Rechazo

En el año 2005, el presidente chileno, Ricardo Lagos, ratificó con su firma una muy profunda reforma de la Constitución de 1980 y en su discurso de promulgación aseveró lo siguiente: “Chile cuenta desde ahora con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es ya más un dique para la vida nacional, la vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional. Tenemos hoy una Constitución democrática y tiene que ver con los reales problemas de la gente”.

Es decir, que la Constitución de 1980 pasaba a ser la Constitución de 2005 y se convalidaba como un texto perfectamente democrático y perfectamente funcional para el desarrollo social y económico del país. La historia, sin embargo, no discurrió exactamente por esos cauces: toda una generación de estudiantes universitarios vinculados con la extrema izquierda (entre los que se encontraba el hoy presidente, Gabriel Boric) buscó desestabilizar institucionalmente el país para promover su propio proyecto político, que necesariamente incluía una nueva Constitución que ampliara enormemente los poderes del Estado. Es esa generación política, que medró merced a la división social, al enfrentamiento, al conflicto y a la deslegitimación misma del marco de libertades chileno, la que se ha estrellado con el masivo rechazo del texto constitucional que ellos habían apadrinado.

Y sin duda es una buena noticia que esa generación se haya estrellado: no porque Chile vaya a regresar a la unidad y a los consensos de 2005. Por desgracia, esos consensos se quebraron ya (por culpa de la propaganda polarizadora de la generación de Boric) y es probablemente imposible que ahora se reconstruyan. La mística que los rodeaba se perdió para siempre porque lo que en un comienzo eran unas minorías sociales, unas minorías ambiciosas que querían tomar el poder por asalto sin siquiera someterse a las restricciones constitucionales vigentes, envenenaron a amplios sectores de la sociedad con la idea que era imprescindible romper esos consensos para solucionar todos sus problemas.

En realidad, los problemas de los chilenos tienen poco que ver con la Constitución y mucho que ver con la progresiva esclerotización económica que ha ido experimentando el país justo por haber ido convirtiendo a Chile en una sociedad menos libre y más inestable institucionalmente. Pero dado que esa idea ha calado y dado que se han generado unas expectativas infladas sobre las implicaciones sociales que tendría una nueva Carta Magna, probablemente hoy ya sea inevitable que Chile termine aprobando una nueva ley de leyes (salvo que entremos en un proceso de bloqueo social entre facciones sociales que lleve a mantener, como el menor de los males posibles, el texto vigente). La frustración llegará después, cuando esa nueva Constitución siga sin ser la solución de nada.

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En cualquier caso, solo cabe esperar que esa nueva propuesta constitucional llegue rápido —Chile no debe ni puede seguir abierto institucionalmente en canal durante tres años más—, que surja de un amplio consenso social —algo que no sucedía con esta ya felizmente difunta propuesta— y que establezca claros límites al poder político para salvaguardar las libertades fundamentales de los ciudadanos —cosa que tampoco hacía la propuesta constitucional rechazada, la cual enterraba la igualdad ante la ley, debilitaba el derecho de propiedad privada y no garantizaba la libertad de elección de centro de enseñanza y de centro sanitario de los chilenos—. Es decir, solo cabe esperar que Boric se reinvente, se aleje del radicalismo del Partido Comunista, se acerque a la antigua Concertación y abandone su destructivo empeño personal por reinventar Chile desde cero. Que se parezca más a Lagos que a Jadue para tender puentes con el resto del país.

En caso contrario, ojalá los chilenos sigan acumulando muchos más rechazos.