¿Por qué el Gobierno elimina ahora la ayuda a los carburantes?

El Gobierno ha decidido finalmente eliminar la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante que aprobó a finales de marzo. Habiendo sido una de sus medidas estrella para combatir la inflación durante este ejercicio, debería de entrada resultar extraño el que haya decidido no prorrogarla: si funcionaba tan bien, ¿por qué prescindir de ella? Los habrá que traten de argumentar que ya no es necesaria porque el precio internacional del crudo —y, por tanto, también, el precio interno de los carburantes— se ha reducido con respecto a las semanas posteriores a la invasión de Ucrania: pero semejante argumento casa mal con que, en paralelo, el Ejecutivo sí mantenga la ayuda para transportistas y agricultores. Si, a los precios vigentes, el subsidio es necesario para ellos, ¿por qué deja de serlo, a esos mismos precios vigentes, para el resto?

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Marcos Lema

La explicación real hay que buscarla en otra parte: la ayuda de 20 céntimos ha dejado de ser políticamente rentable para el Gobierno. Sus costes (de oportunidad) ya superan a sus beneficios y, precisamente por eso, toca prescindir de ella. De entrada, conviene dejar claro que esta política jamás superó, desde un punto de vista social, el más mínimo análisis coste-beneficio: se trataba de un subsidio independiente del nivel de ingresos y probablemente capturado de manera predominante por las rentas altas (que son las que tienden a utilizar en mayor medida su propio transporte privado). No tiene mucho sentido hacer pagar impuestos a las rentas altas para luego devolvérselos en ayudas sociales: aun cuando se pretendiera “ayudar” a esas rentas altas, lo adecuado sería bajarles los impuestos, no subírselos para redistribuirles lo ingresado en transferencias públicas.

O, dicho de otra forma, si el Gobierno hubiese querido, de verdad, compensar el impacto de la subida del precio de los carburantes sobre las rentas bajas, habría adoptado otro tipo de medidas, como un cheque segmentado por niveles de renta (justo lo que acaba de aprobar para la inflación de los alimentos) o la gratuidad del transporte público (como en parte hizo más adelante). En sí mismo, pues, el subsidio de 20 céntimos por litro de carburante no tenía como objetivo principal paliar las consecuencias del encarecimiento de la gasolina y el gasóleo sobre la población, sino otro muy distinto: maquillar las cifras oficiales de inflación.

Recordemos que, a comienzos de año, la inflación de España se ubicaba apreciablemente por encima de la media europea —por razones que ya explicamos en su momento—, y eso constituía un problema propagandístico para el Ejecutivo. De ahí que comenzara a adoptar diversas medidas para reducir esa inflación: algunas de ellas, como el tope del gas, han conseguido realmente rebajar los precios (cuestión distinta son sus efectos a medio plazo sobre la inversión), pero otras, como el subsidio a los carburantes, meramente han ocultado esa inflación dentro del presupuesto. Si los precios suben de un euro a 1,5 euros y el presupuesto absorbe esa subida, no es que la inflación sea del 0% (aunque así la medirá el INE), sino que la inflación del 50% se ha socializado entre todos los contribuyentes, pero desaparece a efectos estadísticos. El propio Banco de España ha estimado que el impacto del subsidio de 20 céntimos por litro de carburante habría rebajado la inflación en alrededor de seis décimas.

Así las cosas, una vez la inflación española se ha ubicado ya por debajo de la media europea (debido en gran medida a razones desvinculadas con las medidas del Gobierno), el Ejecutivo ya puede prescindir de la ayuda generalizada a los carburantes y redirigir esos 6.000 millones de euros hacia otros propósitos que resulten más electoralmente rentables que la reducción estadística de la inflación: por ejemplo, concentrar las ayudas en determinados colectivos que confíen en que vayan a devolverles el favor a cambio de votos en el largo ciclo electoral de 2023. Clientelización con cargo al presupuesto después del maquillaje estadístico con cargo al presupuesto.