¿Qué pretende hacer Gabriel Boric con las pensiones chilenas?

El presidente de Chile, Gabriel Boric, desveló hace algunas semanas cuál es su propuesta para revolucionar el sistema de pensiones del país. Finalmente, su plan no será tan radical como el que deseaba el Partido Comunista de Chile (aliado de Boric), ni tampoco tanto como el propio Boric planteó en campaña electoral: tras el rapapolvo del plebiscito constitucional, a la izquierda chilena no le ha quedado otro remedio que moderar algunas de sus posiciones, de modo que la comprometida supresión del sistema de capitalización ha quedado finalmente transformada en una complementación a través de un sistema adicional de reparto.

Porque eso, y no otra cosa, es lo que plantea hacer Boric en Chile. El actual sistema de capitalización se mantiene —cada trabajador chileno ahorra como mínimo el 10% de su salario, el cual va a parar a una hucha personal, desde la cual se invierte en los mercados financieros y se acumula un patrimonio que es el que abona las pensiones a la jubilación— con el único cambio de que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) dejarán de recaudar directamente las cotizaciones sociales de los trabajadores y pasará a hacerlo una burocracia estatal creada ad hoc (motivo por el cual las AFP pasarán a llamarse IPP, esto es, inversores de pensiones privados). Todo lo demás continúa igual: ni se expropia el ahorro acumulado hasta la fecha ni tampoco el 10% del salario que, como mínimo, debe ahorrarse mensualmente.

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Ahora bien, la reforma previsional de Boric no termina, evidentemente, ahí. Hay una segunda pata que es a la que el presidente chileno le otorga una mayor importancia: la implantación de un sistema de reparto de carácter complementario. Boric propone incrementar las cotizaciones sociales obligatorias del 10% al 16% y que esos seis puntos adicionales que deberá abonar cada trabajador chileno no vayan a parar a su patrimonio, sino que sean apropiados por el Estado para incrementar las pensiones actuales. A cambio, los cotizantes —como ocurre en España— devengarán el derecho a recibir en el futuro una mayor pensión pública… con cargo a las cotizaciones sociales que abonen los trabajadores chilenos del futuro. ¿Y qué ocurrirá si en el futuro no hay suficientes trabajadores chilenos como para abonar las pensiones comprometidas a un volumen expansivo de pensionistas? Pues entonces llegarán los recortes: porque ningún chileno obtiene nada —salvo una dudosa promesa del Estado— a cambio de esa cotización del 6%.

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La cuestión, claro, es por qué Boric obliga a los trabajadores chilenos a ahorrar un 6% adicional de su salario para la jubilación, pero, en cambio, no les permite tomar control y propiedad sobre ese 6%. A la postre, hay argumentos para justificar una subida de las cotizaciones dirigida a incrementar el ahorro mínimo mensual (con el actual 10% de cotización, menos de la mitad que el de España, no se alcanzan pensiones suficientes para muchos chilenos, especialmente si atraviesan periodos de desempleo a lo largo de su vida laboral): pero ¿cuál es el argumento para canalizar ese ahorro adicional a través de un sistema de reparto? En esencia, otorgarle control político al Gobierno sobre esa masa de ahorro social para que pueda manejar las pensiones como arbitrariamente le convenga en cada momento (por ejemplo, aumentando de golpe las pensiones presentes para asegurarse el voto de gran parte de esos pensionistas).

El sistema de pensiones chileno tiene elementos claramente mejorables: como la insuficiente competencia entre las AFP, la falta de alternativas de inversión indexada (con comisiones mucho más bajas) o la no bonificación fiscal del ahorro previsional adicional. Pero mantener el sistema de capitalización actual (con sus muchas virtudes y algunos defectos significativos) añadiendo un defectuoso sistema de reparto complementario no es, desde luego, la solución salvo acaso para su clase política intervencionista.