Credit Suisse: un rescate público-privado

Credit Suisse, un banco con 167 años de historia, tuvo que ser rescatado este pasado fin de semana por parte de UBS y del Estado suizo. Lo fue a través de un mecanismo que ha levantado la polémica tanto por lo que tuvo de bail-out (recapitalización a costa del contribuyente) como de bail-in (recapitalización a costa de los accionistas y acreedores del banco).

Con respecto al bail-in, los accionistas de Credit Suisse recibieron 3.000 millones de euros en acciones de UBS (con una reducción del 60% en el valor de sus acciones respecto al último cierre), mientras que los tenedores de deuda contingente subordinada (CoCos) lo perdieron todo. De este modo, se recapitalizó la entidad (en beneficio de su comprador, UBS) por un importe superior a los 20.000 millones de euros.

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Con respecto al bail-out, el Estado suizo se comprometió a absorber hasta 9.000 millones de euros en pérdidas que se derivaran en el futuro de la cartera de Credit Suisse, aunque solo después de que UBS hubiese absorbido antes otros 5.000 millones de euros en pérdidas. Por esta vía, pues, se ha proporcionado una inyección de capital de 14.000 millones de euros.

En total, en suma, accionistas, acreedores subordinados, UBS y las autoridades suizas han apartado 34.000 millones de euros para cubrir las pérdidas potenciales de la cartera de activos de Credit Suisse (en realidad, esa sería la inyección mínima, porque si las pérdidas superaran los 34.000 millones de euros, el resto sería soportado por UBS hasta el límite de su propio capital).

De momento, la situación parece haberse estabilizado (las acciones de UBS se mantienen a un nivel similar al previo a la operación) y, por tanto, parece que el miedo a una crisis financiera cuyo epicentro fuese Credit Suisse se ha disipado (al menos, repetimos, de momento). Pero la operación no ha estado exenta de polémica: tanto porque el contribuyente suizo podría terminar perdiendo hasta 9.000 millones de euros (unos 1.000 euros por ciudadano) cuanto porque se ha alterado la tradicional jerarquía en la prelación de cobro entre acciones y los CoCos: supuestamente, los CoCos deberían haberse convertido en acciones y, a partir de ahí, repartir los ingresos por la venta de Credit Suisse a UBS (los 3.000 millones de euros) entre todos los accionistas (nuevos y antiguos). Pero no es ese el camino que se ha seguido. ¿Por qué?

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Pues porque los folletos de emisión de ese tipo de deuda subordinada de Credit Suisse especificaban que, en caso de que la viabilidad de la institución estuviera en riesgo, los CoCos verían reducido su valor a cero. Por consiguiente, este tipo de acreedores no poseían realmente prioridad sobre el capital social del banco, sino que estaban incluso subordinados al mismo. Sucede, sin embargo, que formalmente jamás llegó a estallar el evento que pusiera en riesgo la viabilidad de la entidad, pues lo único que ocurrió es que UBS compró el banco por imposición de la autoridad fiscal suiza; de ahí que los bonistas subordinados argumenten que la supresión de sus títulos no está justificada. Por el contrario, la autoridad financiera suiza contraargumenta que quiso evitar una suspensión de pagos caótica del banco, que habría tenido efectos adversos sobre el resto del sistema financiero, y para ello reprodujo regulatoriamente aquello que el mercado mismo habría hecho de haber podido desarrollar ese mismo proceso de manera ordenada y con tiempo.

De momento, el mercado europeo de CoCos está en medio de un cierto pánico y desconcierto por si la situación suiza pudiese reproducirse en otras jurisdicciones. En realidad, las autoridades europeas deberían limitarse a aclarar que cualquier resolución regulada de un banco reproducirá el orden de prelación de cobros que habría prevalecido en un concurso de acreedores según las propias condiciones de emisión de sus distintos pasivos financieros. Puesto que, al final, lo que pretende mimetizar toda esta legislación de excepción para reestructurar entidades financieras en problemas es un concurso de acreedores exprés. Porque, al parecer, hablamos de eso: de entidades insolventes que, sin reestructuración reglada, caerían igualmente en suspensión de pagos.