 millones de dólares a inversiones en energías renovables durante la próxima década. ¿Qué tienen que ver las inversiones en energías renovables con la lucha contra la inflación? Supuestamente que, como la inflación actual viene provocada por nuestra dependencia de las energías fósiles, reduciendo esa dependencia conseguiremos disminuir la inflación. El argumento es problemático (ahí está el caso de Alemania, uno de los países que más han apostado por renovables y que, precisamente por ello, se ha vuelto extremadamente dependiente del gas), pero al menos tiene su sentido desde la perspectiva de que la inflación procede desde el lado de la oferta: si, como sostiene Biden, la inflación es por cuellos de botella (entre ellos, energéticos), la solución pasará por invertir más en remediarlos.

Pero, en segundo lugar, la siguiente medida más importante de la ley consiste en establecer un tipo impositivo mínimo sobre sociedades con el que se pretende recaudar 313 millones de dólares durante los próximos 10 años. ¿Qué tiene que ver el impuesto sobre sociedades con la lucha contra la inflación? Supuestamente, que para luchar contra la inflación hay que reducir el déficit público, de modo que, si se gastan 370.000 millones de dólares más en renovables, habrá que recaudarlos desde algún lado. Pero si reconocemos que la inflación se está viendo influida por la situación de las finanzas públicas estadounidenses, entonces ya no es un problema exclusivamente de oferta, sino también de demanda. En todo caso, podría seguir teniendo cierto sentido: más inversión para reducir cuellos de botella y más impuestos para sufragar esa inversión sin emitir más deuda cebando con ello la inflación.

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Ahora bien, y en tercer lugar, otra de las medidas más relevantes de esta ley es la ampliación de los subsidios médicos para los ciudadanos. ¿Qué sentido tiene incluir esta provisión en una ley de lucha contra la inflación? Ninguno. Sin entrar a valorar si la medida es o no pertinente, lo que sí es evidente es que aumentar el gasto corriente no contribuye a disminuir la inflación ni desde el lado de la oferta ni desde el lado de la demanda. Al contrario. Entonces, ¿por qué se incluye en ella? Porque el propósito de la ley no es luchar contra la inflación, sino promover un popurrí de iniciativas políticas variadas con la excusa de luchar contra la inflación.

De hecho, atendiendo a las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley de Biden no tendrá efectos en los precios durante los próximos 18 meses: “En el año 2022, el efecto de la ley sobre la inflación será nulo. En 2023, la inflación probablemente se ubique entre 0,1 puntos porcentuales por debajo y 0,1 puntos porcentuales por encima que en ausencia de la ley”. Es decir, la nada.