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Yolanda Díaz: la evaluación como un ejercicio de propaganda
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Juan Ramón Rallo

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Yolanda Díaz: la evaluación como un ejercicio de propaganda

La actitud de la vicepresidenta y ministra de Trabajo pone de manifiesto el modo en que entiende la evaluación de las políticas públicas: no como forma de mejorarlas, sino como herramienta de propaganda

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/J.J. Guillén)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/J.J. Guillén)
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El Gobierno del PSOE (a instancias del grupo parlamentario de Unidas Podemos) incrementó el salario mínimo más de un 20% en 2019. Se trataba de la mayor subida de la historia, con repercusiones económicas cuando menos inciertas: podía salir bien (en términos de incremento salarial), pero también podía salir mal (en términos de reducción de empleo). De ahí que resultara conveniente evaluar cuáles estaban siendo o habían sido los efectos de esa política.

Sin embargo, el Gobierno no lo hizo: subió el salario mínimo en 2020 y volvió a subirlo en 2021 (al menos en términos nominales, porque en términos reales se redujo este último ejercicio). Es decir, continuó aplicando a ciegas la subida del SMI, demostrando que la ideología le importa más que la evidencia.

El Gobierno continuó aplicando a ciegas la subida del SMI, demostrando que la ideología le importa más que la evidencia

En cambio, quien sí hizo los deberes que debería haber hecho el propio Gobierno fue el Banco de España: en un informe publicado a mediados de 2021, varios investigadores de esta institución concluyeron que el incremento del salario mínimo en 2019 podría haber reducido el empleo hasta en 170.000 personas. Un dato que en sí mismo tampoco tendría por qué enmendar absolutamente la plana a quienes defienden las bondades de aumentar el SMI (quizá las ventajas superen los inconvenientes), pero que sí ponía de relieve que no existen almuerzos gratuitos en materia salarial: incrementar el SMI destruía y dificultaba la creación de empleo, por lo que, como poco, había que ser prudentes con las ulteriores subidas.

La conclusión del informe del Banco de España no agradó al Ministerio de Trabajo, empeñado en vender propagandísticamente una visión idílica, e irreal, sobre los efectos de su medida estrella. De ahí que encargara un contrainforme con la esperanza de que lograra enmendar la plana al anterior: en particular, fue la Fundación Iseak, bajo la dirección de la economista Sara de la Rica, la encargada de evaluar, a instancias del Ministerio de Trabajo, los efectos de la subida del SMI en 2019.

El informe de la Fundación Iseak le fue entregado a Yolanda Díaz en el mes de enero, hace casi un año. Pero, sorprendentemente, la ministra optó por guardarlo en un cajón. Quizás es que los resultados no fueron los deseados y, por tanto, no convenía airearlo. A pesar de haber sido financiado con el dinero de todos los contribuyentes, los ciudadanos que lo habían pagado no podían consultarlo.

Foto: Foto: Reuters/Dado Ruvic. Opinión

Y no porque no hubiese interés alguno en él. En febrero, la diputada de Ciudadanos María Muñoz reclamó desde el Congreso a la ministra que publicara ya el informe; en marzo, el think tank liberal Instituto Ostrom hizo una petición formal al Ministerio de Trabajo para acceder al mismo… y el ministerio se lo denegó alegando que podía contravenir la propiedad intelectual de los autores del informe (cuando estos habían expresado públicamente su deseo de que se publicara). Justamente por ese portazo, el Instituto Ostrom acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para reclamar acceder a él: y en septiembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno les dio la razón y otorgó al ministerio un plazo máximo de 10 días para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Ya estamos en noviembre y el informe sigue sin haber sido publicado. Buen gobierno y transparencia, nos decían.

Eso sí, hace unos días, en plenas negociaciones internas con el Ministerio de Economía para subir el SMI en 2023, el Ministerio de Trabajo decidió filtrar a la prensa afín el informe de la Fundación Iseak, junto a otros dos informes encargados a otras instituciones con posterioridad. Sí, los ciudadanos que lo han pagado no pueden consultar los informes, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se lo haya exigido al ministerio, pero los periodistas del régimen sí pueden leerlos y ofrecernos su resumen, sesgado e interesado, de los mismos.

"Ya estamos en noviembre y el informe sigue sin haber sido publicado. Buen gobierno y transparencia, nos decían"

Por ejemplo, merced a estos periodistas afines, conocemos que el informe de la Fundación Iseak detectó una pérdida de empleo de hasta 29.000 personas a lo largo de 2019 y que los otros dos informes no han detectado pérdida alguna de empleo. Siendo este el caso, sorprende que el ministerio no quiera que podamos consultarlos, pues los resultados no son tan catastróficos como para ocultarlos. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de manejar propagandísticamente los titulares de prensa con las consignas que este desee trasladarnos en cada momento.

Por ejemplo, si tuviéramos acceso al informe de la Fundación Iseak, podríamos comprobar qué fortalezas o debilidades puede tener su estimación (como ocurre con el informe del Banco de España) y quizá matizar (o no, no lo sabemos, porque no tenemos acceso) el resultado. Todavía peor, los otros dos informes que no encuentran efecto alguno del SMI sobre el empleo, ¿no lo encuentran porque lo han buscado y no lo han encontrado o porque ni siquiera lo han buscado? No es lo mismo encontrar no-efectos (efectos nulos) que no encontrar efectos: y todo indica que esos dos informes no se han dedicado a investigar los efectos del SMI sobre el empleo (en cuyo caso, es lógico que no hayan encontrado nada).

Más allá del contenido concreto de estas investigaciones, empero, la actitud de Yolanda Díaz pone de manifiesto el modo en que esta (y la práctica totalidad de políticos) entiende la evaluación de las políticas públicas: no como forma de mejorarlas, sino como herramienta de propaganda para validarse a sí misma y a su ideología frente a sus competidores electorales.

El Gobierno del PSOE (a instancias del grupo parlamentario de Unidas Podemos) incrementó el salario mínimo más de un 20% en 2019. Se trataba de la mayor subida de la historia, con repercusiones económicas cuando menos inciertas: podía salir bien (en términos de incremento salarial), pero también podía salir mal (en términos de reducción de empleo). De ahí que resultara conveniente evaluar cuáles estaban siendo o habían sido los efectos de esa política.

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