Quienes acusaban al INE de exagerar la inflación, hoy callan

A mediados de este año, el Gobierno forzó el cese del entonces presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo. Sostenía Calviño que había perdido su confianza en quien ella misma escogió para ese cargo por profundas discrepancias sobre cómo esta institución calculaba algunas magnitudes macroeconómicas clave, como el PIB o el IPC. ¿Y cuál era el problema que aireaba el Gobierno —y sus terminales mediáticas— en contra del cálculo del IPC? Pues que el INE únicamente tomaba como referencia de los precios de la electricidad los contratos con tarifa regulada, a los cuales se acoge menos del 40% de las familias y están diariamente indexados al mercado mayorista: algo que, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista sube, exagera la subida de precios que sufren los españoles (parece que el 100% de las familias estuviera expuesto a esa subida, cuando solo lo está menos del 40%: el otro 60% está protegido por contratos a plazo cuya renegociación suele ser anual).

Fue CaixaBank Research quien llamó inicialmente la atención sobre esta cuestión y fuimos muchos quienes nos hicimos eco de ello: tanto partidarios del Gobierno (para convencernos, con razón, de que la inflación de España no eran tan alta como aparentaban los datos) cuanto detractores del mismo (por mero ejercicio de honestidad y transparencia).

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Desde entonces, algunas cosas han cambiado sustancialmente: tanto como consecuencia del abaratamiento de los precios internacionales de la energía cuanto por el tope del gas (que a largo plazo entraña problemas, pero a corto plazo sí ha conseguido reducir los precios spot de la electricidad), el mercado mayorista se ha abaratado y, por tanto, los contratos de tarifa regulada han dejado de subir e incluso han comenzado a caer. Otras cosas, en cambio, no han cambiado: concretamente, el INE sigue midiendo el precio de la electricidad en España del mismo modo que a comienzos de año, de manera que ahora, tomando como referencia los contratos de tarifa regulada, en estos momentos está subestimando la evolución de los precios de la electricidad en nuestro país (parece que el 100% de las familias estuviera expuesto a ese abaratamiento, cuando solo lo está menos del 40%).

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Nuevamente, CaixaBank Research ha vuelto a hacer hincapié en esa cuestión (precisamente porque su interés no es político sino económico): a pesar de que la mayoría de familias sigue experimentando subidas del precio de la electricidad (pues se trata de contratos sometidos a revisiones anuales), el INE refleja que todas ellas ya se están beneficiando de rebajas, cosa que no sucede. Sin embargo, en esta ocasión ni el Gobierno ni sus terminales mediáticas están explicando a la opinión pública que si el IPC se está reduciendo en España es en buena medida por este fenómeno: porque, según el INE, desde marzo los precios de la electricidad en nuestro país han bajado casi un 50% para el conjunto de familias. Lo cual es obviamente incorrecto: al igual que lo era que entre julio de 2021 y marzo de 2022 se hubiese incrementado más de un 80% para todas ellas.

¿Por qué quienes hace unos meses buscaban exculpar al Gobierno de la alta inflación, apelando a las limitaciones metodológicas del INE, ahora se aprovechan de esas mismas limitaciones metodológicas para atribuir al Gobierno el éxito de la reducción de la inflación? Obviamente, porque lo suyo siempre fue un ejercicio de propaganda política y no de análisis económico honesto.