Las instituciones peruanas hacen frente al golpismo de la izquierda

El ya expresidente de Perú Pedro Castillo trató este pasado miércoles de dar un golpe de Estado en su país. Horas antes de que el Congreso de la República fuera a votar sobre su destitución, y frente al riesgo de que en esta ocasión —a diferencia de las dos anteriores— la vacancia presidencial sí saliera adelante, Castillo decidió dar un golpe de Estado: disolvió el Congreso, tomó el control de los órganos judiciales, convocó unas elecciones constituyentes para redactar una nueva Carta Magna, anunció que gobernaría por decreto, declaró el toque de queda y ordenó al ejército que sofocara cualquier intento de insurrección contra su golpe.

Huelga decir que Castillo carecía de competencias para ejecutar toda la retahíla de quebrantamientos del orden constitucional. Ni podía disolver el Congreso (el presidente solo posee tal facultad cuando la Cámara le haya negado en dos ocasiones la posibilidad de conformar Gobierno, algo que no había sucedido), ni podía asaltar la Justicia, ni podía convocar un proceso constituyente. Lo único que pretendía Castillo, pues, era concentrar en sus manos todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial; esto es, lo único que pretendía era convertirse en un tirano.

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Por suerte, el golpe de Estado de Castillo fue tan chapucero como lo había sido toda su presidencia: el mandatario se tiró a una piscina que no tenía agua y se estrelló contra el suelo. Para dar un golpe, necesitas de una estrecha complicidad de amplios sectores de la estructura del Estado, en especial del ejército. Pero Castillo no tenía ni siquiera el apoyo de los suyos: prácticamente todos sus ministros (incluyendo su vicepresidenta) presentaron su dimisión y denunciaron que se estaba quebrantando el Estado de derecho; a su vez, el Tribunal Constitucional también rechazó la autoridad de Castillo para hacer lo que hizo; las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que se negaron a acatar las órdenes del todavía presidente, y el Congreso —que no se dio por disuelto— adelantó la votación y sacó adelante la destitución con 101 votos sobre 130 (solamente eran necesarios 87).

Así las cosas, a Castillo no le quedó otro remedio que huir con su familia hacia la embajada de México a buscar asilo político, pero la propia ciudadanía peruana se encargó de bloquear las carreteras para que, finalmente, pudiese ser detenido por la policía. Las instituciones políticas y sociales peruanas, pues, han actuado eficazmente como contrapeso del intento más preocupante de socavar el Estado de derecho en Perú desde el autogolpe de Fujimori en 1992.

Ahora bien, si las instituciones políticas y sociales del Perú fueron capaces de pararle los pies a Castillo, fue solamente porque este no había sido capaz de infiltrarlas y corromperlas. Si Perú Libre (el partido de Castillo) hubiese sido capaz de colonizar previamente la Justicia, el Congreso y el ejército, entonces el golpe sí habría tenido muchos visos de triunfar. La salubridad de un Estado de derecho depende de la calidad de sus instituciones: y la prioridad de todo aspirante a tirano es derribar tales instituciones para someterlas a su control.

Haríamos bien en no olvidar esta importante lección en España, sobre todo cuando nuestro Gobierno y nuestro arco parlamentario están repletos de amigos de Pedro Castillo que loaron su ascenso al poder y que, a fecha de hoy, ni siquiera han condenado su intento de golpe de Estado: ya sea porque guardan un vergonzoso silencio o porque, todavía peor, han justificado el comportamiento de Castillo como mecanismo de defensa frente, atención, al "golpismo" de la derecha. Para proteger el Estado de derecho en España, debemos cuidar la calidad de nuestras instituciones: esa misma calidad que lleva años deteriorándose a un ritmo vertiginosamente preocupante.